El Gobierno considera la posibilidad de renunciar a un pacto socioeconómico para 1979

El aplazamiento de la reunión tripartita, prevista en principio para hoy, entre Gobierno, empresarios y centrales sindicales, ha multiplicado el escepticismo imperante en diversos medios políticos y económicos, respecto a la viabilidad de unos acuerdos socioeconómicos para los próximos doce meses. Diversas fuentes han señalado que el aplazamiento se debe a que el Gobierno no ha concluido todavía el documento-resumen y compilación de propuestas para la negociación, presentadas por las diferentes organizaciones que han visitado Castellana, 3.

Los contactos celebrados hasta ahora -jornada de reflexión en octubre y reuniones por separado la pasada semana- han mostrado un signo marcadamente dispar en lo que a empresarios -CEOE- y centrales -CCOO y UGT- se refiere. Los representantes de la patronal no han ocultado su identificación con los planteamientos del Ministerio de Economía, con la sola excepción de los temas crediticios, e incluso han insinuado oficiosamente que el documento del Gobierno recogía en prácticamente todo su programa económico. Los dirigentes, por el contrario, han exteriorizado su decepción tras los contactos, e insistido en la necesidad de emprender una negociación globalizada, en la que se incluyan reformas estructurales de importancia, como las relaciones laborales, la Seguridad Social y el reparto del patrimonio sindical. Las centrales no admiten una primera negociación en la que se incluyan exclusivamente unos topes salariales y alguna cuestión de menor cuantía, dejando para ulteriores conversaciones los restantes aspectos de reforma de su plataforma reivindicativa. Este calendario de negociación sería el que, según todos los indicios, complacería en mayor medida a empresarios y Gobierno. Unos y otros desean llegar pronto a un acuerdo que atenúe la previsible virulencia de la negociación de más de 3.000 convenios, prevista nara antes de fin de año.Aunque con menor énfasis, también aparece planteada sobre la mesa de negociaciones la discrepancia entre las dos centrales mayoritarias respecto a la instrumentación y alcance de los pactos. Ambas posturas difieren esencialmente en la presencia de los partidos políticos -bien vista por CCOO y el Gobierno y denostada por UGT- y de la duración de los acuerdos -un año para UGT y tres para CCOO-, aunque en este último aspecto el Gobierno no aparece excesivamente definido. Ambas posturas, también, responden de alguna manera a los intereses electoralistas de comunistas, socialistas y centristas, animados todos por la perspectiva de unas elecciones generales antes del próximo verano.

Un aspecto importante de la negociación, todavía no clarificado, es el criterio empresarial sobre este punto. Sin embargo han sido precisamente cualificados dirigentes de CEOE los únicos que han exteriorizado contundentemente la necesidad -o al menos la conveniencia- de que junto a la negociación de los pactos se clarifique el panorama político para los próximos meses. Parece obvio que no puede plantearse de idéntico modo una alternativa económica en los casos de que sean convocadas o no elecciones generales a corto plazo. Y no solamente por la posible imprevisión de unos resultados, sino porque en todas las latitudes un proceso electoral conlleva un impasse en la actividad económica, prácticamente a todos los niveles.

Todo este contexto, acaso haya propiciado la evolución de posturas en los círculos gubernamentales hacia una limitación del alcance inicialmente previsto para las negociaciones y el pacto propuesto. Esta limitación podría muy bien circunscribir el acuerdo a una voluntad limitadora de las alzas salariales, sólo hasta el mes de abril; período previsible en que pudieran ser convocadas elecciones generales. Como compensación al sacrificio que ello comportaría para las fuerzas sindicales, el Gobierno pudiera ofrecer el reparto inmediato del patrimonio. sindical y un programa complementario de inversión pública generador de puestos de trabajo, además de un compromiso de saneamiento de las prestaciones del desempleo y la Seguridad Social en general. Esta fórmula salvaguardaría los logros alcanzados por el proceso de ajuste de la economía, iniciado a partir de los pactos de la Moncloa, y dejaría la puerta abierta a una ulterior negociación de más amplio espectro, a realizar una vez redibujado el mapa político, tras las elecciones generales.

Hasta el momento, las centrales sindicales rechazan esta posibilidad, aunque admiten la posibilidad de que pudiera llegar a planteárseles en los próximos días. Ello -señalan- sería perfectamente coherente con la postura del vicepresidente económico, Fernando Abril, que hasta el momento se ha limitado a señalar la necesidad de mantener la inflación por debajo del 10 %en 1979, como única posibilidad para contener el aumento del desempleo (véase página 57). Sin embargo, las centrales insisten en que esa fórmula ni siquiera puede antojarse similar a los llamados pactos sociales, cuyo alcance en cualquier caso ha sido mayor.

Manifestación de Cepyme

Mientras el impasse negociador se implanta, los ausentes de la mesa negociadora procuran colocar sus peones, en un último intento de ser llamados a dialogar. El pasado sábado, Cepyme -en tiempos vinculada a CEOE- se mostró especialmente virulenta contra su no inclusión en las negociaciones. Al tiempo, con ignorado objetivo, anunció su propósito de convocar a través de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Madrid, una manifestación empresarial, el próximo día 29, con recorrido de la plaza de Neptuno a Castellana, 3, sede del Ministerio de Economía. Según fuentes de CEOE, las invitaciones a negociar son cursadas por la vicepresidencia económica y su criterio ha sido convocar únicamente a esta patronal, otorgando al presidente, Carlos Ferrer, la posibilidad de incluir en su delegación a representantes de otras organizaciones, como Cepyme o el Círculo de Empresarios. Consecuentemente, fue invitado a acudir al palacete de Castellana, a la reunión del pasado jueves, un dirigente de Cepyme, que, sin embargo, declinó la invitación, insistiendo en que sólo acudiría en caso de que fuera convocada su organización a título individual. El mismo portavoz de CEOE calificó la postura de Cepyme de «intento desesperado de protagonismo personal por parte de un antiguo promotor», añadiendo que la gran patronal está dispuesta a verificar notarialmente el número de empresarios afiliados y que se encuentran al corriente del pago de cuotas.

Pacto por ley

En definitiva, toma cuerpo en los últimos días, de modo progresivo, la idea de que los eventuales pactos puedan quedar notablemente reducidos en su alcance o que, incluso, el Gobierno decida acometer una política de limitaciones salariales por la vía de ley, discutida en Cortes, con un pacto previo de compensaciones con las fuerzas políticas y sindicales. El alcance de esta hipótesis quedaría circunscrito a los primeros meses del próximo año, a la espera de la definición del calendario político, que no parece probable se produzca antes de final de año, tras la ratificación en referéndum del nuevo texto constitucional.