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Pleno del Congreso

Hoy se estudiarán las deudas de los ayuntamientos

Con seis meses de retraso, el Pleno del Congreso de los Diputados inició ayer el debate sobre los Presupuestos generales del Estado para 1979. Pese a la sensación de la inutilidad de este debate que preside el ánimo de los grupos parlamentarios -ya ha pasado casi la mitad del año para el que fueron elaborados, y la atención se centra en los presupuestos para 1980-, los distintos partidos se esforzaron por resaltar la importancia política de los presupuestos y por defender enmiendas sobre determinados aspectos del mismo. Las más importantes desde el punto de vista político -las encaminadas a lograr que el Estado incremente la ayuda financiera a los ayuntamientos y cancele sus deudas- quedaron aplazadas para el debate de hoy.

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En medios parlamentarios se anunciaba que Coalición Democrática está dispuesta a apoyar las enmiendas de la Minoría Catalana en este sentido y que el partido gubernamental había buscado ya una s olución transacional (véase más información sobre este tema en página 23).En la sesión de ayer, la nota más destacada fue la continua intervención en el debate del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, que subió a la tribuna de oradores al menos en cinco ocasiones. El señor García Afloveros defendió la necesidad de que se incremente el sector público y la participación del Estado en la vida económica para responder a la demanda social de mejores servicios.

Las continuas salidas del hemiciclo por parte de los diputados centristas, que entraban apresuradamente cuando se anunciaba las votaciones, hizo que en una ocasión una enmienda socialista fuera derrotada sólo por seis votos de diferencia y seis abstenciones.

Derrotadas enmiendas del PSOE y de CD

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Los socialistas intentaron ayer que el Gobierno se comprometiera a recaudar 50.000 millones de pesetas más de los inicialmente previstos en concepto de impuestos directos e indirectos. La enmienda socialista fue derrotada, al igual que otra de Coalición Democrática que pretendía justamente lo contrario: que el Gobierno redujera en 50.000 millones de pesetas el gasto público.

El representante del Grupo Socialista del Congreso, Baldomero Lozano, estimó que si el Gobierno tenía voluntad política de perseguir el fraude fiscal sería posible recaudar 36.000 millones de pesetas más en concepto de impuestos directos y 14.000 millones en concepto de impuestos indirectos. El señor Lozano estimó que en la actualidad la recaudación de Hacienda no llega ni al 50% de lo previsto.

En nombre de UCD, Alberto Oliart, ex ministro de Industria, se opuso por entender que el Ministerio de Hacienda había hecho sus cálculos en base a su propia capacidad de recaudar y de evitar el fraude. El señor Oliart manifestó también que las empresas atraviesan momentos de crisis y pidió realismo.

Alfonso Osorio, de CD, defendió, también sin éxito, una enmienda para que se redujeran en 50.000 millones de pesetas el capítulo del gasto público.

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