La reforma fiscal

Parece oportuno hacer algunas consideraciones sobre la reforma fiscal, cuyo desarrollo está afectando al bolsillo del contribuyente, y, por ello, es tema de renovada controversia y preocupación. La reforma fiscal fue una de las promesas electorales de UCD, y de la mayoría de los partidos políticos, durante las elecciones legislativas del 15 de junio del pasa do año. El cumplimiento de dicha promesa genera, por un lado, que las técnicas de inoportunidad, precipitación, etcétera, y por otro que las políticas de desviacionismo de UCD respecto de sus electores, al hacer le Gobierno -se dice- una reforma fiscal izquierdista. Mucho me temo que tales observaciones procedan de grupos de interese que, en buena parte, no canalizaron sus votos a UCD, o bien de núcleos privilegiados que no desean asumir la tarea solidaria que la profunda crisis económica reclama. Pero veamos qué reforma se está haciendo y qué se prometió a los electores.En aquellos días de junio de 1977, lo que UCD anunciaba como programa económico está escrito en un folleto -«Una respuesta a la crisis económica»- que fue ampliamente difundido en los mítines y actos electorales. En las páginas 16 y 17 se indica que la política de saneamiento que la crisis económica española exigía (y que el Gobierno ha emprendido desde el último verano) debía venir acompañada por una reforma fiscal que «es vital para el éxito del programa de saneamiento, ya que sólo ella dará credibilidad al objetivo de repartir equitativamente la carga de la estabilización y aportará al mismo tiempo los recursos necesarios para reducir el déficit del sector público». Se señalaba, además, que esta reforma debería asentarse fundamentalmente en la lucha urgente contra el fraude fiscal, en la eficacia del impuesto sobre la renta, en evitar que las plusvalías reales y otras fuentes de riqueza escapen a la acción fiscal y en la absorción gradual de la financiación de la Seguridad Social por el Estado, desarrollando para ello la revisión de la imposición indirecta mediante la creación del impuesto sobre el valor añadido.

Desarrollo de la reforma

Pues bien, lo prometido se está cumpliendo. La ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre medidas urgentes de reforma fiscal (cuya aprobación en el Senado por 180 votos a favor, diez abstenciones y ninguno en contra, obligó a su presidente, ante los numerosos aplausos, a rogar a «sus señorías, antes de manifestar tan calurosamente su entusiasmo», que le permitieran proclamar el resultado oficial de la votación), es verdaderamente una ley que permite luchar eficazmente contra el fraude, es, en realidad, la pieza clave de la reforma fiscal. Dicha ley nace del convencimiento de que debe cambiarse radicalmente la actitud del contribuyente español, que hasta ahora incluso presumía de defraudador, para transformarlo en, contribuyente responsable, para quien el pago del impuesto constituya un honor y un origen de derechos que le permitan exigir del Estado las cuentas que justifiquen el buen uso del dinero que aporta. La ley mencionada busca ese fin, y para ello facilita la acción inspectora a través de la colaboración tributaria a que se ven obligadas las entidades de crédito, se tipifica como delito el fraude fiscal, se incorpora a nuestro sistema tributario el impuestos obre el patrimonio -que reforzará el conocimiento de las fuentes de renta del contribuyente- y, finalmente, se abre un plazo para la regulación voluntaria de la situación fiscal de las personas físicas y sociedades, sin sanción alguna, que abre el futuro, al contribuyente, para una conducta fiscal correcta y responsable, con olvido del pasado. Así, pues, el fraude podrá atacarse seriamente.

Por otra parte, y en relación con los puntos básicos de la reforma prometida, debe señalarse que ya están en las Cortes los proyectos de ley sobre la imposición de las rentas de las personas físicas, patrimonio y sucesiones y donaciones. Por el primero de ellos se suprimen los impuestos a cuenta y las desgravaciones, que eran elementos de elevada regresividad en nuestro sistema tributario, al constituir privilegios en favor de los perceptores de ingresos más altos; también es importante destacar que el nuevo impuesto sobre la renta va acompañado de una tarifa más reducida, aplicable para el año 1977 si el proyecto de ley correspondiente prospera. El impuesto sobre el patrimonio, que es muy útil en una sociedad de fraude extendido, hará tributar a plusvalías que ahora se escapan y a otras fuentes de riqueza. Es, sin embargo, un impuesto poco gravoso, que puede pagarse cómodamente con una parte reducida de la renta derivada del mismo, y que moviliza a los patrimonios no productivos. En tercer lugar, el impuesto sobre las sucesiones y donaciones es marcadamente social, grava las adquisiciones gratuitas y queda fijada la carga tributaria al tiempo de incrementarse la capacidad de pago del contribuyente. Se cierra, con el mismo, la imposición directa.

