La esposa de Moro pide al Gobierno que no acceda a las demandas

Eleonora Moro, esposa del secuestrado presidente de la DC italiana, pidió ayer al Gobierno italiano que rechace las exigencias de las Brigadas Rojas para realizar un intercambio de su marido por los procesados de Turín, en un gesto de valentía que aumentó la tensión política en Italia, pero que redujo las escasas esperanzas de la policía de dar con el paradero de Aldo Moro y de poner así un fin feliz al secuestro.

La segunda jornada del secuestro pasó ayer sin que se tuviera ninguna noticia segura sobre la suerte del político italiano. La policía, que desplegó un récord de agentes a la investigación, sólo pudo dar con uno de los automóviles utilizados por los doce secuestradores, un Fiat 128, blanco. En el automóvil se detectó una mancha de sangre y se sospecha que uno de los activistas pueda estar herido como consecuencia de los disparos realizados antes de morir por uno de los guardias de escolta.Ayer, mientras se efectuaba la autopsia de los cadáveres de los cinco agentes de la escolta asesinados, el comité interministerial para la Seguridad e Información celebró una reunión sobre cuyas decisiones se mantiene el más absoluto secreto. Además de los altos mandos militares, asistió a la reunión el ministro de Asuntos Exteriores, a causa de las ramificaciones internacionales que hoy tiene este tipo de acciones. El comité interministerial coordina los servicios secretos italianos.

Mientras tanto, más de 2.000 agentes equipados con modernos chalecos antibala registraron casa por casa e inspeccionaron con la ayuda de perros todos los garajes y sótanos del barrio donde vive Moro, donde se sospecha que podrían estar refugiados todavía los secuestradores. Otros 30.000 hombres fueron alertados, esperando órdenes de intervenir.

El Gobierno, al que el Parlamento le dio ayer la confianza con un procedimiento de urgencia, no adoptó ninguna medida legal extraordinaria. El fiscal de la República, Giovanni de Matteo, que con otros veintiocho viceprocuradores voluntarios dirige personalmente la encuesta, recordó que el Gobierno podría declarar el estado de «peligro público», según la ley actual de seguridad de la República.

La opinión de todos los partidos de la mayoría del Gobierno confirma que no es necesario recurrir a leyes especiales para hacer frente a las acciones terroristas. El Partido, Radical y el Neofascista, de extrema derecha, propusieron la renuncia inmediata del ministro del Interior, Francesco Cossiga. Almirante, secretario del Movimiento Social (neofascista), propuso que sea sustituido por un militar y que el Parlamento apruebe una ley especial contra el terrorismo que contemple la pena de muerte.

A pesar del sentido de angustia, consternación y emoción colectiva que predomina en la opinión pública, se repiten los llamamientos de todas las fuerzas políticas a la serenidad y a «reaccionar con fuerza». En un editorial, el diario Corriere della Sera recordó ayer que no se debe ceder al chantaje de los terroristas que, secuestrando a Moro, «han asestado un duro golpe armado al corazón del Estado».

Casi toda la prensa puso de relieve la analogía del atentado y el secuestro de Moro con la técnica seguida por la banda Baader Meinhof, alemana, cuando secuestró y asesinó a Schelyer. El ministro del Interior difundió por radio y televisión la fotografía e identidad de veinte presuntos brigadistas, dando el número telefónico reservado (475 69 89) de la policía al que comunicar noticias o indicios, en la que es la operación policial más gigantesca de Italia en la historia de la República.

Movilizaciones

La respuesta de la clase obrera italiana fue unánime y puntual y aunque ayer se volvió al trabajo, tanto los sindicatos como el Partido Comunista pidieron la movilización de las masas. La dirección de la Democracia Cristiana se mantuvo reunida en sesión permanente y el presidente del Senado, Amintore Fanfani, abandonó su domicilio privado para trasladarse a vivir en el apartamento de representación que le corresponde en el Senado.El secuestro de Moro fue unánimemente interpretado como el «crimen político más grave» de los últimos treinta años.