Sólo el Centro y Alianza Popular votaron candidatos del Congreso para el Consejo del Reino

Un acuerdo conjunto de todos los grupos parlamentarios y la mesa sobre la constitución de una Comisión Constitucional y una de Economía y Hacienda, junto con la garantía de que todos los grupos estarán representados en las comisiones, y un debate, relativamente borrascoso previo a las votaciones para elegir cinco diputados representantes en el Consejo del Reino -lo serán tres de la Unión de Centro Democrático y dos de Alianza Popular- consumieron las tres horas escasas que duró la sesión de la tarde en el Congreso.Hubo tímidas palmas de tango, en el sector socialista, para urgir que comenzase la sesión cuando prácticamente pasaba media hora de las seis -hora fijada para el comienzo-. La razón de la tardanza estaba en que todos los grupos parlamentarios y la mesa del Congreso habían acordado una proposición sobre las comisiones y su composición, que fue leída a los señores diputados y aprobada por unanimidad.

El acuerdo, de auténtica importancia para el funcionamiento inmediato de la Cámara, se resume en estos términos:

Se crea una Comisión Constitucional y otra de Economía y Hacienda. Tanto estas como las de Reglamentos, Incompatibilidades y Competencia Legislativa tendrán tantos miembros como designe cada grupo parlamentario, sobre la base de que cada uno puede designar un miembro de la comisión por cada diez diputados o fracción igual o superior a cinco que comprendan el grupo.

Tendrán representación en la misma escala las formaciones políticas o agrupaciones electorales que hubieran obtenido el 20 % de los escaños en el conjunto de las circunscripciones donde hubieran presentado candidatos.

En un plazo de 72 horas los distintos grupos parlamentarios presentarán candidatos para las comisiones, y las mesas de las mismas tendrán un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios, elegidos en el seno de cada una de ellas.Borrasca sobre el

Consejo del Reino

Leída y aprobada esta propuesta, el presidente, Fernando Alvarez de Miranda, pidió a los congresistas que se entrase en la votación de cinco representantes de la Cámara para el Consejo del Reino. Pero abrió un turno de debate sobre el tema, advirtiendo que no podría ser objeto de votación, sino sólo de debate y discusión, por haberlo aprobado así, por mayoría, la mesa del Congreso, al entender que la propuesta del PSOE y del PCE -que se aplazase la votación en tanto la nueva Constitución no decidiera sobre la subsistencia del organismo- podría ser anticonstitucional.

Enrique Múgica, diputado socialista, abrió el turno para justificar la petición del grupo socialista en base a la caducidad de la institución, su hondo sentido antidemocrático y -dijo- su configuración como «órgano totalmente regresivo». Aseguró que las facultades del Consejo del Reino son incompatibles con el pluralismo democrático, y esto significa «un anacrónico resto del sistema estamental medieval». Atacó también la posición de la presidencia en el sentido de no dejar votar las proposiciones y entendió que ello significaba un peligroso precedente y que sustraía a la soberanía de la Cámara una parcela importante.

Contestó Miguel Herrero de Miñón para decir que no era el momento oportuno de presentar tales propuestas y que la idea clave del proceso democrático había sido

la transición sin ruptura. Afirmó que parecía exorbitante atribuir a la Cámara la reforma de la Constitución por lo que calificó de «omisión incidental». Omisión que, según el señor Herrero incidía en el funcionamiento constitucional. Dijo que él no prejuzgaba la bondad del organismo y que posiblemente estaría de acuerdo con los proponentes sobre la valoración que les merecía el Consejo del Reino, pero insistió en que su existencia estaba vigente y era necesario cubrir las vacantes de sus miembros.Miguel Roca y Junyet, del Pacte Democratic per Catalunya abundó en la posición del PSOE y del PCE. Jordi Solé Turá, del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), insistió con argumentos jurídicos sobre la improcedencia de la votación. Replicó el señor Herrero de Miñón, y el presidente suspendió la sesión durante quince minutos para proceder a las votaciones.

Antes, Alfonso Guerra (PSOE), Pedro Pérez Llorca (UCD) y Gregorio Peces Barba consumieron breves turnos para cuestiones de orden, insistiendo en las mismas posturas anteriores de uno y otro grupo.

El señor Alvarez de Miranda afirmó entonces que en ningún momento se había dicho que se tratase de auténticas mociones admitidas a trámite y que por ello sólo se había concedido la posibilidad de exponer públicamente ante la Cámara el contenido de tales propuestas.

Se reanudó la sesión y el presidente advirtió a un diputado socialista que sólo permitirá cuestiones de orden sobre la forma de votación, no sobre lo anteriormente tratado. Ramón Tamames, del PCE, intentó hablar, y el señor Alvarez de Miranda le cortó enérgico para insistir en lo mismo. En ese momento, Santiago Carrillo (PCE) le cortó su intervención para gritar que ha habido debate parlamentario sobre el tema.Realizada la votación, de los 174 votos emitidos, 131 fueron para Carlos Sentís, José Miguel Galván y José Luis Meilán, de la UCE), y 26 para Pedro Mendizábal y Alvaro de la Puerta, de Alianza Popular (AP).

Sólo estos dos grupos habían presentado candidatos y sólo ellos votaron; el resto de la Cámara se abstuvo. Lo más importante de la votación fueron quince papeletas en blanco -cierta quiebra en la disciplina de UCD- y los veintiséis favorables a AP, por lo que diez diputados -presumiblemente de UCD- apoyaron a los candidatos de AP.