Confuso futuro para la autonomía en la contratación del profesorado

Una muy grave crisis está planteada en las tres universidades catalanas, como consecuencia del callejón sin salida en que se encuentran los planes de los actuales equipos rectorales, tendentes a lograr una plena autonomía en la contratación del profesorado. Para ello habían decidido, meses atrás, la «congelación» de las oposiciones, con la renuncia a la adscripción de profesorado procedente de concursos estatales. Ahora, los partidos políticos catalanes muestran escaso interés por el tema y por lo menos un miembro de un equipo rectoral anunció ya su dimisión dentro del presente mes, si no se soluciona el problema de los «congelados»: profesores adjuntos con oposición ganada y que no pueden ocupar plaza en Cataluña.Los proyectos de estatutos del profesorado, presentados a los claustros y en los que se mezclan aspectos revolucionarios con otros ridículos, tampoco parecen representar una salida. Como última esperanza, los tres rectores catalanes solicitaron formalmente a la comisión mixta de transferencia de servicios del Estado a Generalidad que renuncie momentáneamente a ocuparse de la enseñanza media, para pasar a tratar el tema universitario. La Generalldad y el Ministerio de Educación y Ciencia no parecen interesados en intervenir en un conflicto ajeno, de difícil y traumática solución. Asimismo, los tres rectores catalanes cenaron, el pasado lunes, con los parlamentarios Jordi Pujol y Miquel Roca (Minoría Catalana), Josep M. Triginer y Marta Mata (Socialistas de Cataluña) y Antonio Gutiérrez Díaz (Grupo Comunista), para instarles a obrar en favor de las universidades catalanas.

La «congelación » proceso estatal de provisión de plazas universitarias fue inicialmente acordado por las universidades Politécnica y Central de Barcelona, seguidas por la Autónoma. La medida era considerada como un paso en favor de la afirmación de la autonomía universitaria y en contra de las desprestigiadas oposiciones. Provocó de inmediato un duro rechazo en ocasiones formal y con contrapartidas -caso de la Universidad de Salamanca- en el resto de Espana, por considerarse, de forma errónea, que era un procedimiento para evitar que profesores de fuera de Cataluña ejercieran la docencia superior en el principado.

Por parte de los rectores y sus equipos, cabe suponer que consideraron dicha medida como apta para recibir el apoyo de los sectores más progresistas, tanto universitarios como extrauniversitarios, hecho que, en estos momentos de cambio, los reafirmaría o prestigiaría en sus cargos. Es de recordar que en la Central fue tomada por el rector Joan Obiols, cuando ocupaba sólo interinamente el cargo, pero con probable voluntad de permanencia. Sin duda, por otro lado, valoraron la naturaleza del actual proceso autonómico de forma errónea: creyeron que sería más serio, más profundo y más rápido de lo que es.

El cambio se inscribía en el marco de los procesos claustrales, calificados repetidamente de «constituyentes», pero de confuso y dudoso reconocimiento por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.

La alternativa a la congelación eran, en efecto, sendos estatutos del profesorado aprobados por los respectivos claustros. Se sabía que el Ministerio y el bunker universitario los verían con pésimos ojos, pero para ello se contaba -nuevo error de apreciación- con el apoyo activo de los partidos de izquierda, vencedores en Cataluña el pasado 15 de junio.

Ahora, curiosamente, el proceso ideado por los equipos rectorales ha fallado de pleno y sin que el Ministerio haya tenido que pronunciarse en contra, cosa que, desde luego, hubiese hecho, de ser necesario, en el momento oportuno.

Los tres proyectos de estatuto de profesorado, ya presentados y en curso de debate en los claustros, tienen elementos comunes: marginación del doctorado, de las oposiciones y del control público, junto con una potenciación de las posibilidades docentes de los ayudantes, estamento formado por licenciados recién graduados. El más espectacular es el proyecto elaborado, durante meses, por una comisión ad hoc de la Autónoma. Este determina que la contratación del profesorado será efectuada por comisiones formadas en sus dos tercios por profesores, elegidos en asamblea, más un tercio de estudiantes y un representante del personal no docente. Todos tendrán voz y voto, con lo cual un conductor de autobús o un bedel deberán, por ejemplo, analizar y discutir la contratación de un profesor de Microbiología. Evidentemente, el proyecto ha recibido infinidad de enmiendas.