Primera intervención de un jefe de Estado español en la OIT

La intervención de Su Majestad el Rey de España, en el Palacio de las Naciones, ante los 1.800 delegados gubernamentales (entre ellos un buen número de ministros), de delegados de trabajadores y empresarios de los 139 Estados miembros de a OIT, con motivo de la 65 Conferencia Internacional del Trabajo, es apreciada en los medios diplomáticos, sindicales y empresariales, dada la naturaleza y representación del invitado de honor, como un hecho sin precedentes en la historia de la Organización, que nació en 1919, a la luz de la parte XII del texto del Tratado de Versalles.

El presente de la OIT, como el de todos los foros internacionales de las Naciones Unidas, no está exento de avatares políticos o de fundamentados enfrentamientos en la lucha por el respeto de los derechos humanos fundamentales, en donde se enmarcan la libertad sindical en su más amplia acepción, protección contra el trabajo forzoso, contra la discriminación en el empleo, salarios, seguridad, horas e higiene en el trabajo, vacaciones, relaciones de trabajo, arbitrajes, derecho a huelga, formación profesional, negociación colectiva y otras decenas de temas, propios del campo laboral, contenidos en los 151 convenios internacionales y 154 recomendaciones aprobadas por las sucesivas conferencias de la OIT.Ante las violaciones de la letra y del espíritu de estas disposiciones internacionales, la conferencia ha prestado especial atención y denunciado los casos particulares. Allí figuran Israel, «por las condiciones deplorables en que viven los trabajadores de los territorios ocupados»; los Gobiernos de Chile, Rodesia, Suráfrica, y en su día los Gobiernos de España, Portugal y Grecia. Entre los «candidatos» actuales, los Gobiernos de Argentina, Honduras, San Salvador, Túnez y otros.

La OIT, frente al anterior régimen

En este marco, España, junto a Portugal, ha sido uno de los «clientes» más asiduos y permanentes de las conferencias de la OIT. El hecho se explica en el seno de la organización «por la persistencia de un régimen dictatorial que negó sistemáticamente las libertades civiles y sindicales, manteniendo la intervención del Estado en las relaciones laborales y el monopolio sindical a través de una organización impuesta a todos los trabajadores por imperativo de la dictadura». De esta afirmación se desprenden las violaciones de los convenios internacionales del trabajo, adoptados o no por el Gobierno de Franco.Desde que fue fundada la Organización Internacional del Trabajo (1919), hasta el año 1936, España fue uno de los países de primera línea en las tareas internacionales de la OIT. En ese período ratificó numerosos convenios internacionales y formó parte en calidad de miembro titular del consejo de administración del organismo.

Desde la guerra civil española hasta 1956, cuando España reingresó en las Naciones Unidas, dejó de pertenecer a la OIT, sin participación activa ni pasiva. Desde 1956 hasta 1978, las relaciones entre España y la OIT son permanentemente conflictivas, y la organización se transforma en un escenario internacional donde las fuerzas democráticas expresan su repulsa al régimen español dentro del sindicalismo internacional.

El régimen de Franco, según consta en documentos de la OIT, a partir de la década de los años setenta, adoptó varios convenios internacionales, imposibles de cumplir dada la estructura política interna del país. Los líderes sindicales españoles, desde el seno de las grandes centrales sindicales internacionales, se hicieron escuchar y denunciaron como ilegítimos a los representantes del régimen, a nivel gubernamental, empresarial, o de la organización verticalista.

En mayo de 1978 fue creada la embajada de España ante la OIT y el Consejo de Ministros nombró embajador a Manuel Jiménez de Parga. Sus primeras declaraciones en Ginebra fueron que el Gobierno deseaba ampliar e intensificar la presencia de España en la OIT.

España volvió a ocupar junto a otros veintiocho Gobiernos un cargo titular en el consejo de administración de la OIT. José Antonio Aguiriano, sindicalista español, con prestigio internacional, ocupó un cargo entre los catorce, en el grupo de los trabajadores del mismo consejo tripartito. Otro tanto obtuvieron los empresarios. A la delegación tripartita española le cupo una activa participación en la conferencia del año pasado.

El 17 de octubre, el embajador español fue nominado presidente de la segunda «reunión técnica tripartita de bebidas y productos alimenticios», donde volvió a plantearse el problema de las empresas multinacionales.

La participación «amplia e intensa» de que habló el embajador español hace un año se concreta hoy con la apertura de las puertas de la Conferencia Internacional del Trabajo a su invitado de honor, el rey don Juan Carlos.

En el ambiente de la conferencia existe expectativa por el contenido del discurso del Jefe del Estado español. En la sala, entre los 1.800 delegados a la conferencia, estarán Nicolás Redondo, secretario general de UGT, que preside este año la delegación de los trabajadores españoles; Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras, y Manuel Zaguirre, de USO. Por parte empresarial están presentes el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer, y el de la comisión de relaciones internacionales de esta organización, José Antonio Segurado.