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España apoya, con reservas, la transferencia de ciencia y tecnología al Tercer Mundo

La delegación española podría actuar de puente entre las aspiraciones tercermundistas a una cesión de ciencia y tecnología por parte de los países industrializados y la postura de estos últimos, reacia a la adopción internacional de serias y eficaces medidas de transferencia tecnológica. El ministro español de Universidades e Investigación, Luis González Seara, anunció ayer, durante su intervención ante la conferencia mundial sobre «Ciencia y tecnología para el desarrollo», que nuestro país va a apoyar «el refuerzo de las capacidades endógenas de los países en desarrollo, fortaleciendo las correspondientes estructuras nacionales».

El ministro español afirmó que «nos parece razonable» la adopción de un plan de acción eficaz, refiriéndose, sin duda, al proyecto elaborado por el grupo de los 77; es decir, los países en vías de desarrollo carentes de ciencia y tecnología.Las exigencias de este grupo no van a ser atendidas en su totalidad por el grupo de los países desarrollados, concretamente por el bloque de la Comunidad Económica Europea, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Según las voces críticas de esta conferencia, todo se va a quedar en agua de borrajas.

Lo que los representantes de los países en vías de desarrollo están pidiendo aquí es la creación de órganos ejecutivos internacionales que supervisen las políticas de transferencia científica y tecnológica de los países ricos. Pero éstos saben que todo acuerdo internacional supone una cesión parcial de la soberanía nacional. Sus representantes prefieren quedarse en el plano de los buenos propósitos y el enunciar de bellas intenciones que pasar a la firma de acuerdos que comprometan el futuro del Norte, rico y tecnológico. Y es precisamente ese compromiso lo que exige el grupo de los 77.

Instituciones y fondos

El compromiso que el plan de acción del grupo de los 77 exige es, por una parte, la mencionada creación de estos nuevos organismos decisorios del sistema organizativo de las Naciones Unidas, y por otra, la creación de grandes fondos, a disposición de los países más pobres, dotados por las aportaciones de los más ricos. Se habla de la cifra de 2.000 millones de dólares anuales, a partir de 1985, para esta finalidad de ayuda al Tercer Mundo. Según los escépticos, al final apenas se conseguirán cuatrocientos millones, lo que supone un 20% de las «buenas intenciones».En el terreno de las nuevas instituciones que los tercermundistas desean ver creadas, lo que pretenden es que, si bien esta conferencia sólo puede elaborar recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas, las recomendaciones lleven el compromiso previo de los Gobiernos del planeta, que haga posible que la Asamblea General de la ONU sí que adopte acuerdos internacionales con rango obligatorio para todos los Gobiernos. Lo que numerosos países industrializados no van a conceder, sin duda alguna, es la modificación de las reglas internacionales de exportación e importación de patentes. Los delegados de los países en desarrollo piden que el pago de patentes y royalties, respecto a proyectos industriales necesarios para su desarrollo, sea considerablemente disminuido o anulado, tras los primeros años de importación de las patentes. Algunas voces piden incluso la supresión total de los derechos de patente. Ni una cosa ni otra. Va a seguir habiendo patentes y van a continuar siendo caras. Alguna voz «malévola» ha sugerido que a este tipo de conferencias debieran acudir no tanto los representantes gubernativos de los países industrializados, sino los propietarios de las codiciadas patentes, es decir, de las grandes empresas multinacionales. Reconocer este criterio significaría dudar de la capacidad soberana, de algunos Gobiernos occidentales.

Intervención española

Según el ministro español de Universidades e Investigación, se propugna «la utilización óptima de los órganos, organismos y agencias de las Naciones Unidas, a través de un mecanismo eficiente de coordinación y mediante la participación plena de todos los países miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de las políticas de ciencia y tecnología. El aparato institucional, continuador de la labor de la conferencia y de la ejecución del programa de opción, debe basarse en el uso racional y lógico de las estructuras de las Naciones Unidas, evitando proliferaciones de órganos y las burocracias excesivas». Con tal sutil información, la delegación española parece apoyar el carácter ejecutivo de ciertos organismos internacionales, sin el compromiso de aceptación de otros nuevos más decisorios, que es lo que quiere el grupo de los 77.Esta postura, en apariencia equidistante de las aspiraciones tercermundistas y de los planteamientos de la Comunidad Europea, con cuya representación la delegación española mantiene cierta y semidistante identificación, permitirá, tal vez en unión con otras posturas similares, el logro de acuerdos parciales.

Respecto a la cuestión de los fondos internacionales de ayuda al subdesarrollo, el señor González Seara dijo: «Por último, los objetivos del programa de acción necesitan de recursos adicionales. La conferencia, por tanto, debe explorar la forma de arbitrar esos recursos de una manera realista y pragmática, comenzando por utilizar las fuentes ya existentes de recursos financieros de la organización internacional y estableciendo, además, nuevas aportaciones voluntarias, canalizadas de manera continua y permanente. Esto nos parece razonable y creemos que responde a un planteamiento positivo. Es preciso esforzarse por encontrar soluciones. Mi país viene a esta conferencia con el propósito firme de que se consigan acuerdos que permitan marchar hacia adelante.?

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