Las subvenciones a los centros de enseñanza han contribuido a acentuar la discriminación social

A falta de su debate en el Pleno, el tan disputado artículo veintiséis de la Constitución garantiza a todo ciudadano el derecho a dar a sus hijos la enseñanza religiosa que quiera, ya sea ésta católica, baptista, copta o ninguna; además, si uno no está contento con ella, o simplemente no le gustan las escuelas públicas y privadas a su alcance, puede crear un centro por su cuenta y riesgo, donde se enseñen a su gusto las materias, religiosas o laícas, que considere convenientes; no sólo le garantiza la Constitución el derecho a hacerlo, sino que obliga al Estado a financiarlo. A cambio, los pode res públicos exigirán al centro ciertas condiciones materiales y de funcionamiento, y lo mismo por lo que concierne a los planes de estudio cuando se quiera que los títulos sean reconocidos oficialmente.Queda así fijado en la Constitución el derecho a la libertad material, y no sólo formal, de enseñanza. El ciudadano puede crear libremente centros, de parvularios a universidades, y el Estado le ayudará «en las condiciones que fije la ley». Naturalmente, la cuestión reside ahora en saber cuáles son esas condiciones; como, según otro de los párrafos del artículo, la enseñanza básica debe ser obligatoria, pero también gratuita, las ayudas a esta enseñanza habrán de posibilitar la gratuidad, que quiere decir que, como mínimo, habrán de ser iguales al coste de un puesto escolar estatal.

Una Constitución no puede ni debe decirlo todo para no convertirse en un particular programa de Gobierno o en una permanente limitación a cualquier programa de Gobierno. Como muchos otros artículos de esta Constitución, los que aquí nos ocupan y consagran con rango constitucional una situación de hecho discutible y discutida, hija de ningún derecho, v sí resultado de una desgraciada combinación de demagogia gubernamental y transparentes intereses privados.

Madrid: siete de cada diez centros son privados

Tomemos, por ejemplo, el caso de Madrid. Tres de cada diez centros son estatales y, por ende, gratuitos, salvo permanencias y material. Los otros siete son privados; lo que significa que, mientras no se demuestre lo contrario, y salvando excepciones, la enseñanza se concibe en ellos como una inversión en un negocio que tiene que ser rentable. De estos siete centros privados, aproximadamente tres pertenecen a institutos eclesiásticos de uno u otro tipo, y los otros cuatro a simples particulares. Quizá algo más de la mitad de entre ellos estén subvencionados por el Estado, casi siempre totalmente.

Establece la ley que los centros que el Estado subvenciona deben ser gratuitos y deben estar abiertos por igual para todos. Ahora bien, como todo el mundo sabe, buena parte de estos colegios a los que el Estado ayuda no son ni mucho menos gratuitos, y en vez de estar abiertos a todos, en realidad están vedados a muchos.

No son abiertos, porque practican procedimientos de selección indirecta mal disimulados y sumamente eficaces. ¿Quién se matricula, en realidad, en un centro, situado en un barrio de clase media o media alta que da preferencia a los alumnos que más cerca viven y a aquellos que son hijos o hermanos de ex alumnos? ¿O en otro situado en el extrarradio que no tiene en cuenta la distancia, pero que no tiene sistema de transporte gratuito?

Como hemos oído comentar mil veces, tampoco son gratuitos; pero en realidad, tampoco está tan claro que tengan que serlo según el texto del artículo veintiséis. Pues, ¿acaso el Estado, que garantiza con este texto la libertad de enseñanza, va a privar a los centros de esa misma libertad para organizar actividades voluntarias como excursiones, ballet, guitarra o equitación, u otras enseñanzas no regladas? O bien, ¿va a poder el Estado, que garantiza la participación de los padres en la gestión de los centros impedir que subvengan por sus propios medios a aquellos gastos extraordinarios que no queden cubiertos por las ayudas estatales? Estas prácticas pueden o no ser legales, y pueden no gustarles a algunos padres que se creyeron lo de la gratuidad; pero la respuesta de que la culpa es suya por llevar a sus hijos a colegios por encima de sus medios no es tan cínica si consideramos que, en todo caso, son bien difíciles de impedir.

Los colegios privados no subvencionados reclutan a sus alumnos, por razones parecidas, en los dos extremos opuestos de la escala social: o son de los llamados colegios de «elite» o están instalados en malas condiciones en barrios nuevos y suburbiales, sin alcanzar a veces los requisitos mínimos impuestos por la ley. No es raro que en ellos maestros, con o sin título, disciplinen cotidianamente sesenta o setenta niños cuyos padres pagan por ello quinientas pesetas mensuales. La enseñanza no es así gratuita para la élite, que no la quiere, y para una buena parte de las clases obreras urbanas que tienen que pagar la pobre enseñanza que pueden adquirir.

Cada nuevo inspector celoso amenaza con cerrar esta clase de centros, pero al cabo tiene que conformarse con que se arregle un lavabo o se pinte una pared, pues simplemente los niños no tienen otro sitio donde ir. Con la actual distribución de recursos, no hay medida administrativa capaz de impedir estas situaciones. La selección depende de factores ecológicos y, económicos que ni el más celoso inspector puede controlar. os americanos acaban de poner en práctica un sistema para eliminar las discriminaciones de este tipo en sus escuelas: cuotas obligatorias y transporte obligatorio (busing) para los centros. Por desgracia, es un sistema que prefiere la igualdad a la libertad de enseñanza y que, probablemente, no fuera, a ser más popular aquí que lo está siendo en Boston.

