Inminente presentación de la ley de Autonomía Universitaria

Para el próximo jueves el Ministerio de Educación y Ciencia ha convocado una reunión de la Junta Nacional de Universidades y otra del Consejo de Rectores. Si bien no existe orden del día oficial para la reunión, todo hace prever que en ella el Ministerio comunicará el anteproyecto de ley de autonomía universitaria que ha elaborado. Tras esta comunicación a los rectores, el anteproyecto será entregado a los distintos partidos políticos (véase EL PAÍS de 10 de junio). Fuentes oficiales del Ministerio han señalado a la redacción de EL PAÍS que el anteproyecto es un material de trabajo sobre el que los rectores deben decidir.

Por otro lado, este fin de semana ha sido ya entregado a los dirigentes políticos catalanes Reventós y Triginer (Socialistas de Cataluña), Gutiérrez Díaz (comunista), Pujol y Roca Junyent (Convergencia Democrática de Cataluña), un documento elaborado por el Consell Interuniversitari de Catalunya, organismo de coordinación creado por las juntas de gobierno de las tres universidades catalanas, que constituye un verdadero proyecto de pacto universitario. La idea de un pacto universitario con los partidos catalanes fue lanzada por el profesor Badía Margarit, rector de la primera universidad catalana, en su discurso de toma de posesión, y fue recogida especialmente por Miquel Roca Junyent. El día 1 de mayo tuvo lugar una cena entre los tres rectores y los dirigentes políticos antes citados (con Marta Mata en representación de Joan Reventós). En la cena, los políticos instaron a los tres rectores la elaboración de una serie de propuestas que pudieran ser asumidas por los partidos representados. El resultado es el documento de referencia.El documento representa, por otra parte, un serio intento de superación del callejón sin salida en que se encontraban los procesos de claustro en las tres universidades catalanas. En frase de un vicerrector, «es una destilación de los elementos positivos y aceptables de los procesos de claustro que supone, por tanto, la marginación definitiva de todos sus detalles innegociables y demagógicos». En este sentido es la culminación de la cuadratura del círculo conseguida por el equipo Badía Margarit en la primera universidad barcelonesa, al hacer aceptar al propio claustro que el estatuto del profesorado que en él se había elaborado no fuera determinante a la hora de la verdadera negociación de una salida a la actual situación universitaria.

La fase de elaboración del documento ha coincidido con un hecho hasta este momento insuficientemente divulgado y que, sin duda, no es extraño a las prisas que el ministerio ha querido imprimir a su proyecto. El día 17 de mayo, la Universidad Complutense de Madrid adoptaba un acuerdo en relación con la autonomía de las universidades en la selección del profesorado. En aquel acuerdo se decía: «Existen algunas universidades del Estado español que han solicitado del ministerio, con éxito evidente, que las plazas de profesores numerarios que tienen adscritas no sean cubiertas por concurso de traslado ni por oposición, hasta que puedan, por disposición de ley, seleccionar autónomamente su profesorado numerario. La Universidad Complutense de Madrid considera que en las actuales circunstancias la solución adoptada para las universidades catalanas es la única viable, de acuerdo con la ley, para evitar que en este período de transición se produzcan los males señalados por la utilización de un sistema de selección del profesorado numerario que no cuenta con el parecer de las facultades más que en escasísima medida, y solicita por ello que, de momento, no salgan a concurso de traslado u oposición plazas de profesores numerarios adscritos a esta universidad, nada más que en el caso de que la propia universidad lo solicite expresamente a las autoridades ministeriales.»

Si hasta este momento la posición de las tres universidades catalanas había alcanzado en el mundo universitario mucha más oposición que acogida favorable, con la excepción de la Universidad Autónoma de Madrid el enfrentamiento de la Universidad Complutense con los criterios ministeriales podía llevar con rapidez a que la balanza se decantara en contra del Ministerio. Este proceso ha querido ser atajado con una rápida puesta en marcha del proyecto de ley de autonomía universitaria.

La finalidad y la urgencia del proyectado pacto universitario entre partidos y universidades catalanas es dar al traste con el proyecto legislativo del Gobierno. Ambas partes saben que de esta batalla depende todo. De ser perdida por el Ministerio representaría el fin de su control de la enseñanza universitaria. De ser perdida por las universidades catalanas implicaría la liquidación de sus viejos proyectos autonómicos. Hay que añadir que, en este caso, el control estatal podría ser tan grande que incluso el futuro estatuto de autonomía de Cataluña no pudiese ni tan siquiera contemplar el tema universitario.

Por ello, las universidades catalanas van a jugar fuerte y en un solo sentido: intentar evitar el consenso parlamentario de los partidos en torno al proyecto ministerial. Evidentemente, el ministerio desea todo lo contrario. No hay duda que la batalla será de altura y mostrará hasta qué punto los partidos de ámbito estatal consideran como propio un tema que gira en torno a la autonomía y el autogobierno. En este sentido será un buen preludio de la batalla parlamentaria para el logro de los estatutos autonómicos.