Pensiones y ayudas a familiares de combatientes republicanos

El Pleno del Congreso aprobó ayer, a iniciativa de la izquierda, una proposición de ley relativa a reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil. Socialistas, comunistas y centristas se felicitaron por la reconciliación nacional que significa la nueva ley, a través de la cual -en palabras del socialista de Cataluña y ex comandante del Ejército Julio Busquets, «la Cámara demuestra su voluntad de hacer justicia a los familiares de los combatientes del bando republicano».Durante el debate de la proposición de ley socialista, el comunista Simón Sánchez Montero recordó que existía una proposición de ley de su grupo análoga a la que se estudiaba.

El señor Sánchez Montero defendió una enmienda para que se hiciera extensiva la ley a los familiares de los españoles que, una vez terminada la guerra civil, tuvieron que lanzarse al monte, en donde fueron muertos de modo que el diputado comunista relacionó con la guerra civil. Estimó que la gestación de su enmienda borraría todas las secuelas de la guerra civil y no establecería discriminación entre unos y otros familiares. Sometida a votación, fue derrotada por una diferencia de once votos: 127 a favor y 138 en contra, sin ninguna abstención.

En cambio, una propuesta defendida por el socialista Francisco Ramos fue aceptada por la Cámara. Se refería a la extensión a las actividades sindicales de los efectos de la ley, que ahora ampararán tanto a los familiares de los fallecidos como consecuencia de actividades u opiniones políticas como sindicales.

Los socialistas Ciriaco de Vicente y Julio Busquets y el comunista Simón Sánchez Montero defendieron la ampliación de la ley a los hijos del fallecido mayores de 65 años, así como a las hermanas solteras que hubieran convivido con el mismo. El centrista José Miguel Bravo de Laguna planteó los problemas que tales enmiendas presentaban, ya que tales colectivos no figuraban como beneficiarios de las clases pasivas del Estado.

El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, tras conversar brevemente con el ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, subió a la tribuna de oradores para anunciar una próxima acomodación de la legislación de clases pasivas a la Constitución, en cuyo artículo catorce se establece la igualdad de los españoles ante la ley. Esta promesa bastó para que los socialistas y comunistas retiraran sus enmiendas.