Los jueces italianos vuelven a cuestionar la política migratoria de Meloni: dan la razón a una ONG de rescate y a un deportado a Albania

Los tribunales italianos han vuelto a poner límites a la política migratoria de la ultraderechista Giorgia Meloni, con dos sentencias que condenan al Gobierno y que han aumentado la tensión en el pulso que mantienen desde 2022 la primera ministra y la magistratura. Los jueces han emitido sus veredictos precisamente cuando el Ejecutivo se dispone a acelerar en este tipo de medidas, con un proyecto de ley para aplicar un bloqueo naval a las ONG de rescate en el Mediterráneo y con la reactivación de las polémicas deportaciones a Albania, también paralizadas por los tribunales. Ambas sentencias cuestionan esos dos puntos.

Este miércoles, una resolución del tribunal de Palermo ha dado la razón a la ONG alemana Sea Watch y a Carola Rackete, la capitana del barco que se hizo famosa en 2019 al romper el bloqueo de naves militares italianas y desembarcar a 42 migrantes en la isla de Lampedusa. Italia debe indemnizar a la ONG con 76.000 euros, pues la sentencia considera que haber bloqueado el buque de rescate durante tres meses fue una decisión “ilegítima”.

Otra sentencia del tribunal de Roma, conocida el sábado, obliga también a resarcir con 700 euros a un inmigrante argelino que llevaba 19 años en Italia y estaba recluido en un centro de deportación. En 2025 fue expulsado a Albania sin que nadie le informara del destino y sin que su familia conociera su paradero. La condena advierte que esa decisión “incidió directamente sobre derechos fundamentales”. Es la primera vez que se indemniza a una de las personas enviadas al controvertido campo de internamiento de Gjadër, en el país balcánico.

Meloni ha reaccionado indignada publicando sendos vídeos en redes sociales donde hace monólogos ante la cámara. Ha calificado las sentencias de “absurdas”, “surrealistas” y que “dejan literalmente sin palabras”. En su opinión, “no se consiente al Gobierno luchar contra la inmigración ilegal masiva” y “una parte politizada de la magistratura obstaculiza cualquier ley que se haga”.

Es un guion que se repite desde hace tiempo: los jueces reconocen derechos vulnerados y recuerdan las garantías de la ley, y la primera ministra les ataca porque cree que se colocan por encima de la voluntad popular, que exige mano dura sin contemplaciones con la inmigración, y es representada por su Gobierno. Es un conflicto destinado incluso a agudizarse, pues de fondo hay una campaña electoral: el 22 y 23 de marzo se celebra un referéndum de reforma de la magistratura que tiene en contra a todas las asociaciones judiciales y ya se plantea como una batalla por la democracia y un plebiscito sobre el Ejecutivo. Estas dos sentencias echan más leña al fuego, pues Meloni se las toma como decisiones políticas.

El caso de Sea Watch sucedió en el verano de 2019 en plena ofensiva contra las ONG, con la llamada política de puertos cerrados. Tuvo mucha repercusión porque Rackete se hizo famosa. La capitana fue arrestada y juzgada, y terminó absuelta. Pero Sea Watch denunció a Italia por el bloqueo posterior del barco durante tres meses, y ahora ha ganado el juicio.

En aquel Gobierno no estaba Meloni, pero sí su actual vicepresidente y líder de La Liga, Matteo Salvini, como ministro del Interior, en coalición con el Movimiento Cinco Estrellas (M5S). La primera ministra comparte totalmente esa política, que fue una de sus grandes promesas electorales, y pretende volver a ponerla en marcha este verano. Se trata de un nuevo “bloqueo naval” que el Ejecutivo puede activar cuando considere que hay una elevada presión migratoria o en otros supuestos de emergencia, como riesgo de infiltración terrorista o eventos internacionales. Para ONG y juristas será inaplicable, porque vulnera las convenciones internacionales del mar. Es decir, se prevé un nuevo choque con los tribunales, y la sentencia de Sea Watch no hace más que confirmarlo. Pero Meloni sigue adelante.

Por otro lado, el Gobierno italiano ha hecho del bloqueo en puerto de las naves de rescate una rutina de su política de acoso a las ONG. Son motivo de continuos recursos de las organizaciones a los tribunales. Por ejemplo, este mismo jueves el tribunal de Catania ha anulado uno de 15 días impuesto en enero a la nave Sea Watch 5, tras el rescate de 18 personas, entre ellas dos niños. También había recibido una multa de 7.500 euros.

Bloquear la nave en puerto es el castigo que impone Italia a las organizaciones desde enero de 2023 si considera que no han cumplido las rígidas normas que obstaculizan su actividad. Entre ellas, coordinarse en las operaciones con la llamada guardia costera libia, acusada de numerosas violaciones de derechos humanos y que ha llegado a disparar a las naves de ONG. O desembarcar a los náufragos en el puerto que se les ordene, que frecuentemente no es el más cercano, sino alguno en el norte de Italia, algo que, entre ir y venir, les lleva varios días de viaje y mucho más gasto en combustible.

La segunda sentencia conocida estos días cuestiona el modo en que se ha deportado a Albania en 2025 a inmigrantes que ya estaban en territorio italiano, después de que los jueces frenaran los traslados de náufragos rescatados en el Mediterráneo. Entonces Meloni comenzó a enviar allí a personas que se encontraban recluidas en los Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR) a la espera de una posible expulsión.

El denunciante ha sido un argelino de 50 años que lleva 19 años viviendo en Italia, con una pareja italiana y dos hijos, pero sin permiso de residencia. Había sido internado en un CPR del norte del país, en la región de Friuli Venezia Giulia, y una noche le informaron de que le trasladaban a otro centro en Brindisi, en el sur. Sin embargo, fue llevado a Albania sin su conocimiento y sin poder avisar ni a su abogado ni a su familia. Se enteró de dónde estaba a los dos días de llegar. Al cabo de un mes regresó a Italia tras pedir asilo. La sentencia es importante porque establece que el traslado de un CPR al campo de internamiento de Albania no puede ser arbitrario; debe estar justificado y motivado y puede ser impugnado ante un juez.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) confirmó el pasado mes de agosto que los magistrados italianos habían obrado correctamente al anular cuatro deportaciones al campo de internamiento de Albania entre 2024 y 2025. Al menos hasta que cambien las normas europeas el próximo mes de junio con la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo de la UE, que incluye disposiciones mucho más restrictivas y, en teoría, en línea con el modelo Albania de Meloni. Entonces se abrirá de nuevo otra fase de conflicto con los tribunales.