Supéravit erróneo de casi 3.500 millones en el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo

Los Presupuestos Generales del Estado para 19:30, por importe de 2.284.456.000.000 de pesetas en su estado de gastos, quedaron ayer dictaminados por la Comisión de Presupuestos del Congreso y pendientes de que el Pleno de la próxima semana los debata y apruebe. Entre los errores subsanados en la Comisión, como consecuencia de la premura con que la Administración hubo de confeccionar los presupuestos, ayer se corrigió el carácter de superávit con que figuraban 3.479.226.000 pesetas en el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo (Inem).El comunista Fernando Pérez Royo defendió sendas enmiendas encaminadas a dedicar el importe de dicho «presunto» superávit del siguiente modo: dos millones de pesetas para creación de un programa de empleo juvenil, y el resto para otro programa de empleo y formación para trabajadores de edad madura en desempleo. Estas enmiendas habían sido rechazadas, en la ponencia, en una sesión a la que asistió el subsecretario de Trabajo para explicar la anomalía del citado superávit. La falta de explicación satisfactoria originó el compromiso del grupo centrista de presentar una enmienda transaccional para subsanar este error técnico.

El señor Pérez Royo insistió ayer en la gravedad de que, en los actuales momentos de paro, figurase presupuestado un superávit de casi 3.000 millones y medio de pesetas de superávit en el Instituto Nacional de Empleo. A los efectos de poder defender su enmienda en el Pleno, el diputado comunista pidió que se sometiera a votación. Fue rechazada con el único voto favorable del Grupo Comunista y la abstención socialista.

El centrista Alberto Oliart explicó que los errores formales en la elaboración de los presupuestos por la Administración se debían a la premura de tiempo con que habían sido confeccionados para permitir su presentación dentro del plazo marcado por la Constitución. Declaró que técnicamente no era posible que existiera superávit, porque el Inem carece, asimismo, de déficit, ya que se nutre de un crédito abierto. La enmienda transaccional defendida por Oliart se fundamentó en que, partiendo de la concepción errónea de estimar como superávit los casi 3.500 millones de pesetas citados, no debían asignarse a finalidad espacífica alguna, distinta del seguro de desempleo, las cantidades que pudieran transferirse al Inem.

En la sesión de ayer, fueron aprobados los presupuestos- resumen de la Seguridad Social y defendidas las enmiendas relativas a los presupuestos específicos de distintos organismos autónomos. El presidente de la Comisión, Francisco Fernández Ordóñez, diputadó centrista por Zaragoza, bajó a un escaño para interesarse por un anexo de inversiones para las anualidades de 1981 a 1986, por importe de 21.600 millones de pesetas, con destino al trasvase del

El representante del Ministerio de Hacienda aclaró que dicho importe no tiene carácter vinculante hasta que no se apruebe una ley que justifique la consignación especial con ese fin.

La enmienda socialista aprobada en la Comisión por la que se deducían 5.000 pesetas en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas para aquellos contribuyentes pensionistas con rentas no superiores a 350.000 pesetas, no podrá ser defendida en el Pleno, según un escrito remitido por el Gobierno a la Comisión, en el que alude a un error material que omitió la enmienda citada entre las relacionadas como no tramitables por suponer minoración de ingresos.

Los socialistas protestaron por este hecho y anunciaron que no permitirán que una enmienda aprobada en comisión sea deshechada en el Pleno de la Cámara por errores gubernamentales de los que no es culpable el Congreso. Fuentes del Grupo parlamentario Socialista manifestaron más tarde a EL PAÍS que estaban dispuestos a «montar el número en el Pleno». En la Comisión, Enrique Barón recordó que en el artículo 27 del proyecto de presupuestos remitido por el Gobierno, la ponencia introdujo, con la oposición de socialistas y comunistas, un nuevo texto que también significa minoración de ingresos, mediante una desgravación fiscal que beneficiará. a determinadas empresas «con cotización calificada en Bolsa», entre ellas las eléctricas.