El proyecto de Estatuto vincula el ahorro a la Generalidad

Un aspecto concreto del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, el de la organización y control del ahorro, vuelve a la actualidad política con motivo de las elecciones municipales. Los partidos desean hallar fórmulas que, a través de los municipios y las diputaciones, les permitan llegar a controlar la utilización del ahorro popular. El tema es de especial importancia en Cataluña, donde las trece cajas de ahorro catalanas totalizaban, en fecha 31 de enero, unos recursos ajenos de 804.272 millones de pesetas, lo cual representa aproximadamente el 40% del total de los depósitos del conjunto del sistema financiero en Cataluña.El artículo trece del proyecto de Estatuto de Autonomía, presentado el 30 de diciembre ante la Comisión Constitucional del Congreso, establece que «corresponde a la Generalidad ( ... ) la competencia exclusiva en las siguientes materias: ( ... ) ahorro y cajas de ahorro». De aprobarse definitivamente este texto, que fue votado por todos los partidos parlamentarios catalanes, se concretaría un cambio del sistema financiero en Cataluña.

Es sustancial la diferencia entre las cajas de ahorro y los bancos. Estos últimos son entidades privadas, con unos accionistas que arriesgan su capital personal, mientras buscan una rentabilidad del mismo. En cambio, las cajas no tienen, en teoría, otro propietario que los propios impositores. Pero, en la práctica, los órganos de dirección han estado controlados por sectores vinculados a la Iglesia-organización -en especial la Acción Católica Nacional de Propagandistas y el Opus Dei- y otros sectores conservadores, sociológicamente bien diferenciados de los pequeños ahorradores. A la dirección de las cajas se sumaron también, bajo el franquismo, los representantes del corporativismo de la dictadura (ayuntamientos, diputaciones y sindicatos verticales).

También bajo el franquismo, las cajas marginaron sus objetivos «benéfico-sociales» originarios para pasar a ser, primero, junto con la Seguridad Social, las grandes financiadoras del Instituto Nacional de Industria y, posteriormente, de múltiples grandes empresas: Telefónica, eléctricas, autopistas y, en general, todo el mercado de obligaciones.

Por una orden ministerial de 27 de agosto de 1977 se liberalizaron gradualmente las inversiones de las cajas, sometidas hasta entonces a criterios muy intervencionistas. Con ello, sus funciones se aproximan más a las de un banco. También fue modificada la regulación y funciones de los órganos de gobierno, y se incrementó su regionalización, en especial en relación a los préstamos.

Desde un punto de vista político, el cambio más importante es el relativo a la regulación de los órganos de gobierno. Este cambio se produjo poco después del proceso electoral del 15 de junio y por vía de decreto, no de ley, evitándose así un amplio debate público, que hubiese incidido directamente en la problemática autonómica y en la municipal. Podía, pues, tratarse de un modo de obrar que desease controlar y limitar un cambio destinado a sustituir la tradicional cooptación de los dirigentes -unos franquistas designaban a otros- por fórmulas menos escandalosas, pero que poco o nada tienen que ver con una democratización real.

Después de esta reforma, el único órgano de gobierno y decisión de las cajas es la asamblea general. La componen de sesenta a 150 representantes de los impositores, de quince a treinta representantes de entidades «de carácter científico, cultural o benéfico de reconocido arraigo en el ámbito territorial de la caja» y, finalmente, los miembros del consejo de administración y de las comisiones de control y de obras sociales.

Los representantes de los imponentes -grupo numéricamente más importante- son elegidos mediante compromisarios seleccionados por sorteo público ante notario. Se les requiere una determinada edad y un saldo mínimo. Ello hace que el nombre aparecido en el sorteo pueda ser eliminado y sustituido por otro con un número de cuenta próximo, que reúna las condiciones necesarias, en apreciación de los diferentes delegados de las propias cajas. Como era de prever, el nuevo sistema ha permitido la continuidad en los altos cargos de los dirigentes de las cajas generados por el franquismo.

EL PAÍS obtuvo una lista con nombres y apellidos de dieciocho empleados -entre ellos varios altos cargos- de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares (Caixa), la caja más importante de España, que accedieron, a través del procedimiento descrito, a ser miembros de la asamblea general de dicha entidad en, representación y en calidad de imponentes. El número de imponentes de esta caja es de unos tres millones, y el de empleados era, en aquella fecha, de 3.800.

No menos sorprendente es el carácter discrecional y arbitrario de las entidades «de reconocido raigambre » que designan representantes en el órgano máximo de las cajas. En la Caixa aparece la Fundación Deu y Mata, la Fundación Balmesiana, la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (generosa otorgante de premios «a la virtud» dotados con unos escasos cientos de pesetas), el Observatorio del Ebro, el Círculo Artístico y Literario de Ciudadela (donde se juega muy bien al trucs) y la Sociedad Cultural Urgelitana. Respecto a algunos representantes de estas instituciones también se dan curiosas coincidencias. Así, el Ateneo Barcelonés está representado por un empleado jubilado, ex jefe de la secretaría de dirección de la misma caja.

El próximo capítulo de esta serie tratará las alternativas de los partidos políticos catalanes para las cajas de ahorro