¿Un Estatuto provisional?

EL PROYECTO, hasta ahora sólo oficioso, de restablecer las líneas básicas del Estatuto de Autonomía de 1936 para Vizcaya, Guipúzcoa y Alava merece una meditación que no se alimente sólo de recelo y sí fundamente, en tanto resulte posible, la esperanza.Los historiadores reflexionarán en su día sobre las oportunidades desaprovechadas en los primeros años de la transición hacia la democracia para aliviar y mejorar la situación del País Vasco, el más envenenado de los legados recibidos del pasado. Lo único importante ahora es que todos sepamos que los planteamientos de los que hasta ahora se ha partido eran erróneos y que, por esa razón, las medidas adoptadas fueron ineficaces o contraproducentes, infravalorando así los factores emocionales y pasionales de los movimientos nacionalistas, tal vez por confiar demasiado en la vieja tradición racionalista europea.

Pero la violencia y el vigor con que ha rebrotado en la zona más industrializada de un país desarrollado como España el sentimiento nacionalista se impone por la misma fuerza de los hechos a los esquemas racionalistas. Frente a quienes se atrincheran, con razones y valores comprensibles, en la afirmación de lo que debe ser al hablar del País Vasco, no hay otra respuesta que mostrarles lo que realmente, guste o no guste, es.

Dos tipos diferentes de crítica se pueden dirigir al proyecto de restablecer de manera provisional el Estatuto de Autonomía de 1936. Por una parte, las circunstancias históricas y el marco institucional en que aquel estatuto fue promulgado son diametralmente distintos de los actuales. El régimen autonómico de octubre de 1936 entró en vigor cuando las tropas de Mola habían tomado ya San Sebastián y sólo Vizcaya y una parte de Guipúzcoa formaban parte del territorio republicano. El marco de referencia de esas instituciones de autogobierno, limitadas por la pérdida de territorio y por el estado de guerra, era la Constitución republicana de 1931. La recuperación del espíritu de ese estatuto sin respetar buena parte de su letra no es tarea fácil. La reivindicación de los catalanes, hasta el regreso del honorable Tarradellas, de que se restableciera con carácter provisional y con adecuación a las nuevas circunstancias el Estatuto de 1932 tropezó, en su día, con obstáculos de ese mismo género. De añadidura, la promulgación de la Constitución de 1978 recorta enormemente el margen de maniobra del Poder ejecutivo y somete al Parlamento, único titular del poder legislativo. a normas de procedimiento que se pueden agilizar; pero no saltar. Así pues, ni es fácil la depuración técnico-jurídica del Estatuto de 1936 para hacerlo compatible con el actual marco institucional, ni son muy amplios los cauces para conseguirlo.

El segundo frente de críticas es esencialmente político. La decisión de UCD de no sumarse a la manifestación para apoyar la exigencia de una rápida negociación del Estatuto de Cataluña y el deterioro de la imagen del honorable Tarradellas al secundar la posición del partido del Gobierno ha dado pie para que algunos sospechen que el Gobierno acaricia la idea de aplazar las autonomías catalana y vasca. Si el restablecimiento provisional del Estatuto vasco de 1936 estuviera al servicio de una estrategia así sería lamentable. Sin embargo, también es cierto que las instituciones definitivas de autogobierno para Cataluña y Euskadi no pueden ser aprobadas de la noche a la mañana, y desde luego no antes de que el Tribunal Constitucional esté constituido y el complicado proceso previsto por la Constitución llegue a su término. Y es de suponer que son esas dificultades técnico-constitucionales las que mueven ahora al Gobierno a intentar dar ese paso pacificador. Y en este sentido la devolución del estatuto sí puede y debe ser considerada, caso de producirse, como un hecho político de indudable importancia. Serviría de puente hasta el debate, siempre urgente, del Estatuto de 1979 y ofrecería a los partidos vascos una prueba de la voluntad del Gobierno.