¿Dónde están los millones?

Al menos 3.000 millones de pesetas del presupuesto de la Seguridad Social para el presente año no halbrían sido destinados por el Instituto Nacional de Previsión para las prestaciones que tenían fijadas en el referido presupuesto, según denuncia Comisiones Obreras del INP.Se trata de los fondos destinados a la asistencia social, que para el presente año ascienden a más de 3.000 millones de pesetas, y que no estarían siendo destinados para tal fin por el INP, en cuyas oficinas se deniega sistemáticamente las solicitudes de auxilio económico y asistencia sanitaria presentadas por los beneficiarios de esta prestación.

La razón aducida por el INP para la denegación de tales prestaciones sería, según las citadas fuentes, que no queda dinero para este capítulo en los presupuestos de 1978. Sin embargo, estas cantidades, que se elevan a 3.355.410.000 pesetas, de las que 585.341.000 corresponderían a Madrid, habrían sido recaudadas durante 1977 a través del 2% de las cuotas satisfechas por empresarios y trabajadores, en concepto de «asistencia sanitaria, incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional, debidas a enfermedad común o accidente no laboral y por desempleo».

Estos fondos, previstos para la asistencia social dentro de la Seguridad Social, están destinados a «paliar o eliminar los estados de necesidad en que puedan incidir las personas comprendidas en el campo de aplicación de la ley, cuando no se acredite derecho a las prestaciones o se haya agotado el tiempo máximo para su disfrute o resulten insuficientes para la satisfacción de las necesidades que se determinen», según establece la ley de Bases de la Seguridad Social.

Por otra parte, y según las mismas fuentes, los funcionarios del INP habrían recibido orden verbal de que no se resuelvan los expedientes de invalidez, al parecer, también por falta de fondos para hacer frente a las correspondientes prestaciones. De hecho, los beneficiarios que desde el pasado mes de mayo acuden al INP en solicitud de dicha prestación ven largamente retrasada la tramitación de sus expedientes, lo que en algunos casos ha originado énfrentamientos entre beneficiarios y funcionarios.