Gobierno y Oposición tratan de evitar el estallido del campo

El campo andaluz no arde, aunque los obreros agrícolas están al límite de la desesperación a causa del índice de paro que soporta la población rural de las ocho provincias de Andalucía. Los casi 100.000 jornaleros que permanecen en paro, sin cobrar seguro de desempleo ya que están fuera del régimen general de la Seguridad Social, suponen, sin embargo, una seria amenaza para la estabilidad democrática y, conscientes de ello, las fuerzas sindicales y políticas con implantación entre el campesinado se esfuerzan por controlar la situación y evitar que los obreros agrícolas en su desesperación, sobrepasen en sus acciones todos los límites que se les quiera poner. Junto con el responsable comportamiento de las fuerzas de izquierda, el Gobierno, a través de los fondos destinados al empleo comunitario, subvenciona el orden público en evitación de que el ambiente explosivo que conduce el hambre que, como realidad física se deja sentir en algunos casos, desencadene una espiral de violencia de consecuencias imprevisibles.

Esta es, en resumen, la situación en el campo de Andalucía, en el que según las cifras más fiables -la falta de datos exactos es otra de las dificultades a la hora de evaluar el auténtico alcance del problema del desempleo en el sector agrario- hoy se encuentra en paro un 24,75% de los 390.000 jornaleros que componen el censo de trabajadores agrarios de las ocho provincias andaluzas. De los 96.500 jornaleros que actualmente no tienen ocupación, la provincia de Sevilla contabiliza 27.500, lo que supone un índice de paro del 35,6% y coloca a esta provincia a la cabeza de la conflictividad que tal situación origina. No obstante, Almería y Cádiz registran aún mayor índice de paro: la primera de ellas soporta un 51,7% de desempleo (es decir, 9.000 obreros sin trabajo sobre una población agrícola activa de 17.400); Cádiz cuenta en la actualidad con 18.000 parados entre los 37.896 jornaleros que figuran en su censo, es decir un 47,5%.A la tradicional marginación del campo ha venido a sumarse en la actualidad la dura crisis económica que atraviesa el país. «La solución a los problemas del campo no puede buscarse en el campo, sino en la economía general del país, pues en su deterioro reside la crítica situación en la que se encuentra la agricultura en general y, particularmente, en Andalucía», según declara a EL PAÍS el diputado ucedista por Sevilla, Jaime Garcia Añoveros.

El freno que la crisis económica en Europa ha supuesto para la emigración española, unido al creciente índice de paro en los demás sectores de la producción en nuestro país (la construcción, fundamentalmente, y la hostelería por temporadas, absorbían buena parte de la mano de obra que el final de las campañas dejaba desocupada) ha colocado al campo andaluz en una difícil situación, agravada más aún por la falta de una auténtica política agraria, cuya carencia anima el abstencionismo inversor del empresariado agrícola.

El Gobierno, antagonista

Hoy la crisis no enfrenta tanto al jornalero y pequeño propietario de tierras con el terrateniente andaluz, como con el propio Gobierno, ejecutor de una política económica básicamente monetarista que, empeñada en frenar la inflación, potencia el desempleo. Hoy son también los propios terratenientes -aunque menos afectados, dado que cuentan con la reserva de fondos que los buenos años les han permitido constituir- junto con los medianos propietarios -los pequeños propietarios, en muchos casos, padecen tales dificultades económicas que se pueden incluso solidarizar con los jornaleros quienes padecen el abandonismo político en el terreno agrícola. La incertidumbre ante unos precios agrarios fijados al margen del más mínimo cauce democrático, la falta de planificación de cultivos, la presión social que dificulta la mecanización de las tierras y, en definitiva, la ausencia de una política exportadora, retienen las inversiones. Por otra parte, la insolidaridad de un sector del capital tradicionalmente reaccionario, que históricamente ha supuesto el más serio impedimento para abordar la reforma agraria a cuya enunciación se recurre siempre que, como en la actualidad, la tensión social en el campo amenaza con estallar, dificulta la reconversión de unas tierras que por desinterés de sus propietarios permanecen sin explotar, mientras que la población activa del campo andaluz («amamos la tierra y no queremos salir de ella, sino poder trabajarla») padece el más elevado índice de paro registrado desde la guerra civil.

En este clima, el extremismo reivindicativo de una de las fuerzas sindicales con implantación en el campo andaluz, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC, integrado en la CSUT), concluyó la pasada semana las jornadas de lucha que viene propiciando en Andalucia con el llamamiento a la ocupación de fincas abandonadas o mal explotadas. Pese al carácter simbólico de las ocupaciones -que llegaron a consumarse en Lebrija, localidad sevillana en la que unos quinientos jornaleros ocuparon durante algo más de una hora una finca del Iryda- el alarmismo creció tanto en los medios oficiales como en los sectores económicos no sólo de la región andaluza, sino de todo el país.

Lo que el profesor Malefakis, experto conocedor del tema agrario en nuestro país, calificaría de «jornada histórica» supuso, en efecto, un escalón más en la lucha del campesinado. La jornada, pese al limitado eco de la convocatoria, fue importante y demostró, como escribíamos al principio, que el campo está controlado, que la desesperación está contenida, aunque nadie pueda asegurar por cuánto tiempo.

