El Gobierno alemán, partidario de un plazo de veinte años para la plena integración de España en la CEE
El Gobierno alemán se prepara a obstaculizar las negociaciones que se iniciarán con España para el ingreso en la Comunidad Europea y tratará de imponer un plazo especialmente largo para la plena incorporación de Madrid. En círculos oficiosos del Gobierno se habla de un plazo de veinte años y se argumenta para ello las reservas que legitimarla el artículo 48, párrafo 3, de los tratados de Roma.
Sin embargo, un sector significativo de la opinión pública alemana ve un peligro de involución de la política comunitaria europea en la aplicación de restricciones a la libre circulación de trabajadores de los tres países candidatos a la integración en la CEE, España, Grecia y Portugal.Dos diarios nacionales alemanes, liberal de izquierda el primero, y conservador el segundo, Frankfurter Runschau y General Anzeiger, de Frankfurt y Bonn, respectivamente, publicaban ayer dos artículos de fondo, con distinta firma, cuya redacción coincidía casi literalmente en la mayor parte de los párrafos. El General Anzeiger es considerado como cercano al Ministerio de Exteriores. El resto de los diarios de alcance suprarregional evitaban todo comentario sobre el paso dado en Bruselas entre la Comunidad y Grecia. Para ambos articulistas, «el problema de la depresión económica no puede solucionarse imponiendo limitaciones a la libre circulación de los ciudadanos de las Comunidades Europeas, sino solamente canalizando un aluvión de capitales hacia las zonas menos desarrolladas de la misma Comunidad». Imponer esta limitación es, para ambos diarios, «un error cosmético». En cuanto a la actitud de los financieros alemanes respecto de la ampliación, a la cual parecen ir dedicados los dos comentarios citados, ambos periódicos dicen: «Quien crea que es un sacrificio la prestación financiera al sur de Europa, está comprendiendo mal la realidad política. Se trata realmente de defender los intereses de la República Federal de Alemania al buscar que los países del Sur se conviertan en democracias estables en lo político y en lo económico.»
La pasada semana el diario ultraconservador Die Welt comentaba, citando fuentes cercanas al Gobierno, que éste estaba decidido a evitar por todos los medios una riada de trabajadores españoles, griegos y portugueses, una vez sus países ingresasen en la Comunidad, y para ello haría valer las limitaciones citadas en el artículo 48 de los tratados de Roma. Según el artículo cabe el recorte de la libre circulación «en razón de limitaciones derivadas de motivaciones de salud pública, orden social y seguridad». Según Die Welt, el Gobierno se inclinaría por considerar la afluencia de trabajadores del Sur como «una amenaza del orden público, ya que si se mantiene en la RFA un elevado índice de paro, la llegada de estos trabajadores significaría un deterioro del clima social».
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