La Coordinadora de Agricultores ofrece a la Oposición un análisis de la política agraria

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha elaborado un documento en el que se analiza la política agraria del Gobierno, que ha sido enviado a los partidos de la oposición de cara al pleno del Congreso del próximo miércoles, que estará dedicado a la agricultura española.A juicio de la COAG, el Gobierno no ha cumplido los compromisos contraídos en los pactos de la Moncloa (octubre de 1977) en materia agraria. Dice que el plan de ordenación de cultivos, elaborado con participación de organizaciones y sindicatos agrarios, fue ratificado por el Consejo de Ministros. pero no se ha puesto en marcha y ha sido sustituido por una serie de resoluciones y decretos bien del FORPPA, de la Dirección General de Producción Agraria o de otros organismos que carecen de coherencia.

La ley de Arrendamientos Rústicos, presentada al Congreso el año pasado, todavía está pendiente de discusión, y la COAG solicita que se agilice. En el apartado de precios agrarios, la Coordinadora considera cumplido el acuerdo de los pactos de la Moncloa y manifiesta su criterio de que la negociación debe ser institucionalizada.

Sin duda, el tema de precios agrarios es el que goza de mayor importancia en el informe. El hecho de que se hayan negociado durante las dos últimas campañas ha supuesto un giro importante en el planteamiento agrícola y ha dado como resultado una serie de medidas complementarias que permiten hacer frente a algunos de los problemas más acuciantes. Sin embargo, el informe señala las limitaciones de la política de precios para una reforma de la estructura agraria, inevitable de cara a la integración en la CEE. «Por la vía de precios». dice textualmente el informe, «de ninguna manera puede garantizarse una mínima renta del pequeño productor de aceite, arroz o leche, productos cuyos cultivos hay que reestructurar a fondo.» Además, la política de precios, como eje de la política agraria, lleva a considerar de forma casi exclusiva la situación de los mercados, olvidando a veces la situación humana o el desarrollo integral de comarcas, regiones o nacionalidades. La COAG concluye, por tanto, que el sistema de negociación de precios requiere un nuevo planteamiento.

Sobre el cumplimiento de las medidas complementarias negociadas en marzo de 1978, ese informe entiende que se han cumplido, excepto a la referida a la participación de las organizaciones profesionales agrarias en los órganos colegiados de la Administración (en analogía con los países de la CEE).

A juicio de la coordinadora, la Seguridad Social agraria arrastra graves problemas originados en una discriminación en cuanto a prestaciones, frente a los restantes trabajadores, y a una base totalmente injusta de cotización (jornadas teóricas) que lleva a un mayor aporte proporcional de los más débiles económicamente. La otra serán discriminación es el mecanismo de recaudación. Mientras en los demás sectores se cotiza a través del INP, en el campo es Hacienda quien recauda, con lo que cualquier retraso lleva al cobro con recargo Y mediante la vía ejecutiva, mientras que a las empresas industriales se les autorizan grandes plazos sin el menor problema.

Critica diversos aspectos de los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, el Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), continuador de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, que controla el patrimonio de los agricultores, ha visto incrementado su presupuesto en un 40%; mientras que organismos de mayor importancia, como el INIA o la, agencia de desarrollo ganadero, sólo disponen de la mitad del presupuesto que el IRA. Y en este sentido la COAG considera inadmisible la existencia de 1.500 millones en manos del IRA destinados a entidades sin ánimos de lucro, de las que no se rinden cuentas.

La coordinadora solicita la devolución del patrimonio de la Hermandad de Labradores y Ganaderos a sus legítimos representantes, urge a una ley de Cinanciación agraria, a una nueva ley de aguas, soficita la elaboración de un plan de trabajo concreto encaminado a adaptar nuestra agricultura a la de la CEE y conmina a un análisis a fondo en el Parlamento sobre el comercio de Estado.