Grave crisis social en Perú por las exigencias del FMI

Las últimas medidas tomadas por el Gobierno peruano, forzado por el Fondo Monetario Internacional, para paliar en alguna medida la gravísima crisis económica que sufre el país, pueden conducir al Perú a la debacle social. Dirigentes de los partidos políticos y diversos observadores no ocultan sus temores de que la ola de huelgas que sufre el país, sumadas al enorme clima de descontento producido por las recientes decisiones gubernamentales, provoquen sangrientos estallidos de violencia.Para reducir el déficit fiscal, calculado en 34.000 millones de pesetas, el Gobierno del general Morales Bermúdez decretó una criba de funcionarios públicos, que puede provocar el desempleo de unas 60.000 personas. El Gobierno piensa que, con esta medida, puede ahorrar 5.200 millones de peseta anuales. Pero 70.000 personas puestas en la calle de un solo golpe unidas a otras tantas decenas de miles de parados, pueden formar con los huelguistas mineros, empleados de banca y trabajadores de hospitales del Estado, un frente de conflicto social difícilmente manejable.

Parece que el Gobierno, aun considerando las graves consecuencias de la medida, está dispuesto a llevarla hasta sus últimas consecuencias. La única alternativa ofrecida afectaría a un cuerpo social mucho más amplio. Las autoridades económicas peruanas en efecto, han explicado que si el medio millón de empleados al servicio del Estado aceptan una reducción de sus salarios del 12%, podría evitarse el despido de los 60.000 compañeros.

Es preciso señalar que el sueldo medio de los funcionarios públicos es de 91 dólares (7.200 pesetas), que con la propuesta de reducción, quedarían convertidos en ochenta (poco más de 6.000 pesetas). Muy pocos son los que se atreven a afirmar que se produzca el necesario sentimiento de solidaridad entre los empleados estatales para evitar el despido de 60.000 compañeros.

Todos estos problemas están directamente relacionados con las presiones que ejerce sobre Perú el Fondo Monetario Internacional, principal acreedor de Perú. La deuda externa de este país, de novecientos millones de dólares (70.000 millones de pesetas) en 1970 ha pasado a ser de 8.000 millones este año (640.000 millones de pesetas). Perú ni siquiera está en disposición de atender el 10% de los servicios de esa deuda.

Es preciso señalar, además, que en las cifras anteriormente citadas no se incluyen las deudas, que se suponen crecidas, contraidas con la Unión Soviética por las cuantiosas compras de material bélico realizadas durante la época del general Velasco Alvarado.

Para cubrir de alguna forma los servicios de la deuda exterior, Perú solicitó hace poco al Fondo Monetario Internacional un nuevo crédito de doscientos millones de dólares ( 1.600 millones de pesetas). Las autoridades del Fondo exigieron al Gobierno peruano, para acceder a su petición, una serie de medidas de política económica que supusieron, básicamente, aumentos muy considerables en los precios de los artículos de consumo de primera necesidad. Después del anuncio de estas medidas, en mayo último, estallaron violentísimas manifestaciones que produjeron un saldo oficial de veinticuatro muertos, aunque dirigentes políticos aseguran que el balance real es mucho mayor.

La anunciada decisión de despedir a 60.000 empleados públicos corresponde, igualmente, al «paquete» de imposiciones del FMI para acceder a las peticiones peruanas. Una vez en vigor las medidas, se espera el anuncio de una moratoria de tres meses para los pagos ya vencidos y la concesión de un nuevo crédito de doscientos millones de dólares. Lo imprevisible, de todo punto, es la reacción popular ante estas medidas.