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Editorial:

El derecho a la vida

NO ES el fruto de una reflexión resignada o de una meditación pesimista la conclusión, alguna vez expresada incluso por el actual presidente del Gobierno, de que mientras haya hombres y mujeres dispuestos a matar seguirán produciéndose crímenes. Porque esa constatación no tiene por qué servir de coartada para contemplar con indiferencia los atentados contra la vida, sino que debe ser el soporte de una continuada acción colectiva para hacer imposible o disminuir al grado mínimo esa pulsión homicida que comienza a gangrenar los tejidos de la convivencia democrática y de la ética ciudadana en nuestro país.El desprecio por la vida -el derecho humano básico- de ETA es, con toda seguridad, el fenómeno más grave de violencia y criminalidad del período histórico abierto a finales de 1975. El brutal atentado que en la mañana de ayer ha segado la existencia del coronel Pérez Zamora y del comandante Ezquerro Serrano es un eslabón más de la cadena de hechos sangrientos destinados a impedir una salida pacífica de la tragedia que desgarra al País Vasco. El nacionalismo radical ha desechado todas las oportunidades ofrecidas desde hace tres años para una solución negociada del conflicto vasco. Ni la ley de Reforma Política de diciembre de 1976, ni las elecciones de junio de 1977, ni la amnistía general de octubre de ese año, ni la aprobación de la Constitución, ni los éxitos de la coalición que representaba a ETA en los últimos comicios fueron recibidos por los terroristas como prendas de una estrategia conciliadora y pacificadora. Por el contrario, todos los pasos hacia la ampliación de las libertades o el ensanchamiento de la democracia fueron objeto de sangrientos intentos de boicot previos o contestados con algún brutal atentado. Era inevitable así que la aprobación del Estatuto de Guernica en el Congreso y el inminente referéndum en el País Vasco multiplicaran las acciones terroristas, claramente dirigidas a provocar una reacción en las Fuerzas Armadas y a intimidar a la población civil en vísperas de la consulta popular. La frecuencia con que se ha insistido en la intención provocadora y catastrofista de los atentados de ETA, cuya única perspectiva política parece ser un golpe autoritario que suprimiera las libertades y creara el caldo de cultivo para una imposible guerra popular de independencia en Euskadi, puede producir cansancio a los lectores, pero no priva de validez al análisis. Como tampoco se repetirá lo suficiente la necesidad de compaginar las medidas de mantenimiento del orden público, dentro de la legalidad democrática, con soluciones políticas como el Estatuto de Guernica. Porque los terroristas prosiguen su sangrienta tarea con el propósito de hacer perder los nervios a las autoridades o a los mandos y miembros de las Fuerzas de Orden Público, a fin de que el enfoque puramente represivo del fenómeno terrorista se imponga y prevalezca sobre los planteamientos políticos y rompa los imprescindibles marcos de respeto a la Constitución y a los derechos y libertades de los ciudadanos en los que debe desenvolverse la acción policiaca.

Desgraciadamente, la violencia de ETA, aunque la más grave, persistente y fríamente instrumentada, no es la única que amenaza la estabilidad democrática y deteriora esa sensibilidad moral sobre la que debe descansar una sociedad civilizada. Tampoco los oscuros y manipulados GRAPO agotan el registro de los enemigos del derecho a la vida. La «guerra sucia» iniciada en el sur de Francia, en diciembre pasado, con el asesinato de Argala se cobró una nueva víctima, la pasada semana en Biarritz. El monstruoso crimen perpetrado el viernes pasado en el parque del Retiro, de Madrid, muestra también que las bandas de delincuentes de extrema derecha no han sido desarticuladas y que esas manadas de cobardes que atacan en grupo a indefensos ciudadanos siguen empeñadas en ocupar como zonas propias barrios enteros de la capital.

Ni que decir tiene que sólo un eficaz funcionamiento de las Fuerzas de Orden Público puede poner freno a los desmanes de esos jovenzuelos que dedican sus ocios a las artes marciales y dan salida a sus frustraciones golpeando o acuchillando a quienes no remedan sus gesticulaciones y alaridos. Y es también obvio que el Estado algo debería decir y bastante tendría que hacer para cortar de raíz ese comienzo de «guerra sucia» en el sur de Francia, que añade a su criminalidad, en sí misma condenable, la tremenda responsabilidad de fortalecer las bases emocionales de apoyo a ETA militar en el País Vasco.

Algo no funciona en nuestro actual sistema político, algo que no pertenece al campo institucional, sino que afecta a la sensibilidad colectiva y a la moral ciudadana. La complicidad de un sector del pueblo vasco ante los crímenes de ETA, la aceptación por la extrema derecha de las tropelías cometidas por las camadas negras y la aparente indiferencia del Gobierno y de la clientela de su partido ante los muertos en manifestaciones forman un cuadro desmoralizador respecto al aprecio que la sociedad española tiene por la vida humana. La criminalidad terrorista no puede ni debe servir de excusa para dejar de aclarar judicialmente muertes como la de un obrero ayer en Asturias, cuando la Guardia Civil disparó sobre un piquete de huelguistas. Mientras la nueva democracia no se asiente en nuestro país sobre esos supuestos prepolíticos del respeto al hombre y de horror ante la violencia, la brutalidad y el crimen, no podremos estar seguros de lo que el futuro nos reserva. Por eso es reconfortante contemplar reacciones como las del presidente del PNV, que ha hecho un enérgico llamamiento al pueblo vasco en la lucha contra el terrorismo. Hace falta un gran valor moral para decir las cosas que ayer dijo Garaikoetxea en TV. Esperamos y deseamos que su ejemplo cunda en el apesadumbrado tejido social del País Vasco, y que a su voz se sumen otras demasiado tiempo silenciosas o ambiguas -y no es reiteración inoportuna la cita de algunos párrocos católicos y sus sermones- a la hora de condenar sin paliativos la guerra sucia, estúpida y cruel que ETA viene descargando contra Euskadi y contra España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de septiembre de 1979