El presidente del SOC, Gonzalo Sánchez, declaró a EL PAÍS que esta fuerza sindical «actúa de manera responsable, como sindicato de clase que es, y dirige a las masas sin llevarlas a enfrentamientos sangrientos que tampoco supondrían una solución al problema. Sin embargo, las ocupaciones han permitido crear una corriente de atención hacia el campo y ello nos indica que estamos en el buen camino, por lo que reforzaremos la lucha. Si el Gobierno no acaba con el paro, llegaremos a las ocupaciones reales de fincas y no seremos nosotros quienes impidamos a los trabajadores hacerse con la tierra que les pertenece».

La jornada de ocupaciones, el pasado 28 de febrero, supone la más reciente manifestación de la proximidad en que se encuentra el campo andaluz de alcanzar el temido punto sin retorno. Y, sin duda, supuso para el Gobierno un duro toque de atención acerca del grado de desesperación en que se encuentran los obreros del campo.

El PSOE quiere serenar los ánimos

El principal partido de la Oposición, a través del secretario regional del PSOE de Andalucía, José, Rodríguez de la Borbolla, coincide en calificar de límite la situación, aunque rechaza los métodos de lucha del SOC -«cuya vinculación al Partido del Trabajo, actualmente fuera de donde se hace la política, le fuerza a posturas extremistas»-, por lo que apoya el llamamiento unitario que hiciera unitariamente con CCOO para la huelga general del pasado día 21. «Como muestra de responsabilidad de las centrales mayoritarias, ante la convocatoria ultrancista del PTE, vimos la necesidad de serenar los ánimos, aunque pareciese una contradicción, aun a costa de la movilización popular.»

«Porque la gente de los pueblos te llamaba y te decía: mira, que como mañana es la huelga general, hemos pensado tomar el Ayuntamiento; como mañana es la huelga, hemos pensado manifestarnos ante el cuartel de la Guardia Civil. La gente está desesperada, auténticamente desesperada. Si no, no se entiende de otra manera los 1.500 millones de pesetas que el Gobierno ha puesto a disposición de la provincia de Sevilla, sólo para el primer cuatrimetre, para paliar los efectos del paro. Era un acojono permanente.»

«Que es que había huelga general en todos los pueblos -continúa el dirigente socialista-. Que no es que fuera una cosa que no tuviera eco. Es que Utrera fue totalmente a la huelga, y Puebla de Cazalla, y Osuna, y Marchena. Y cerraban los comercios, y no por miedo, sino porque los comerciantes no cobran. Porque el comerciante está fiando a la gente y la fía durante todo el año hasta que llega la recogida del algodón y cobran lo que pueden; o llega la campaña del olivo y cobran lo que pueden y empiezan a fiar otra vez.»

Sin embargo, el PSOE no cree que exista un control absoluto sobre la situación. « El SOC, o el PTE, ha controlado a su gente, y nosotros, como el PCE y las Comisiones Obreras, a la nuestra. Pero nadie puede garantizar que el campo no estallará. La situación es límite y lo que nadie puede establecer es en qué momento se ha rebasado este límite», opina el dirigente socialista andaluz.

En cambio, para el Partido Comunista, según el secretario provincial del PCE de Sevilla, Antonio Iglesias, «si alguien tiene el cerillo que pueda incendiar el campo, al menos en nuestra provincia, somos nosotros. Y el campo está en condiciones de arder, porque el hambre es una realidad. Pero nosotros sabemos a quién beneficia incendiar el campo. A quién interesa el deterioro de la situación, y es al capital, a la reacción y a esos poderes fácticos presentes todavía en el país, si no contra la democracia, por lo menos tampoco a su favor.»

Tampoco el PCE está de acuerdo con los métodos de lucha del SOC. «No es precisamente el espectro del pinochetazo el que nos lleva a nosotros a tener el cerillo guardado -explica Antonio Iglesias-. Es que queremos transformar la forma clásica de lucha en el campo, porque también eso es un parcheo. Hoy se agrava la situación en el campo, pues jornada de lucha al canto y huelga general. Mañana se mejora la situación y a otra cosa... Y ese parcheo, que es una especie de Palmar de Troya, es lo que queremos evitar dando auténtica solución a los problemas. Y queremos transformar la mentalidad de nuestros propios afiliados en el campo, en el sentido de que no tengan que ser los bomberos de ninguna situación desesperada, sino los que encabecen, porque tampoco vamos a renunciar a ello, la huelga y la protesta. Pero lo haremos en momentos determinados, cuando creamos que es absolutamente necesario.»

El PCE no está por la subversión

En cuanto a la práctica del control que el PCE asegura tener sobre la situación, Antonio Iglesias asegura que «el partido no observa las cosas desde un despacho. Nuestros militantes, unos cien mil en la provincia de Sevilla, no son la masa, sino los dirigentes de ésta. Por, ejemplo, hay miembros del comité provincial que son dirigentes natos de los trabajadores, como son Carmelo Acuña, o Guerra, o Pepe Gutiérrez, que son a su vez dirigentes de CCOO. Ellos tienen detrás a miles de trabajadores, como se pudo ver en la huelga del día 21».

