Comparecer ante el pueblo

RESULTA PEREGRINO que una interpretación restrictiva del Reglamento provisional del Congreso pueda ser alegada para incumplir un acuerdo de una de sus comisiones. Nos referimos a la resolución aprobada por la de Relaciones Exteriores que ha dispuesto la comparecencia de un ex presidente del Gobierno, varios ex ministros y altos funcionarios para informar sobre el tema del proceso de descolonización del Sahara occidental. Pues ahora se alega, en fuentes más o menos oficiosas, que el Reglamento provisional no contiene precepto legal alguno que establezca la obligatoriedad de comparecer a estos requerimientos del Congreso.Este argumento se basa en la inexistencia de precepto que obligue a comparecer a las personas actualmente convocada: los señores Arias Navarro, Carro Martínez, Solís Ruiz, Cortin Mauri y Areilza un ex presidente del Gobierno y el resto ex ministros, así como otros altos funcionarios civiles y militares que, por los puestos que ocuparon a finales de 1975 y comienzos de 1976, tuvieron conocimiento próximo y responsabilidad del proceso descolonizador del Sahara. Resulta irrisoria la argumentación, ya que el artículo 34 de dicho Reglamento provisional, en su párrafo segundo, establece que la «Comisión podrá requerir la presencia de autoridades y funcionarios públicos que sean competentes por razón dé la materia objeto de debate, al solo efecto de informar sobre los extremos que les fueran consultados». Éste requerimiento, eso sí, deberá hacerse a través del presidente del Congreso, del que cabe esperar la pronta asunción de este deber.

Si, por tanto, la Comisión puede convocar a «autoridades y altos funcionarios», cabe deducir por extensión que con mayor motivo podrá hacerlo con aquellos que lo han sido, y, en definitiva, con cualquier ciudadano. Más aún, hay que tener en cuenta que varios de los convocados son en la actualidad altos funcionarios. Y que en resumidas cuentas no se trata de una comisión de investigación parlamentaria que vaya a investigar un tema concreto, sino de una comisión normal, establecida y de funcionamiento habitual dentro de las tareal del Parlamento,

El tema del Sahara occidental, no está terminado, como ha señalado el propio ministro de Asuntos Exteriores, señor Oreja. No lo estará hasta que la población saharaui haya ejercido su derecho elemental de pronunciarse sobre su futuro político. Consulta que ha sido reconocida Por las Naciones Unidas y por la propia España antes de abandonar el territorio a la Administración conjunta de Marruecos y Mauritania. Es evidente que este abandono y la firma de los llamados «acuerdos de Madrid» provocan cierto malestar en la clase política española, pues se produjo en una etapa crucial de nuestra historia. La firma de los acuerdos se efectuó seis días antes de la muerte del general Franco, que ya llevaba largas semanas en agonía, y la retirada española se consumó poco más de tres meses después. Los altos dignatarios convocados pertenecen al último Gobierno del general Franco y al primero de la Monarquía, y estuvieron en pleno centro de un problema del cual el pueblo español todavía no parece haber sido informado en su totalidad.

Sólo una información completa y pública puede establecer las bases para un perfecto conocimiento del problema, fundamental para la adopción de una política exterior que coopere en la pacificación de uno de los conflictos más graves existentes hoy en el mundo.

La convocatoria de la comisión es, por tanto, la del pueblo. Y las personalidades requeridas ni deben ni pueden hurtarse a ella, han de responder a la demanda de los representantes del pueblo que quieren conocer con exactitud un problema acuciante. Tanta es esa necesidad que hasta se ha quebrado por primera vez la disciplina del partido gubernamental, y las exigencias morales de cuatro de sus miembros les han llevado a votar con la Oposición.

Ya sabemos que muchos temerán que las declaraciones de Carlos Arias, por ejemplo, puedan convertirse en el inicio de una televisión de responsabilidades políticas. No creemos que ese sea el ánimo de los diputados que requieren su presencia. También el señor Arias ha sido amnistiado. Pero el perdón de sus errores y torpezas no le exime de la obligación de informar debidamente a los representantes del pueblo español de unos hechos que hoy y ahora amenazan con poner en peligro la seguridad nacional. Ocultarse en el actual Reglamento de Cortes, que le favorece, para no declarar sería toda una mezquindad.