La alternativa becas-subvenciones

Entre otras cosas, la triple disposición de gratuidad, ayuda a los centros y gestión de los padres, signi ica en la práctica una beca o subvención indiscriminada para aquellas famillas cuyo estilo de la vida les permita acceder a centros subvencionados, es decir, una beca para familias sobre todo de clase media y media alta, pues también hay centros subvencionados semigratuitos populares.

El sistema de becas, cuyas cuantías han quedado reducidas a la insignificancia como consecuencia de la inflación, pretendía favorecer a los alumnos pobres siempre que, además, fueran trabajadores e inteligentes. Las subvenciones a los centros, que han crecido de modo vertiginoso desde su implantación, favorecen a cualquier alumno siempre que lo admitan en un centro subvencionado. Resulta así algo menos equitativo en su principio, que el otro: da a cualquiera lo que sólo no pueden recibir los pobres que tienen que asistir a colegios tan malos que no son subvencionados. Como dice el evangelio: «A todo el que tenga, se le dará y le sobrará, pero al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará» (Mateo, 25-29).

Una pequeña excursión por los campos de la ciencia económica tal vez ayude a precisar lo que significa en la práctica la constitucionalización de este principio evangélico. Los economistas llaman « elasticidad- ingreso » de un bien a la proporción en que su consumo aumenta en relación a los ingresos de uno. Así, un artículo como el calzado, cuyo consumo no aumenta nada o incluso disminuye según la gente tiene más, se le calcula una elasticidad de alrededor de cero, y se clasifica como bien inferior; un artículo como el canzado, cuyo consumo crece en menor proporción que los ingresos de la gente, resulta tener una elasticidad cercana a uno, y se clasifica como bien de primera necesidad, etcétera. Y en fin, un biencomoel turismo, cuyo constimo crece a ritmo doble o triple que el de los gastos totales. tiene elasticidad de dos o de tres, y es, en cualquier caso, un bien de lujo, es decir, algo que uno puede permitirse cuando uno ya no tiene otra cosa en qué gastar.

La enseñanza, artículo de lujo

Pues bien, a juzgar por las cifras del cuadro adjunto, los gastos de enseñanza son en España prácticamente gastos de lujo, su elasticidad-ingreso es mayor o está muy próxima a dos, y esto tanto en 1958 como en 1974, es decir, tanto antes como después del sistema de subvenciones. Obsérvese que no es la educación, sino los gastos en ella, la educación de pago, la que se comporta así. Y obsérvese que no se debe ello a que la educación sea gratuita para todos menos para los muy ricos, pues la situación no ha variado con las subvenciones; más bien parece que los padres siguen gastando dinero en educación, y que si la básica resulta más barata «adquieren» más de otra (aunque no sólo). Por cierto, que tampoco implica estas cifras que los padres se gasten en ensenanza el primer dinero que no necesitan para alguna necesidad más urgente, pues casi todas las cosas les resultan más urgentes: en 1959, es decir, el momento más desfavorable para lo que queremos decir, la elasticidad-ingreso de la educación, sólo estaba por debajo de artículos como el whisky, las vacaciones y el servicio doméstico. Sólo cosas como estas valoraban los padres por debajo de las ventajas de dar a sus hijos una educación «de pago».

Discriminación en favor de los más acomodados

Si estos cálculos son correctos, la «ayuda a los centros» equivale a un cheque escolar que discrimina positivamente a las familias más acomodadas frente a las menos. Entre sus consecuencias económicas se encuentran una mayor demanda de whisky, cruceros marítimos y servicio doméstico con el dinero que antes dedicaban a pagar el colegio de sus hijos; lo cual seria un grado de welfare capaz de poner amarillos de envidia a los mismos suecos si no fuera porque, al mismo tiempo, este empleo de los recursos garantiza una menor demanda de leche, huevos y carne por parte de aquellas familias que sí que han de pagar por la educación de sus hijos en las peores escuelas. Téngase en cuenta que en los niveles de ingresos más bajos el gasto en educación es inelástico, es decir, hay que pagar necesariamente permanencias y libros.

Estamos frente a una concepción de los servicios públicos bastante diferente de la que rige en el resto de las esferas del Estado; los más avanzados liberales de la g real society de Jhonson propusieron una «renta mínima garantizada», pero no para los que tenían otras fuentes de renta. Se quedaron en la misma concepción del servicio público que rige, por ejemplo, para el seguro de paro, que no se paga al que trabaja, para la seguridad social, que no paga médicos privados, o para las carreteras, donde no se resarce de sus gastos extras a los que viajan en avión o en tren. Y sin embargo, hete aquí que, en un país donde uno no puede elegir el médico del seguro, tiene que pagar peaje en las autopistas y puede morirse de hambre si no le interesa a nadie explotar su trabajo, se ha llegado mucho más allá que en cualquier otro en punto a libertad de enseñanza: si a uno no le gusta la estatal, el Estado le paga la que prefiera... siempre que tenga el buen gusto de no «elegir» un colegio tan malo que no sea subvencionable.