La disolución de la prensa del Estado parece inmnente

El Consejo de Ministros que se reúne hoy no estudiará, salvo imprevistos urgentes de última hora, en contra de lo que se había asegurado, el borrador del anteproyecto de ley sobre el futuro de los Medios de Comunicación del Estado, elaborado por el Ministerio de Cultura. Esta medida, sin embargo, no podrá demorarse por mucho tiempo, dado el compromiso que adquirió el Gobierno en los pactos de la Moncloa de enviar a las Cortes antes de fin de año un anteproyecto de ley que solucione definitivamente el problema de esta cadena estatal de prensa, caso insólito en el mundo informativo de los países occidentales.

El Consejo de Ministros de hoy tampoco estudiará la concesión de un suplemento de crédito de 47 millones de pesetas para estos mismos medios, a pesar de que este punto fue incluido en el orden del día de la Comisión General de Subsecretarios, que se reunió el pasado día 19 para preparar el Consejo de Ministros.Todo parece indicar que el texto del anteproyecto no está ultimado, aunque se trabajaría en su redacción, que será elevada al Consejo de Ministros, a un ritmo muy urgente. En los últimos días el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, recibió a los directores de los 36 periódicos de la cadena y a sus administradores, a quienes explicó la líneas maestras del anteproyecto de ley y solicitó sus sugerencias oportunas sobre el mismo.

El anteproyecto de ley sobre los Medios de Comunicación del Estado establecería un mecanismo de distribución de los medios patrimoniales que integran los Medios de Comunicación Social del Estado y especialmente de los 35 periódicos de la antigua cadena del Movimiento y el periódico sindical Pueblo. De ser aprobado este proyecto el organismo autónomo que rige en la actualidad el funcionamiento de estos medios procedería a reestructurarlos en el plazo de dos meses.

Parece que una vez saneados económicamente y sometidos a la correspondiente depuración de personal, mediante jubilaciones anticipadas, indemnizaciones y «todo tipo de medidas que amparen al máximo las situaciones laborales del personal», los periódicos serán ofrecidos a los entes autonómicos o preautonómicos, a las diputaciones, o subsidiariamente a los ayuntamientos, y posteriormente la oferta iría a parar a manos de los trabajadores, quienes deberían organizarse en cooperativas si quisieran explotar los periódicos.

En cada caso la oferta se prolongaría por un plazo máximo de tres meses. Si durante este período no se hubiera cubierto la oferta, el Gobierno cerraría los diarios no transferidos y procedería a su venta en pública subasta.

El Comité Nacional de Trabajadores de Medios de Comunicación del Estado, que se ha distinguido por su defensa en mantener una prensa pública dependiente del Estado y que incluso en su día presentó un proyecto de regionalización de estos medios, cree que el Gobierno ha recogido en su proyecto parte de las propuestas del comité, según se hizo público en una asamblea celebrada en la sede del diario Arriba días pasados. En esta misma asamblea se puso en duda la capacidad que puedan tener los trabajadores para constituirse en cooperativa y sacar adelante un periódico mientras no cambien los sistemas estatales de subvenciones, de monopolio de papel prensa y en general de financiación que serían necesarios para mantener un periódico.