Finalmente, el propósito de absorber por el Estado la financiación de la Seguridad Social, según la reforma prometida, se ha iniciado ya con motivo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1978. En efecto, el Estado aportará a la Seguridad Social 100.649 millones de pesetas, 71.694 más que en 1977, lo que representa una financiación del 7,8% del presupuesto de la Seguridad Social a cargo del Estado (en el año 1977 este porcentaje fue de sólo el 2,8 %). Este esfuerzo proseguirá durante los años venideros y deberá culminarse mediante la revisión del sistema de imposición indirecta. Los textos legales están muy avanzados y pronto los conocerá el Gobierno para su estudio y posterior remisión a las Cortes. Se implantará, de este modo, el impuesto sobre valor añadido -con la cautela necesaria para no perjudicar a nuestras exportaciones y no afectar, a la alza, al nivel de precios-, que sustituirá al impuesto sobre tráfico de empresas y englobará parcialmente las cotizaciones de la Seguridad Social.

Quejas injustificadas

Si todo esto se había notificado en la última campaña electoral, ¿por qué sorprende ahora?, ¿es inoportuna la reforma? Lo que está pasando es que la opinión ciudadana ya ha captado que la reforma es seria, algo inimaginable cuando hacía tanto tiempo que se hablaba de ella y nunca se realizaba. La reforma es molesta para el defraudador -que es el privilegiado del marco tributario que se intenta erradicar- y también para el perceptor de elevados ingresos y el poseedor de una fortuna significativa, que son los que deben pagar proporcionalmente más impuestos si aceptamos la progresividad del sistema. Sin embargo, cabe esperar, que tanto los primeros -movidos por un interés de ordenamiento y clarificación tributaria-, como los segundos -estimulados por el espíritu de solidaridad y justicia que la democracia requiere-, aceptarán el sacrificio que la reforma implica, pues, desde un punto social, es el mejor camino para alcanzar una sociedad democrática y estable, apoyada en una economía que satisfaga adecuadamente las necesidades básicas (educación, sanidad, etcétera) y que corrija las diferencias de renta y riqueza entre los diferentes grupos sociales con el fin de integrar a todos los ciudadanos en la causa común de una España más próspera y más justa. Como afirma Jean Francois Revel, en su obra La tentación totalitaria, «precisamente en los países en que más precoz y profundamente ha penetrado el espíritu capitalista, es donde la fiscalidad es más justa y el fraude es combatido con mayor severidad. Son las verdaderas sociedades capitalistas quienes han establecido el impuesto sobre el patrimonio», contra el cual reaccionan los sectores egoístamente insolidarios.

La reforma no es sólo oportuna por los motivos anteriores sino que la crisis económica, que no es solamente una crisis de insuficiencia de demanda, sino una crisis real, una crisis de inadecuación de estructuras productivas, exige precisamente la revisión del aparato fiscal. El déficit del sector público, y la generación de inflación que su financiación requería, obliga a practicar una corrección del sistema fiscal. La reforma apunta hacia ello y es un elemento más -muy importante- del saneamiento estructural que nuestra economía precisa.

No soy quien deba opinar en torno al perfeccionamiento técnico de la reforma. Sin embargo, aconsejar la postergación de la misma a un estudio cuidadoso del sistema tributario español es una ingenuidad -cualquier estudioso del tema conoce los libros verdes, blancos e informes que se han hecho durante los últimos tiempos por nuestros mejores especialistas tributarios sin éxito positivo alguno-, o bien una táctica obstruccionista ante un cambio estructural necesario. Los grupos privilegiados (quienes gozan de desgravaciones poco fundadas, quienes disfrutan de riqueza y plusvalías no gravadas, los defraudadores tolerados) son los únicos que pudieran oponerse a la reforma, pero la sociedad no puede tolerar que los intereses de estos priven sobre el resto de los ciudadanos.

La reforma fiscal está esencialmente hecha, pues la ley de medidas urgentes de reforma fiscal ahí está. Los proyectos de adecuación de los impuestos al nuevo mundo fiscal en que vivimos están en las Cortes (renta, patrimonio y sucesiones y donaciones) o próximos a remitirse (sociedades y valor añadido). La reforma fiscal se ha hecho gracias a la iniciativa del Gobierno, que de este modo cumple con lo prometido, y al esfuerzo y trabajo de todos los partidos políticos que en el parlamento han comprendido la necesidad del cambio estructural de uno de los fundamentos del sistema económico, como es el sistema fiscal.