El empleo comunitario financia el orden público

La principal solución, y casi única -al menos no se tiene noticia de que el Ministerio de Agricultura ni otros departamentos hayan comenzado la aplicación de soluciones de futuro, ni siquiera a corto o medio plazo-, para paliar los efectos del paro, que el paro en sí, es el empleo comunitario. Bajo esta eufemística denominación se encubre el principal objetivo del Gobierno Suárez en estos momentos: evitar incidentes, que el campo no arda. Y, ciertamente, el campo no arde, pues el Gobierno ha destinado, tan sólo a la provincia de Sevilla y para el primer cuatrimestre del presente año, 1.500 millones de pesetas para medidas urgentes de corrección del paro.A esta cifra -seguimos en Sevilla- hay que sumar los 825 millones de pesetas concedidos con cargo a los planes provinciales de 1977, autorizados ahora, y aún otros noventa millones más concedidos el pasado 13 de febrero con cargo a la Mutualidad Agraria. En total, la nada despreciable cantidad de casi 2.300 millones de pesetas que, entre empleo comunitario, planes provinciales y otros calificativos, suponen una auténtica subvención del orden público.

El propio Fernández Madrid confió a EL PAÍS que los fondos del empleo comunitario «se van por las alcantarillas». La fórmula del empleo comunitario supone la concesión de dinero destinado exclusivamente a pagar salarios por un trabajo para el que, alguien, los ayuntamientos, los vecinos, los comerciantes, la diputación o quien sea, pone los materiales necesarios y se pueden sanear ríos, limpiar acequias, arreglar una calle. Decimos que se pueden hacer esta serie de cosas porque, en la práctica, no se hacen. «No trabaja nadie. Las subvenciones que se concedan sin incluir los materiales necesarios para realizar el trabajo comunitario suponen dinero perdido», apunta por su parte un alto funcionario de la Delegación de Trabajo en Sevilla.

El salario que perciben los beneficiados por el empleo comunitario es de 738 pesetas por una jornada teórica de siete horas y veinte minutos. Este salario, sólo para mayores de dieciocho años, se ha establecido de acuerdo con el mínimo interprofesional, incrementado por las partes proporcionales a las pagas extraordinarias de Navidad y julio.

Que esto es así, lo ratifica un alto funcionario gubernamental al comentar a EL PAÍS la dimisión del alcalde de Lebrija. «El alcalde se ha quitado de encima el mochuelo, asustado, y yo comprendo que esté asustado. Los jornaleros van por allí, piden el dinero, se lo dan y se marchan a casa. Es lo que se llama hacer el comanche. El comanche es el dinero que los alcaldes no han sabido administrar. Pero, en el fondo, han conseguido algo que es orden público, han financiado orden público, no ha habido incidentes.»

«Muchos alcaldes, los que no saben estar en su sitio, los que son débiles, cuando llegan estos tíos se van al Gobierno Civil. El gobernador libra el cheque, llegan allí, lo hacen efectivo y se pone ahí un tío en la puerta y paga, pues, como el padre da la propina a sus hijos el domingo. Que yo he estado trabajando; no trabaja nadie. Eso es lo que se llama hacer el comanche. Se junta una cuadrilla de quince o veinte tíos, se van a la primera finca que encuentran, recogen ramas, palos y leña, pegan fuego y como los indios, a pasar allí la mañana. Y, claro, ese dinero, parte de él, se va por el alcantarillado, te lo digo con toda honestidad. Repito que me tranquiliza mi conciencia el saber que, por lo menos, se financia el orden público.»