Se garantiza la estabilidad en el empleo a los PNN de universidad

El ministro de Universidades e Investigación, señor González Seara, anunció ayer su intención de elevar al Consejo de Ministros un proyecto de decreto que garantizará la estabilidad en el empleo a todos los profesores no numerarios de universidad hasta que las propias universidades establezcan en sus estatutos los procedimientos habituales de adscripción del profesorado, tras la aprobación de la ley de Autonomía Universitaria.

Este proyecto de decreto fue favorablemente informado por el Consejo de Rectores, que también ayer se reunió bajo la presidencia del señor González Seara. Tras la sesión de la mañana, el ministro declaró en una rueda de prensa que era precisamente por respeto al Consejo de Rectores por lo que no había querido recibir todavía a las diversas comisiones de los colectivos docentes universitarios que le habían solicitado entrevistas en estos días, ni tampoco formular declaraciones oficiales sobre las líneas generales de la política que, con carácter inmediato, se propone desarrollar al frente de su departamento.Explicó que le parecía obligado exponer dichas líneas a los rectores antes que a nadie y adelantó que se proponía someter a la consideración, no vinculante, del máximo órgano de gobierno de la universidad todas las decisiones importantes que afecten a la misma, siempre que la urgencia de tales decisiones no lo impida.

Anunció, asimismo, otro proyecto de decreto, de inmediata consideración por el Gobierno, por el que se agiliza el procedimiento de designación de catedráticos extraordinarios de universidad. Tal proyecto, que contó también con la favorable acogida de los rectores, se inspira en el propósito de incorporar a la docencia universitaria y a la investigación a todas aquellas personalidades que, en uno u otro campo, han realizado una labor importante, tanto fuera como dentro de España, forzados por exilios de distinto carácter.

En cuanto al proyecto de ley de autonomía universitaria señaló que, aunque ya había sido remitido a las Cortes, sufriría algunas modificaciones, en función del hecho de que cuando se presentó al Parlamento todavía no habían tenido entrada los proyectos de estatutos de autonomía de las nacionalidades. Admitió que la autonomía política y la autonomía universitaria tenían relación, pero que, evidentemente, no eran la misma cosa, en la medida en que la Constitución da un tratamiento específico a la autonomía de la institución universitaria, «sin perjuicio -dijo- de que los estatutos de las diferentes nacionalidades confieran a éstas las correspondientes competencias en las universidades de sus respectivos territorios».

También hizo mención al proyecto de ley de ampliación de plantillas de catedráticos y adjuntos de universidad y de catedráticos y agregados de escuelas universitarias, afirmando que era intención de su departamento someter dicho proyecto al procedimiento de urgencia.

El nuevo, Ministerio mantendrá asimismo los proyectos de ley de creación de las universidades de León, Cádiz, Alicante y Las Palmas, así como la propuesta elevada al Ministerio de Hacienda para que ya en los presupuestos generales pendientes de aprobación sea atendida la proporcionalidad de los complementos de dedicación de los profesores adjuntos.

Esta reivindicación es la causa del paro que en estos días protagonizan los profesores adjuntos, de la misma manera que la exigencia de estabilidad en el empleo es una de las principales reivindicaciones que mañana y pasado llevarán también al paro a los profesores no numerarios.

Esta doble circunstancia fue objeto de la consideración del señor González Seara en su reunión con los informadores, a quienes indicó que tanto el decreto que se refiere a la estabilidad de los PNN como la propuesta a Hacienda sobre los complementos de los adjuntos habían sido previstos mucho antes de que los dos colectivos iniciaran sus acciones de protesta.

Por otra parte, el ministro de Universidades e Investigación informó que el consejo de rectores se había ratificado en su oposición a la orden ministerial que habilita a los catedráticos de instituto para la docencia en colegios universitarios sin el requisito de poseer el doctorado. El titular del departamento, que coincide con el criterio de los rectores, apuntó la posibilidad de que la orden vaya a ser derogada, al menos en el sentido de mantener la estricta exigencia del doctorado.

En relación con el problema de la selectividad, dijo que la legislación actual no va a ser modificada con efectos del próximo curso y puso especial énfasis en señalar que este problema, relacionado con el paro de los titulados universitarios, tenía que ser objeto de decisiones del Parlamento y nunca de un determinado ministerio.

Afirmó que estaban absolutamente injustificados los rumores sobre extraordinarias subidas de las tasas académicas, y que a este respecto el criterio de su departamento estaba bien claro en el proyecto de ley de autonomía universitaria, en el que se contempla la gratuidad absoluta hasta un determinado nivel de rentas.