EI Senado aumenta las garantías para el trasplante de órganos humanos

El Pleno del Senado aprobó ayer, por unanimidad, la proposición de ley de trasplante de órganos y tejidos humanos, enviada por el Congreso. La ley ha sido modificada en ciertos aspectos, procurando la mejora técnica, aunque se ha respetado el espíritu del proyecto del Congreso, que ahora deberá ratificar o rechazar las modificaciones. En la misma sesión fueron rechazadas dos proposiciones no de ley del grupo socialista catalán sobre asistencia a víctimas de la guerra civil y reforma del seguro de accidentes de circulación.La ley de trasplantes fue defendida por el senador de UCD Jaime García Arroyo, quien describió las modificaciones realizadas, sobre todo, procurando un acentuamiento de las garantías del donante -vivo o muerto-, mediante el aumento de la información y estudios previos, así como de la vigilancia judicial sobre los actos de donación.

El señor García Arroyo destacó que la ley aprobada puede suponer la salvación para miles de enfermos, sobre todo, de riñón, cuya única esperanza es el trasplante, y salvaguarda debidamente los intereses del enfermo, del donante y de la ciencia médica. El Senado ha introducido también la posibilidad de que, por vía reglamentaria, se determinen las indemnizaciones que pueden concederse al donante o sus familiares por posibles perjuicios, aunque se mantiene la prohibición de cobrar o pagar por el trasplante de un órgano.

Afirmó que se garantiza la plena libertad y voluntariedad del donante vivo, mientras que deben eliminarse trabas para la extracción de órganos del donante muerto, ya que un cadáver es cosa, no es depositario de los derechos de la persona. Quien no desee que una vez muerto se le extraigan órganos para trasplantes debe haber dejado constancia escrita de ello.

También el portavoz vasco, José Luis Iriarte, destacó las mejoras relativas a este aspecto, mientras el socialista andaluz José Manuel Duarte afirmó que la nueva ley se basa en el principio de solidaridad humana, y pidió a losjueces que la usen con la máxima agilidad, y a los médicos, que respeten con exquisito tacto las creencias de los familiares de los fallecidos.

Francisco Rodríguez López, del Grupo Socialista, reclamó un desarrollo urgente del nuevo precepto, para que pueda ser utilizada a la mayor brevedad, y sostuvo que la ley es justa y moralmente buena, «porque nos desprende del egoísmo del este órgano es mío y nada más que mío».

Gregorio Toledo, de UCD, insistiendo en el mismo tema, se preguntó si es lícito reservarse egoístamente el propio cuerpo cuando ya es cadáver, y afirmó que el único derecho del muerto es el de ser enterrado, aunque quedan protegidos quienes por sus creencias religiosas no deseen que se disponga de su cadáver. A este respecto, transmitió la sugerencia de que en el documento de identidad se reserve un apartado donde se pueda expresar tal oposición.

Aprobada la ley, el ministro de Sanidad y Seguridad Social expresó en breves palabras su felicitación a la Cámara. Dijo que la nueva ley se contará entre las más avanzadas, y que está basada tanto en la libertad como en la solidaridad. Asimismo, prometió que el Gobierno la desarrollará con la mayor celeridad y cuidado posibles.

La guerra y la disciplina de voto

El Grupo Cataluña, Socialismo y Democracia presentó una proposición no de ley para que, al aplicarse la ley recientemente aprobada de asistencia a familiares de víctimas de la guerra civil, pueda bastar como prueba de fallecimiento el acta de notoriedad, documento notarial que se extiende con la declaración de testigos. El portavoz del grupo, Rafael Nadal, explicó que en muchos casos es imposible cumplir el requisito del certificado de defunción, al desconocerse dónde murieron exactamente numerosas víctimas de la guerra.

UCD se opuso a la proposición, aun estando de acuerdo con su filosofía, por estimar que se crearía un agravio comparativo, ya que el acta de notoriedad no se admite como prueba en otros casos. La propuesta fue derrotada con los votos en contra de UCD, aunque el senador de este grupo Justino de Azcárate, que fue preso por las tropas franquistas durante la guerra civil por su relevancia política en el bando republicano, rompió la disciplina de voto, emitiendo el suyo a favor.

Por último, también merced a la votación contraria de UCD, se rechazó la propuesta de los socialistas catalanes sobre actualización de las indemnizaciones del seguro obligatorio de circulación. El Grupo del Gobierno estimó que la actual situación de la economía no permite las nuevas tarifas que se proponían. El portavoz de UCD, Francisco Villodres, anunció que el Gobierno tiene preparado un decreto para actualizar las indemnizaciones, aunque en menor medida.

Por la tarde, se reunieron en el Senado varias comisiones legislativas, entre ellas las de Defensa, Derechos Humanos y Asuntos Iberoamericanos. Las comisiones designaron ponencias para el estudio de proyectos de ley y estudiaron asuntos pendientes de reuniones celebradas anteriormente.