Los editores de libros de texto consideran sus empresas poco rentables

Las empresas editoras de libros de texto han entrado este año en un nivel cero de rentabilidad y la supervivencia de la mayoría de ellas se encuentra en peligro, como consecuencia de la política de precios impuesta por la Administración, según se explica en un amplio dossier facilitado a los medios informativos por la Asociación Nacional de Editores de Libros de Enseñanza (ANELE).

En dicho informe se señala que las editoriales han recibido este año un duro golpe al habérseles autorizado solamente un 10% de subida en el precio de venta al público de los libros, frente al 20,63% solicitado a la Administración en razón de la subida de los diversos componentes del libro de texto.Razonan los editores que, puesto que el libro de texto es uno de los componentes de la enseñanza en los niveles básicos y obligatorio, y dado que su precio tiene el carácter de «autorizado», sería lógico que también estuviese «subvencionado», como lo están dichos niveles de enseñanza.

Los editores de libros de texto «comprenden que la Administración considere el libro de enseñanza como un bien político y que, consecuentemente, propicie un nivel de precios que sea asequible a todas las economías familiares; pero también piensan que no debería hacerlo a costa de un sector económico, pues no parece congruente que, dentro de una economía de mercado como la que constitucionalmente rige en España, se traslade a las empresas el coste de una operación claramente política».

Tras poner de manifiesto el incumplimiento de uno de los objetivos de los pactos de la Moncloa, cual era el de conseguir el abaratamiento de los libros de texto, señalan cómo la Administración ha desatendido su petición de que se modificara el actual régimen de «precios autorizados» por el de «precios comunicados».

Se indica también en el informe de la ANELE que, en la actualidad, la Administración tiene impuesto al sector un coeficiente multiplicador del 2,5 sobre el costo físico de cada libro, mientras en Francia este coeficiente se sitúa entre un cuatro y un cinco; en Inglaterra, entre 4,7 y ocho; en Alemania, el coeficiente es de 3,5, y en Italia, cuatro.

En todos estos países, por otra parte, el régimen de precios del libro de texto libre, y sólo en Inglaterra es ligeramente superior el porcentaje del descuento medio que los editores españoles aplican a librerías y mayoristas.

Por lo que respecta al régimen de precios, los libros de texto españoles están sujetos a la intervención de la Administración. No es, pues, de libre aplicación por parte de los editores, sino que tiene que ser producto de un baremo de costos y un coeficiente multiplicador, ambos dictaminados por la Junta Superior de Precios y por el Gobierno.

Otros datos significativos del sector editorial de libros de enseñanza aportados por su asociación nacional revelan que hay 45 empresas especializadas en la edición de libros escolares y que su comercialización representa un considerable porcentaje de la actividad económica de las aproximadamente 6.000 librerías existentes en el país.

La cifra bruta de facturación del sector en el curso pasado fue de 6.264 millones de pesetas, de los que 1.879 millones representaron el margen de los intermediarios comerciales, quedando como cifra de negocio neto de las editoriales 4.385 millones de pesetas.

La política de precios seguida por la Administración forzará a las empresas editoras a «reducir sus presupuestos de investigación e innovación educativa, con el consiguiente empobrecimiento de la calidad de los libros, que en las últimas décadas había mejorado de forma espectacular gracias al esfuerzo empresarial».

Añaden los editores que «si la situación es grave en estos momentos, de cara al próximo año se presenta todavía peor, ya que se anuncia una profunda reforma general de los planes de enseñanza, además de la situación creada por el sistema de autonomías, lo que determinará una versatilidad y acortamiento de las tiradas y, consecuentemente, su encarecimiento».

Finalizan los editores señalando la necesidad de que se fije una política de precios realista, a través de la cual las empresas puedan percibir un prudente beneficio que asegure la continuidad de su existencia y el consiguiente mantenimiento de los puestos de trabajo, así como una respuesta eficaz a las innovaciones educativas.

En su opinión, «la enseñanza obligatoria y gratuita para todos los españoles, que es uno de los puntos básicos de nuestra Constitución, no será una realidad mientras no sean gratuitos todos sus componentes».