La enmienda vasca

LA APROBACION por la Comisión senatorial de la disposición adicional, que saca fuera del marco constitucional la actualización de los derechos históricos de los territorios forales, ha descolocado por entero las posiciones de los jugadores. Que hayan sido tres senadores reales -y paradójicamente, dos de ellos catedráticos de Derecho Constitucional- quienes decidieron, en última instancia. en favor de esa cláusula viene a dar la razón a los partidarios de la abolición de esa figura en la próxima Cámara alta. Pero más embarazosa resulta todavía la posición del PSOE, un partido comprometido teóricamente con la modernización y el igualitarismo, pero que, por razones tácticas, ha dado su voto a una enmienda que nos retrotrae a los usos y costumbres feudales y que consagra principios de privilegio y particularismo. El juego de despropósitos no acaba aquí. porque resulta.- además. que el contenido programático y la base social del PNV y de UCD, abiertamente enfrentados en el tema de la reintegración foral, son lo suficientemente parecidos como para convertirlos potencialmente en aliados.Si la ratificación en el Pleno de la enmienda aprobada en la Comisión dependiera de criterios estrictamente técnico-jurídicos, sería muy difícil no pronunciarse en contra. Una disposición adicional de la Constitución que saca fuera de la misma -en cuyo articulado se detalla con toda prolijidad el capítulo de las autonomías- el tratamiento de la autonomía vasca y lo confía a lo que pudiera resultar de negociaciones entre los representantes de Euskadi y el Gobierno (ni siquiera las Cortes) del Estado es un absurdo digno de la pluma de Lewis Carroll. Máxime cuando la materia de esas discusiones bilaterales son los imprecisos derechos históricos de una comunidad campesina que los perdió en 1839 y que, por añadidura, se ha convertido en el siglo y medio transcurrido en una sociedad industrial avanzada, cuya población es, casi al 50%, de origen castellano, andaluz o extremeño.La formalización constitucional del derecho del País Vasco a situar por encima de la propia norma fundamental los usos de - sus lejanos antepasados es algo más que un ,anacronismo. Cabe temer que esa consagración suscitaría, en el inmediato futuro, mayores males que los que ahora se desean atajan. A partir de entonces, no sólo el PNV, sino también la izquierda abertzale, podrían rebuscar en los arcones de los tatarabuelos atribuciones y privilegios que ofendan no sólo los valores de los poderes fácticos, sino también los sentimientos del resto de los españoles. La Constitución, así, reconocería el derecho de más de dos millones de ciudadanos a situar su vida pública y sus negocios privados en un espacio político y jurídico cuyos parámetros no estarían establecidos por la norma fundamental, sino por la interpretación que pudiera darse a un impreciso cuerpo de cartas y privilegios anteriores a la España moderna.

Hasta aquí, todo parece claro e inequívoco. Las cosas son, sin embargo, bastante más complicadas. Porque no nos enfrentamos con un ejercicio de hermenéutica jurídica, sino con un problema político de enorme gravedad. Una cadena de estupideces, errores e intransigencias ha llevado a que la Comisión Constitucional del Senado aprobara la disposición adicional, pero también a que con esa aberración histórica y jurídica, se abra una perspectiva de paz en el País Vasco y una dulcificación de la rígida actitud del PNV. Los nacionalistas vascos no sólo votarán contra la Constitución si su enmienda no se aprueba, sino que, además, lo harán con la justificación moral de haber sido, una vez más, engañados, humillados y ofendidos. En cambio, es muy probable que votaran a favor si los derechos históricos fueran reconocidos en el texto.

El PNV anuncia ahora, por boca de calificados portavoces, su disposición a dar una «interpretación auténtica» de sus deseos que tranquilice al resto del país acerca de sus propósitos futuros. Esta puede ser la salida de urgencia de una situación convertida en catastrófica por la torpeza y el partidismo de unos y otros. Porque lo realmente grave de la disposición adicional es la inexistencia de fronteras y de criterios para la actualización de los derechos históricos. Si la inteligencia y la buena voluntad de las partes en conflicto consiguieron establecer claramente los límites para la vigencia de las normas y usos anteriores a 1839. los aspectos formales y retóricos del problema perderían importancia. La cuestión básica es lograr que el fantasma. de las exenciones al servicio militar, del pase foral o de las aduanas ingresen definitivamente en el mismo mundo de. ultratumba que la sociedad campesina vasca anterior a las guerras carlistas. Ciertamente. es importante la Constitución formal. Pero todavía lo es más la Constitución real, el entramado de fuerzas políticas, de valores compartidos y de prácticas que forman el suelo de la convivencia de una sociedad y de sus instituciones. La incorporación del nacionalismo vasco al arco constitucional sería, para la pacificación de Euskadi, un paso dado con la bota de las siete leguas.

Si la «interpretación auténtica» dada por el PNV de los criterios y fronteras para la actualización de los derechos históricos coincide con la irrenunciable exigencia dé que la Constitución sea la norma fundamental de todos los españoles, incluidos los vascos, y es expuesta con la claridad, formalismo y rigor que las circunstancias exigen, la disposición adicional, al final de la Constitución, podría ser una contribución a la paz en Euskadi. La negativa de UCD a una negociación sobre estas bases haría recaer sobre el Gobierno todas las, responsabilidades que implicaría empujar a los nacionalistas vascos a una oposición irreductible. Y si el PNV no admitiera las limitaciones históricas y políticas de unos derechos en desuso desde hace siglo y medio, rompiera los principios de solidaridad e igualdad propios de una sociedad moderna e instalara su campamento fuera de la normativa común que obliga a todos los españoles, habría, que resignarse a su voto adverso a una Constitución cuyo texto, de todas formas, no consideraría vinculante para sus representados.