El nuevo equipo económico deberá plantearse con criterio prioritario el modelo energético

La revisión al alza de los precios de los productos energéticos -especialmente los petrolíferos- y, en general, del modelo energético español amenaza con ser el primer escollo con que tropiece el recién constituido equipo económico gubernamental, según han indicado a EL PAÍS fuentes solventes. El incremento anunciado a los precios de los crudos por los países de la OPEP no ha sido todavía repercutido en los derivados en España, debido principalmente a las intenciones electoralistas de UCD. Tampoco se tienen noticias de que la Administración haya elaborado alternativa alguna para intentar reducir el consumo, ya sea por vía de restricciones o por la aplicación de precios disuasorios.

Los escasos y tímidos intentos de racionalizar la estructura energética española, surgidos desde la primera crisis mundial de 1973, han ocasionado importantes tensiones en el seno de la Administración y entre los distintos estamentos del sector petrolífero. La más importante crisis derivada de esas tensiones fue la que, en febrero de 1978, culminó con la salida del Gabinete del vicepresidente Fuentes Quintana y el ministro responsable de los temas energéticos, Alberto Oliart.En los últimos catorce meses, no menos de diez alternativas distintas sobre variación al alza de los precios de la energía se han elaborado en el seno de la Administración, sin que ninguna de ellas haya conseguido franquear el muro del vicepresidente Abril, obsesionado por la contención del índice de precios al consumo. Estas alternativas arrancan de dos criterios básicos: la elevación de todos los productos petrolíferos proporcionalmente a los incrementos aplicados por la OPEP o la progresiva supresión de las subvenciones que actualmente se aplican a determinados derivados. Ambas posturas tienen en el actual Gobierno -como en el anterior- buen número de patrocinadores y detractores, por lo que cualquier aproximación al acuerdo se considera cuando menos problemática.

El temor evidenciado en la mayor parte de los medios relacionados con el tema energético consultados por EL PAÍS radica precisamente en que la falta de acuerdo determine una vez más la ausencia de decisiones. Las mismas fuentes se muestran en todo momento partidarias de una remodelación profunda del modelo energético español, prioritaria frente a cualquier medida coyuntural de aumento de determinados precios.

Todos los precios actualmente vigentes para los productos energéticos, y muy especialmente los derivados petrolíferos de mayor consumo popular -gasolinas-, tienen un importante componente fiscal, además de los ingresos que cada año fluyen al Tesoro en concepto de rentas del monopolio. Esta composición de los precios al consumo parece aconsejar -en opinión de algunos expertos- una revisión de los mecanismos de alza, aplicándolos solamente al componente de producción en refinería y no a la totalidad; es decir, incluyendo el componente fiscal.

Dejando al margen la decisión inmediata de incrementar los precios, ya anunciada por el todopoderoso vicepresidente Abril, uno de los temas que sin duda será objeto de debate en las próximas semanas será el destino final del Plan Energético, ya presentado en las Cortes por el anterior equipo del Ministerio de Industria y Energía. Dos puntos de dicho Plan se presentan de antemano controvertidos: la configuracíón del sector petrolífero y la altemativa nuclear. Sobre el primero gravitan -salvo acomodaciones de última hora- no pocas discrepancias entre los nuevos titulares de Economía, Hacienda e Industria y el propio viceoresidente económico, Fernado Abril. El temá nuclear aparece notablemente enrarecido por el aceídente de Estados Unidos. Un tercer punto, que en tiempos pasados fue motivo de disputa, la nacionalización de la red de alta tensión eléctrica, está zanjado en virtud del compromiso adquirido por UCD con las grandes compañías para que éstas contribuyeran con 1.200 millones de pesetas a financiar su última campaña electoral.

La pugna más virulenta que se adivina es la que se centra en la creación de un ente petrolífero estatal, que aglutine todas las participaciones públicas en el subsector petrolífero, actualmente dispersas, fundamentalmente entre el Instituto Nacíonal de Industria (INI) y el holding empresarial del Patrimonio del Estado. Las discrepancias respecto al enfoque que pueda presidir la creación del ente, cuya necesidad es destacada unánimemente, presentan un claro sustrato de intereses personales y corporativos de difícil encaje, a menos que exista una auténtica voluntad para ello.

Uno de los principales patrocinadores del proyecto de Plan Energético que detonó la crisis de febrero de 1978, elaborado por el Grupo de Trabajo, fue el actual ministro de Economía, José Luis Leal, aunque, posteriormente, pasara a defender el proyecto remitido definitivamente a las Cortes, cuyas directrices aparecían notablemente dulcificadas con respecto al texto inicial. Según todos los indicios, el texto actualmente pendiente de debate en el Congreso goza del beneplácito del vicepresidente Abril, pero la entrada en Industria de Carlos Bustelo, estrechamente vinculado a algunos de los sectores más progresistas del sector público petrolífero y la posible incorporación a la Comisaría de Energía de otro de los integrantes del Grupo de Trabajo, pudieran decantar las posiciones, convirtiendo el tema energético en la primera piedra de toque del auténtico carácter reformista del nuevo equipo económico y el propio vicepresidente Abril.