Huelga general en Argentina contra la política económica gubernamental
El Gobierno argentino encarará el próximo día 27, viernes, una de las más duras pruebas desde su ascensión al poder, en marzo de 1976. Para esa fecha está convocada una huelga general de protesta contra la política económica del ministro José Martínez de Hoz y contra el conjunto de medidas sindicales que los militares se proponen establecer en las próximas semanas. El paro, si realmente obtiene respaldo en amplios sectores laborales del país, podría dar lugar a una crítica situación del orden público en Argentina.Los observadores estiman que la convocatoria de la huelga es la decisión más desafiante adoptada por las organizaciones gremiales, sometidas, como el resto de los sectores políticos del país, al férreo control de la Junta Militar. El paro servirá, además, para comprobar hasta qué punto se ha conseguido la buscada unificación del sindicalismo.
La iniciativa de la huelga corresponde al denominado Grupo de los 25, organización peronista que todavía considera a Isabel Martínez de Perón como la máxima conductora del justicialismo. Este grupo, a cuyos componentes se llama «verticalistas», ha tratado en las últimas semanas de atraerse a la Comisión Nacional de Trabajo (CNT), también de inspiración peronista. El escollo más dificil de salvar en estos intentos de unificación es el criterio diferente que ambos grupos gremiales mantienen para la formación de una dirección única del movimiento sindical peronista.
La situación económica y laboral de Argentina es muy propicia para que la huelga general pueda tener éxito. Durante los últimos meses se han producido paros parciales en algunos sectores industriales, en demanda de mejoras salariales y en protesta por el constante aumento del costo de la vida. La actitud tolerante de las autoridades militares en relación a estos conflictos ha animado a los dirigentes sindicales a extender los ámbitos de la protesta.
Si la CNT se une, como parece, a la convocatoria de huelga, los principales sectores laborales del país quedarían automáticamente implicados.