Tampoco el PCE acepta la actuación del SOC -el presidente de este sindicato anuncia a EL PAÍS que muy pronto reiniciarán la actividad de lucha, fundamentalmente para conseguir que el empleo comunitario con que el Gobierno trata de palir los efectos del paro, alcance a todos los jornaleros- y persigue la acción constante de planes reivindicativos que vayan dando solución al problema y no salidas momentáneas.

«Hemos de salir del terreno de la agitación clásica -explica Antonio Iglesias- y entrar ya en el terreno de las soluciones mediante la transformación de las estructuras. Ello no desdice que en momentos clave o fundamentales en los que desde el punto de vista político sea consecuente y desde el punto de vista sicológico, oportuno, vayarnos a las acciones generalizadas en el campo. Pero no estamos por la subversión.»

«Las situaciones de desesperación como la que vivimos ahora son muy propicias a la violencia y a formas anarquizantes de lucha que no buscan soluciones, sino salidas. En el campo andaluz hay muchos sitios con desesperación y una de las razones, desde nuestro punto de vista, es el insistir en los métodos tradicionales de los últimos veinte años: concentración delante del ayuntamiento, encierro, manifestación y si era necesario, enfrentamiento con la Guardia Civil, hasta conseguir que una comisión se entrevistara con el alcalde para pedirle fondos comunitarios. A los tres días llegaba el dinero y se ponía otro parche a la situación. Esos métodos, posiblemente los únicos en la anterior situación, en la actualidad son peligrosos en cuanto que conducen a la desesperación, pues si la gente ve que sí se moviliza y lucha consigue el millón o las quinientas mil pesetas para el paro, tiene trabajo para cuatro días y a los cuatro días tiene que volver a insistir. Cuando lo han hecho durante dos o tres semanas consecutivas, llega un momento que la gente estalla y aquí es cuando se corre el riesgo evidente de que los jornaleros sobrepasen en su acción todos los límites que se les quiera poner. Y el riesgo no es sólo para los sindicatos que habrían fracasado en su papel de representantes de los obreros, sino para la misma democracia.»

Esta argumentación justifica la práctica de lucha seguida por el PCE, utilizando los resortes parlamentarios, «pero buscando también en los pueblos el apoyo y el consenso de toda la población. Una de las iniciativas más interesantes en este sentido, ya generalizada, es la participación de sectores amplísimos de gentes del pueblo que ya no sólo son los jornaleros, sino los comerciantes, los maestros, la gente de los ambulatorios, los cuales participan en la solución del problema del paro conscíentes de que también les afecta a ellos».

UCD no cree que la situación sea límite

La situación del campo andaluz, sin embargo, es menos dramática desde la visión ucedista del gobernador civil de Sevilla, Luis Fernández Madrid, quien pasa por ser el gobernador más liberal de la región y, por supuesto, el más demócrata de los representantes gubernamentales que ocuparon con anterioridad a él el Gobierno Civil de la provincia. «Yo creo honradamente que hambre no hay. He leído en algún periódico que hay obreros por los caminos cogiendo hierba para comer -comenta- y eso es rigurosamente inexacto. De hambre no se puede hablar. Lo que sí hay es angustia, incertidumbre, estrechez, pero hambre, no. Estamos en una situación gravisima pero no límite.»

Tampoco la tensión social que la grave situación de estrechez mantiene de manera constante entre el campesinado parece tener excesiva importancia para el señor Fernández Madrid: «El desorden público es una consecuencia teórica, potencial. No actuamos porque tengamos miedo a que haya incidentes. Si hubiera incidentes, tendríamos que reprimir. La prueba está en que se puede contar con los dedos de las manos las veces que han intervenido las fuerzas de orden público. Yo llevo aquí siete meses y habrán salido unas siete u ocho veces y casi nunca han intervenido. No se ha disparado un tiro. Hemos tirado una vez, creo que ha sido una vez, en Lebrija, donde se cortó la carretera general, unos botes de humo. Y otra vez en Utrera. El otro día fue la Policía Armada a caballo a Lebrija, pero no hubo enfrentamientos».

No obstante, el gobernador de Sevilla reconoce que se hace urgente una solución acertada al paro: «A mí me horroriza pensarlo, pero a veces lo pienso y a veces lo digo en voz alta, tal y como están las cosas y pese a que parezca un sarcasmo, es tanto el dinero que se invierte aquí, que yo estoy convencido de que hoy el paro, si no se reconduce a una solución acertada, hoy por hoy, salvando lo que tiene de angustia y de dramatismo, es casi una riqueza. Es decir, que el paro es casi un negocio. Se está financiando el paro cuando lo que teníamos que financiar es el empleo».

Mañana quedará completo el informe sobre la situación en el campo de Andalucía con el abanico de soluciones que ofrece cada una de las fuerzas con implantación entre el campesinado y la presencia en el sector de los sindicatos obreros.