La lengua, enseñanza y cultura, aspectos claves del Estatuto de Sau

La lengua, la cultura y la enseñanza constituyen para Cataluña, tanto históricamente como partiendo de la realidad actual, el primer y principal tema de interés, desde el punto de vista de obtención dé un autogobierno real, capaz de modular una especificidad cuya característica primera y determinante es la lengua y, por extensión, la cultura y la enseñanza.

En el terreno de la lengua en sentido estricto, la formulación del Estatuto de 1979 es prácticamente idéntica a la del 1932, si bien en este último existía una mayor concreción. En ambos casos se optó por la cooficialidad del catalán y del castellano. No podía ser de otra manera. La aplicación que se dé a esta fórmula en el terreno de la legislación y la reglamentación autonómicas será la que permitiría comprobar si se queda por debajo o por encima del texto de 1932 y del Estatuto interior de 1933, promulgado por el Parlamento catalán.Persecución e inmigración

En los 47 años transcurridos entre uno y otro Estatuto, la lengua catalana ha retrocedido. Constatarlo es una obviedad que evitan reconocer las fuerzas políticas catalanas. Hubo, claro está, el cruel drama de la dictadura franquista, con su persecución militante de la lengua y la cultura catalanas. Pero también hubo y continúa habiendo un fuerte porcentaje -de imposible cálculo exacto- de inmigración castellano-hablante. Las cifras oficiales, que por razones objetivas se sitúan por debajo de las reales, indican que en el decenio 1,960-1970 llegaron a Barcelona y provincia 1.080.000 castellano-hablantes.

También las fuentes oficiales indican que el porcentaje de población autóctona era, en el mismo decenio, de un 53 % en la provincia de Barcelona, un 70% en la de Tarragona, un 72% en la de Gerona y un 76% en la de Lérida.

En este marco, la posibilidad de conflictos comunitarios es algo muy real. De hecho, tanto en el seno de UCD como del PSC-PSOE, y en ambos casos ante la perspectiva de las elecciones al Parlamento catalán, se han dado ya bipolarizaciones políticas que obedecen básicamente a la existencia de dos comunidades sociales -y electorales- cuyo principal elemento diferenciador es la lengua. En este sentido, la simplificación obrero igual a castellano-hablantes y catalán igual a burgués carece de rigor, si bien debe ser tomada en cuenta a la hora de la demagogia.

La trayectoria personalista y extremadamente conservadora de la Generalitat ha obrado muy negativamente con relación al deseable proceso de integración de ambas comunidades. «Antes y poco después del 15 de junio de 1977», manifestó a EL PAIS una profesora de instituto de Hospitalet de Llobregat, población de muy fuerte inmigración, «se apreciaba en los hijos de la población castellano -hablante un fuerte deseo de integrarse lingüísticamente y socialmente, de sentirse catalanes como el que más. Pero esta actitud ha cambiado de signo cuando han visto que, en lugar de una Generalitat de izquierdas a su servicio, se han encontrado con una Generalitat de derechas, que ignoraba sus problemas. Hasta ver cómo Tarradellas ha visitado todas las zonas agrarias y ha evitado conocer las zonas obreras.»

La Generalitat se inhibe

Es suficiente indicar que la Generalitat ha evitado, por ejemplo, toda labor mediadora en los conflictos laborales cuando esta labor de mediación no precisa en la práctica ninguna articulación legal. Este punto sitúa a la Generalitat actual en los antípodas de la republicana.

Todo ello configura un marco psicológico básico de imprescindible consideración cuando se trata de algo tan individualizado como optar libremente por aprender o rechazar una lengua. Aspecto tanto más importante por cuanto que, en todo caso, se desea evitar toda posible coacción.

El camino natural y evidente para la integración lingüística es la escuela. También en este terreno la hoy por hoy provisional Generalitat tampoco ha mejorado las cosas. En primer lugar hubo el pronunciamiento público de Tarradellas en favor de la mera opcionalidad de la enseñanza del catalán. Posibilidad que siempre habían rechazado todas las fuerzas catalanistas y también las sensatas, incluidos, claro está, la UCD catalana y el presidente Suárez. Por ello, se optó por la obligatoriedad de la enseñanza del catalán, único camino capaz de evitar, a largo plazo, enfrentamientos comunitarios.

En este terreno de la enseñanza es en el que se dio una más grave diferencia entre lo aprobado por todos los parlamentarios en el texto redactado en Sau y el texto del actual proyecto, resultante de la negociación en la Comisión Constitucional y en el palacio de la Moncloa. La diferencia viene dada únicamente por una palabra. El texto de Sau daba a la Generalitat competencia «exclusiva» en toda la administración y regulación de la enseñanza (con las reservas constitucionales pertinentes). En cambio, el texto actual atribuye a la Generalitat sólo una competencia «plena». en este campo.

Ambigüedad en el texto

«El tema de la enseñanza queda oscuro en el proyecto de Estatuto», afirmó a EL PAIS el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor Josep Laporte; «nadie sabe qué quiere decir eso de "plena".. En terminología universitaria, la palabra permite todo tipo de situaciones. con relación al tipo de dedicación del profesorado. De hecho, el problema, al usarse esta palabra, queda simplemente pospuesto. hasta el momento que haya que debatir las transferencias en materia de enseñanza. Pero con la competencia "plena" quedará claro que siempre subsistirán ciertas competencias del poder central, que con la competencia "exclusiva" no hubiesen podido subsistir. Es obvio que personalmente me inclino en favor de la competencia "exclusiva" de la Generalitat en el tema de la enseñanza. »

Respecto a las universidades, todo queda pendiente de la ley orgánica ya aprobada en Consejo de Ministros de 14 de agosto, pero aún pendiente de remisión a las Cortes. Sobre este punto concreto en los rectorados catalanes predomina el pesimismo. Hay, en efecto, dudas sobre si los parlamentarios catalanes serán beligerantes en grado suficiente.

Con relación al último punto a considerar aquí -la cultura-, el texto del proyecto estatutario atribuye su competencia a la Generalitat. Pero será una competencia que no comprenderá los principales canales de televisión. En cualquier caso, la creación cultural siempre ha dependido de fenómenos más profundos que el poder político en su aspecto administrativo. La marginación de los temas culturales y la nula atención prestada a la normalización de la lengua catalana, función que corresponde al Institut d'Estudis Catalans, durante el período preautonómico dejan el tema en una zona donde, según muestran los hechos, los políticos prefieren no entrar.