EEUU retira los cargos contra un vicepresidente de la ITT, relacionado con el golpe chileno

El Departamento de Justicia norteamericano retiró ayer sus cargos contra un alto ejecutivo de la compañía multinacional International Telephone and Telegraph (ITT), alegando que la celebración de un juicio público podría revelar secretos que afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Edward Gerrity, 56 años, uno de los vicepresidentes de la empresa, había sido acusado de perjurio y obstrucción a la justicia por sus declaraciones, en 1973, ante un comité investigador del Senado. Gerrity, como otros ejecutivos de la compañía y el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Richard Helms, dijeron al comité que no habían actuado secretamente en contra de Salvador Allende durante las elecciones chilenas de 1970.Sin embargo, dos años más tarde, el comité senatorial descubrió que la CIA y la ITT habían suministrado unos ocho millones de dólares a los enemigos políticos de Allende, para evitar que el candidato de la Unidad Popular fuese elegido presidente de Chile.

Durante casi seis años, el Ministerio de Justicia mantuvo sus acusaciones contra los presuntos culpables de perjurio, pero ha ido retirándolas o admitiendo argucias legales, ante el temor de que salgan a relucir en un juicio público datos secretos sobre las acciones encubiertas del espionaje y las compañías multinacionales en Chile.

El ex director de la CIA Richard Helms presentó a finales de 197 7 una petición de nolo contendere, con la aprobación del Ministerio de Justicia y de la Casa Blanca. Con esta fórmula, que no supone reconocimiento de culpabilidad. Helms se negó a responder al tribunal y evitó cumplir una condena.

El mes pasado, las razones de «seguridad nacional» fueron aducidas también por el Ministerio de Justicia para levantar sus acusaciones contra otro ejecutivo de la ITT. Robert Berrellez, que había testificado ante el comité senatorial y negado también la participación de la compañía en acciones contra Allende.

Impunes

El Gobierno norteamericano pretendió anteriormente que los juicios se celebraran a puerta cerrada, pero un juez rechazó esa petición en nombre de la sexta enmienda de la Constitución nortearnericana que garantiza un «juicio rápido, público y justo» para los acusados en procesos criminales. Ante la posibilidad de que en los juicios se hicieran públicos documentos Y hechos secretos sobre las actividades norteamericanas en contra de Allende, la Administracíón Carter ha optado por retirar sus cargos, dejando así impunes a los presuntos autores de perjurio.El senador Frank Church que fue presidente del comité encargado de investigar esas actividades clandestinas, hizo unas duras declaraciones cuando se retiraron los cargos contra Berrellez y acusó a la Administración de querer encubrir a la CIA y a las grandes corporaciones. En círculos liberales norteamericanos se resaltaba ayer el peligroso precedente que crean estas decisiones.

La declaración del Ministerio de Justicia al retirar su acusación contra Gerrity indica que «el motivo es proteger infórmación secreta sobre seguridad nacional del conocimiento público» y añade que el Gobierno norteamericano piensa que la continuación del proceso supondría «el riesgo de descubrir información que el Gobierno debe mantener reservada por medios razonables y apropiados».