El PSOE acusa al ministro de Sanidad de ignorancia en materia farmacéutica

El ministro de Sanidad y Seguridad Social, Enrique Sánchez de León, protagonizó ayer un serio enfrentamiento con varios grupos parlamentarios, especialmente el socialista, durante el debate celebrado en el Pleno del Senado sobre la política farmacéutica del Gobierno, como continuación de la declaración gubernamental sobre el tema realizada ante la Cámara por el ministro el mes pasado. El senador socialista Francisco Javier Yuste acusó al departamento de Sanidad de callar aspectos por miedo, por conveniencia o por desconocimiento.

Al comienzo de la sesión fueron aprobados, por unanimidad, los proyectos de ley sobre reconocimiento de servicios previos en la Administración pública y sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Comenzando el debate sobre política farmacéutica, el socialista Francisco Javier Yuste dijo que su grupo se opone tanto al gobierno por decreto como a la inactividad del departamento de Sanidad, porque el Parlamento aún espera un proyecto de ley con su firma.

Afirmó que el ministro de Sanidad ha sido el más destacado en el incumplimiento de los pactos de la Moncloa, frente a los que se ha comportado con vaguedad y dilación. Según el señor Yuste, entre otras cosas, no se ha facultado la prevista expedición de medicamentos en los centros de la Seguridad Social, excepto los productos hospitalarios, y éstos ya se expendían antes de los pactos, y, sin embargo, sí se ha cumplido el pacto en el aumento de la contribución de los beneficiarios al pago de las recetas.

Manifestó más tarde que ha habido un error del 60 % en las previsiones de las prestaciones farmacéuticas para 1978. « Si esta es la política posible -agregó- díganos cuáles son las causas por las que no se puede hacer otra, y nos enfrentaremos juntos contra los poderes fácticos multinacionales.»

Entre las necesidades perentorias del sector, el señor Yuste señaló la de que el Instituto Nacional de Industria conduzca la creación de una industria farmacéutica nacional y el conseguir la independencia industrial a marchas forzadas. Terminó afirmando que son necesarias reformas estructurales, y no lava dos de fachada, así como una política farmacéutica realizada con criterios de Estado y participación de todos los interesados.

Medicamentos inaceptables

En nombre de Entesa dels Catalans, José Subirats señaló que la industria farmacéutica, en manos de multinacionales y productores españoles, ha convertido al medicamento en un elemento más de consumó capitalista, para colmo con muy poca inversión en investigación, lo que ha provocado un 26 % de medicamentos inaceptables y otro 27 % de dudosa aceptabílidad. «La industria farmacéutica goza de buena salud, y cuando esto ocurre, la sociedad está enferma.»

Añadió el señor Subirats que aunque están bien las operaciones publicitarias para disminuir el consumo de medicamentos, no se puede cargar la responsabilidad del exceso al consumidor, sino que el verdadero responsable es el sistema, que inclina al exceso de medicación por falta de asistencia primaria. Terminó preguntando a quién ha beneficiado la Administración sanitaria al permitir una industria especulativa como la descrita.

Miguel Cordero, de Progresistas y Socialistas Independientes, observó que la base de una buena industria farmacéutica nacional sería un sólido sector químico, pero que el español sólo cubre el 26% de las necesidades.

Entre otros defectos de la producción farmacéutica señaló la falta de investigación, los bajos niveles de capacidad de los laboratorios, la ausencia absoluta de patentes de productos y la insuficiencia de controles estatales. « La legislación puede ser buena -dijo-, incluso es demasiado perfecta: tanto, que no se puede aplicar.» También insistió en el poder de las multinacionales -55 % de la producción- y en la necesidad de una industria nacional competitiva.

Por UCD, Luis Mombiedro afirmó que la política del ministerio coincide con la línea programática de su partido, que defiende la libertad de la empresa junto a la intervención del Estado por medio de una normativa adecuada y un riguroso control frente al consumismo, aplicando estrictamente las normas, porque el uso de medicamentos ha llegado a tal extremo que la gente reduce la medicina al consumo de fármacos. Por esta razón, según el señor Mombiedro, la responsabilidad no es sólo del Gobierno, sino también de la clase farmacéutica y de los consumidores.

Sánchez de León: "Se cumplen los pactos"

El señor Sánchez de León, que intervino al final, comenzó calificando de positivo el debate, pero lamentó tener que usar el mismo lenguaje que se había utilizado para criticar al ministerio. Sobre las acusaciones de miedo, ignorancia o connivencia vertidas contra el departamento, dijo que son demasiado graves, y pidió, en consecuencia, que su autor las demuestre o las retire.

Acusó después a sus críticos de contradicción e intentos de confundir a la opinión pública. «No se puede acusar a la vez de gobernar por decreto y de no gobernar», dijo Frente a observaciones en el sentido de que no son coincidentes el programa de UCD con la política del Gobierno, ni las declaraciones del ministro con las de sus colaboradores, señaló que también se contradicen el programa estatalizador del XXVII Congreso del PSOE con los comentarios de dirigentes socialistas sobre la economía de mercado, mientras «nosotros tenemos muy claro el respeto a la iniciativa plural».

«Podernos demostrar ampliamente -agregó- que los pactos se cumplen, según nuestra interpretación, sólo que ésta puede no ser coincidente con la de otros grupos.» Calificó la labor realizada de realista y acorde con la situación, y entre los resultados obtenidos resaltó que, entre 1973 y 1977, se ha reducido a la mitad el número de especialidades farmacéuticas, se han objetivado los precios, han caído los gastos de promoción, se ha puesto en marcha la reconversión de los laboratorios, y se han dado normas que reducirán el número de farmacias a niveles razonables. En cuanto al consumo, dijo que han bajado el coste de la receta, el número de recetas expedidas, el coste por asegurado, el precio por receta y por envase y el gasto por asegurado, todo ello en pesetas constantes, y entre 1973 y 1977.

Tras la intervención del ministro, el senador Yuste replicó que, después de lo oído, de las tres acusaciones hechas al departamento, se quedaba con la de desconocimiento. El señor Sánchez de León contestó que no podía aceptar la acusación para sus colaboradores, aunque la aceptaba para él por humildad, y terminó pidiendo al PSOE que diga «claramente si es que quieren nacionalizar la industria farmacéutica y los despachos de farmacia».