Reintegración foral y franquismo

Doctor en DerechoNavarra vuelve a, vivir como hace décadas momentos de confusión. La falta de información y formación de nuestro pueblo a lo largo de tantos años es, nuevamente, aprovechada en beneficio de las clases que la han tenido más manipulada. La turbación crece sin aparente posibilidad de resolución inmediata. Las incógnitas políticas se agravan día a día, generando malestar y desasosiego.

Los que reafirmamos la condición vasca de Navarra y la necesidad de unión -no la integración en- con los otros tres territorios vascos peninsulares, como la mejor fórmula de potenciar su personalidad y poderes, no podemos menos que rechazar un régimen preautonómico, en el que la presencia navarra se volatiliza. A nadie habrá pasado por alto que se cuestiona, en una «consulta popular», su naturaleza, so pretexto de respeto a un régimen administrativo foral nacido de una ley impuesta de 16 de agosto de 1841, que convirtió a Navarra, por derrota de las armas, de reino independiente -a pesar de la conquista castellana de 1512- en una provincia. Se quiere imponer a Navarra, y al resto de Euskadi, un preautonómico en el que se niega desde el principio la territorialidad vasca, recibiendo a cambio unas competencias más aparentes que reales, delegadas por Madrid.

Se ha repetido y admitido los mismos errores de los primeros años de la segunda República, con la diferencia de que los actuales son todavía más graves. La justificación de tales desastres la pretenden encontrar algunos en el comportamiento de los representantes de UCD en Navarra, cuando, a mi modesto entender, la culpa debe ser repartida, más que imputada unilateralmente. Se reitera una vieja táctica, hábilmente empleada contra Euskadi, polarizando la atención sobre una sola fuerza estatal, entrando en el juego de otras, también estatales, impidiendo, así, la creación y consolidación de estrategias propias y adecuadas a nuestro país. Se riza el rizo con fingidas extrañezas sobre la actuación de unas personas, hoy en UCD, siempre caracterizadas por su constante animadversión política contra Euskadi.

Buena prueba de lo que he manifestado hasta aquí, lo constituye, sin duda, el escaso eco o la débil preocupación que el régimen preautonómico ha despertado en la oligarquía y en los sectores antivascos más recalcitrantes.

Las protestas han sido sólo formales, de mero trámite. Son perfectamente sabedores de que la trampa ha funcionado a la perfección. De otra parte, en el supuesto de que con todo el aparato de poder se consiguiera con ardides relegar a Navarra a la triste condición de isla, cabe preguntar, si su sistema foral -jamás respaldado constitucionalmente- va a quedar homologado en un régimen seudo autonómico común en el que se fija, perdón por la expresión, para-todos-café?

La reintegración foral plena

Esta granguiñolesca situación se complica aún más con otro tema: la reintegración foral plena. Como es sabido, se entiende por tal, la total recuperación por Navarra de su soberanía e independencia, truncadas en el siglo XIX, con el antecedente de la conquista del XVI, origen y raíz de todos los cambios posteriores. Como consecuencia del Convenio de Vergara, los cuatro territorios vascos peninsulares vieron quebrados sus derechos forales al ser sometidos a la unidad constitucional del Estado por la ley de 25 de octubre de 1839. Con posterioridad, una Diputación provincial, integrada por liberales, que no representaban al pueblo, acordó con el Gobierno español la modificación del régimen foral navarro, dando paso a una ley de Cortes de 16 de agosto de 1841. Desde aquel momento, en numerosas ocasiones los navarros han reivindicado sus verdaderos derechos imprescriptibles, exigiendo la derogación de las leyes de 1839 y 1841, para recuperar el status anterior, que no significaría un recobrar instituciones feudales o estamentalizadas, sino las libertades plenas de un pueblo adaptadas a las actuales circunstancias.

Pues bien, he dicho que la situación se complica; ello es debido a lo siguiente: cuatro de los siete diputados forales que integran la Diputación Foral de Navarra, que se oponían el 21 de julio de 1976 a una moción de los otros tres diputados en la que se pedía la reintegración foral plena, levantan en este momento, con descarado oportunismo, tras un acuerdo unánime de 20 de agosto de 1977, la bandera de la reintegración. Ello deviene paradójico, toda vez que se piensa que la reintegración foral plena implica la independencia, de Navarra, y que sus aparentes defensores son cuatro, caracterizados franquistas del más puro estilo. Ciertamente los propósitos que inspiran a esos diputados y a sus asesores son otros, que se pueden resumir en dos:

1. Oponerse a cualquier tipo de planteamiento unitario vasco, pretextando que el régimen navarro es superior al de los otros tres, marcando diferencias.

2. Como la reintegración foral plena es en la actualidad casi inalcanzable, la Diputación Foral cree que ha cumplido por pedirla, tras oir al Consejo Foral que se celebrará este mes de enero. Alternativamente propone una «reintegración deseable» que implica una recuperación de las competencias perdidas desde la ley de 1841, mitologizando, una vez más, una ley de vencidos dictada en beneficio de quienes propugnaron y propugnan un Estado unitario, hollador de nuestros derechos.

Lo más alucinante de esta desgraciada historia es que sea un grupo de franquistas quien defienda casi exclusivamente, en apariencia, el techo más alto de potestades autonómicas, sin el apoyo de las fuerzas genuinamente vascas, que están de espaldas a la Diputación Foral o perdidas en el calvario del preautonómico. Porque realmente el pueblo vasco, en concreto Navarra, jamás ha perdido el horizonte de la plena reintegración foral, horizonte que en estos momentos también es manipulado.

Todavía estamos a tiempo de enmendar los fallos antes de que la situación se deteriore más. Debemos aprender de la historia y no aceptar entrar en un juego perfectamente calculado en contra de nuestros intereses. Es el mejor servicio que podemos rendir a Navarra y al País Vasco en general.