Ironías y ataques mutuos de socialistas y centristas en el Pleno del Congreso

Los diputados centristas y socialistas se esforzaron ayer, en el Pleno del Congreso, en mostrarse mutuamente los dientes y ofrecieron la impresión de que la etapa del consenso ha concluido. El diputado del PSOE Manuel Marín provocó la subida a la tribuna de oradores del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, a propósito de la irregular promulgación de un convenio. La aprobación de un crédito extraordinario superior a 442 millones de pesetas para subvencionar la adquisición de papel prensa desencadenó la acusación de Javier Solana a UCD por no haber pagado Adolfo Suárez tasa de publicidad en el discurso que cerró el congreso de su partido.

La primera polémica planteada, con ironías y ataques mutuos entre los socialistas Rodolfo Guerra, Eduardo Martín Tovar, Ana María Ruiz-Tagle y Gregorio Peces-Barba, por una parte, y los diputados de UCD José Luis Ruiz Navarro y Eugenio Ales, por otra, tenía como base el intento fallido de los socialistas catalanes de modificar los artículos 98 y 99 de la vigente ley de Procedimiento Laboral. La tesis socialista era impedir que la acción por despido pueda caducar, por estimar suficiente su prescripción -cuyas consecuencias para el despedido son menos drásticas en favor de determinadas situaciones de paro y de falta de indemnizaciones como consecuencia de la caducidad de la acción.

La proposición dé ley socialista había sido rechazada por la Comisión de Justicia -hecho que ocurre por primera vez en la Cámara respecto a una proposición de ley tomada en consideración-, y el Pleno ratificó, por 144 votos a favor, 99 en contra y cinco abstenciones, la decisión de la Comisión, no sin que antes los diputados citados se sumergieran en intrincadas discusiones de carácter de tipo jurídico, salpicadas de ataques políticos. El único argumento que pareció ser la rnadre del cordero del debate fue el expuesto por Eugenlo Ales sobre las dificultades que se plantearían a las empresas si se admitía la propuesta socialista, al poder exigírseles el pago de varios años de salarios de tramitación en los casos de despido no justificado.

Por Alianza Popular, Pedro Mendizábal se felicitó de la decisión adoptada por UCD, que «por fin había recapacitado». El señor Martín Tovar señaló que ese argumento no convencía a los socialistas porque sólo protegía a una de las partes afectadas: a las empresas. Por su parte, Gregorio Peces-Barba aludió a la coherencia de AP y al desorden de UCD en defensa de una peculiar concepción de la empresa perjudicial para los trabajadores.

Reservas no debatidas

El Pleno del Congreso aprobó a continuación un total de diez convenios internacionales relativos, entre otros temas, a cooperación técnica entre España y Guatemala, vacaciones de la gente del mar, seguridad social, actas de la Unión Postal Universal, trigo, y varios en relación con el registro internacional de marcas. Todos ellos obtuvieron una práctica unanimidad de votos a favor.

En relación con el primero de los convenios sometidos a votación, el diputado socialista Manuel Marín preguntó al presidente de la Cámara si existía alguna reserva por parte del Gobierno o de algún grupo parlamentario sobre el convenio en cuestión, El presidente contestó que no constaba ninguna reserva y la votación continuó normalmente. En el trámite de la explicación de voto, el señor Marín justificó las razones de su pregunta inicial en que hacía unos meses la Cámara había aprobado otros textos sin reservas que posteriormente habían sido alterados. Aludió concretamente a la convención del estatuto de los refugiados, aprobado por unanimidad en el Congreso y. en el Senado y que, sin embargo, el 21 de octubre de este año fue publicado en el Boletín Oficial del Estado con declaraciones y reservas por parte del Gobierno no debatidas ni comunicadas a los parlamentarios. Destacó la gravedad de que el Gobierno altere la voluntad soberana de las Cortes y reforme unos acuerdos que deben ser intocables. Por último, exigió una explicación del Gobierno y entregó al presidente de la Cámara, un escrito.

El señor Alvarez de Miranda expresó su sorpresa por el planteamiento de la cuestión en una explicación de voto y cedió la palabra al ministro de Asuntos Exteriores, que la había solicitado. Marcelino Oreja manifestó que compartía la preocupación del señor Martín, como lo demostraba la carta dirigida al presidente de las Cortes - y que leyó- por no haberse publicado los textos de las reservas que hizo en su momento el Gobierno y que estuvieron a disposición de los parlamentarios junto con el resto de la documentación remitida a las Cortes por el Gobierno. El señor Oreja manifestó su disponibilidad para que se estudiara una fórmula que subsanara el error cometido y permitiera el debate y la aprobación parlamentaria de las citadas reservas que, por otra parte -añadió-, «no restringen sino que amplían los derechos convenidos».

El presidente de la Cámara manifestó que la cuestión era ajena al orden del día y que la Mesa tomaría la decisión procedente, por lo que cortaba. el debate sobre este tema.

Más tarde, con ocasión de la aprobación de un crédito extraordinario por un importe de 442.616.346 pesetas para subvencionar la adquisición de papel prensa de producción nacional, el diputado socialista Javier Solana dio cuenta del voto favorable de su grupo, pero añadió que no creía que así se resuelvan los problemas de la prensa, afectados por la competencia casi desleal que les hace Televisión. Cuando manifestó que «nos podríamos haber ahorrado este crédito si el presidente del Gobierno hubiera pagado en tasas de publicidad su discurso final en el congreso de UCD», los diputados de UCD abuchearon al socialista.

La aprobación de un crédito superior a 1.700 millones de pesetas para la adquisición de la compañía Transmediterráne a dio ocasión al socialista Emilio Alonso Sarmiento a expresar su alegría porque UCD «se decida por las nacionalizaciones, aunque sea en contra de las decisiones de su Congreso».

Antes de iniciarse el debate sobre el orden del día, los diputados guardaron un minuto de silencio por la muerte del magistrado señor Mateu. El presidente del Congreso, señor Alvarez de Miranda, condenó el crimen, perpetrado en una persona -dijo- «inserta en un cuerpo destinado a cumplir una función primordial de independencia y objetividad, como es el poder judicial»