El PTE presenta una propuesta de racionalización de la industria cultural

La comisión de Arte y Cultura del Partido del Trabajo de España ha elaborado, bajo el título El libro: un instrumento para cambiar las cosas, una propuesta de política del libro. Con una tirada de 15.000 ejemplares, que se distribuirán gratuitamente por todos los canales de difusión a su disposición. La propuesta plantea una salida que «todavía no es socialista -según dijo uno de los miembros del comité en la rueda de presentación a la prensa del mencionado documento-, pero que, en cambio, aspira a proponer una política de racionalización de la cultura, que en algunos puntos coincide con la actual política del Ministerio». «Y no nos molesta, al contrarío, nos alegra, porque esto supone una posibilidad de colaboración a la que estamos dispuestos.»Partiendo de la necesidad de la descentralización cultural, que depende también de tos propios organismos preautonomicos, y sobre la base de la necesidad de la cultura para todos («Un pueblo inculto está condenado a ser un pueblo oprimido»), plantean, en síntesis, siete puntos: la puesta en servicio del Ministerio de Cultura en favor de los intereses de los pueblos de España; reorganización del sistema de bibliotecas públicas y creación, en función de los datos óptimos ofrecidos por los organismos culturales internacionales, de una biblioteca suficientemente dotada por cada 5.000 habitantes. Tras confesar que desconocen los contenidos del proyecto de ley del Libro, actualmente en preparación, se propone la elaboración de una ley del libro democrática, que establezca «una defensa clara del autor y sus derechos». En este sentido se insiste en la importancia que puede tener el próximo congreso de Almería, de la Asociación Colegial de Escritores, con la que el PTE se muestra, igualmente, dispuesto a colaborar. La descentralización de Editora Nacional y la creación de editoras nacionales dependientes de las consejerías culturales de los Gabinetes autonómicos, es otro punto importante de la declaración, y tal vez en el que se apunta lo más avanzado de la propuesta: la utilización, en función y en nombre de la mayoría, de los fondos destinados a libros de los organismos estatales culturales. Se apunta en este sentido -coincidiendo, por otra parte, con las ideas hasta ahora filtradas y extraoficiales del Ministerio para la Editora (porque oficiales y expresas no se conoce ninguna)- la posibilidad de que Editora y editoras colaboren con la iniciativa privada en ediciones de interés público. Proponen también una planificación racional de la industria editorial, teniendo en cuenta que en España existe una inflación de sellos editoriales, que publican, de promedio, 0,45 libros por año. Proponen atención especial a los libros de texto y su gratuidad para la EGB y el bachiller, y una igualmente especial atención a la literatura infantil.