Hacia una nueva escuela pública

De la junta de gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid

El nuevo Gobierno y en concreto su ministro de Educación, don lñígo Cavero, va a encontrarse con problemas difíciles en el campo de la enseñanza. En éste, como en otros, la herencia del franquismo es un pesado fardo.

Pero a diferencia de lo que hasta ahora venía sucediendo, no va a ser sólo el Gobierno, no va a ser su ministro de Educación quien se encargue exclusivamente de abordar estas cuestiones. Las Cortes, diputados y senadores, las centrales sindicales, las organizaciones profesionales, asociaciones de padres.... todos tienen algo que decir. Este es un buen momento para iniciar el gran debate sobre la enseñanza que viene proponiéndose insistentemente desde el Colegio de Licenciados y diversas organizaciones profesionales y grupos políticos. El ministro no debe desaprovechar la ocasión y UCD tiene aquí un buen motivo para mostrar su talante democrático acabando con los malos hábitos a que los ministros de Educación del franquismo nos tenían acostumbrados.

Ese debate, que ya está parcialmente iniciado, tiene un. punto de referencia obvio: la alternativa para la enseñanza. A lo largo de la campaña electoral, raro ha sido el partido que no ha tocado el tema de la enseñanza, y en todos los casos, bien para criticarla, bien para apoyarla, la alternativa ha sido el marco de referencia. En este marco, un tema se ha convertido en el eje de la discusión: la naturaleza del aparato escolar, su eventual financiación estatal en el seno de la actual dualidad escuela estatal/escuela privada y de cara a la propuesta de la alternativa: una nueva escuela pública, gratuita y obligatoria, con pluralismo ideológico y democráticamente gestionada, con especial preocupación por la lengua y la cultura de las nacionalidades -que han de intervenir de forma decisiva en su gestión y planificación- y dispuesta a dar un salto cualitativo en métodos, procedimientos pedagógicos y contenidos culturales.Tres posiciones

Tres han sido las posiciones con diversos matices, se han puesto de relieve en la campana electoral: la de AP, partidaria de mantener la actual dualidad escuela privada/escuela estatal, y la financiación estatal de la primera. La del PSOE, PCE y PSP, que proponen una transición hacia la escuela pública. La del PTE, ORT y LCR, que solicitan una escuela pública y estatal, ya.

La gran incógnita en este terreno es precisamente la de UCD. Configurada como coalición de partidos, sus criterios sobre estas cuestiones no han sido coincidentes. El grupo de Fernández Ordóñez, por ejemplo, se inclina por el carácter público de la enseñanza, mientras que Blas Camacho, en nombre del PP, aceptaba la llamada libertad de enseñanza -en realidad libertad de empresa financiada con fondos públicos- en términos muy similares a los de AP. Iñigo Cavero no parece encontrarse entre los más progresistas a este respecto. Otros sectores de UCD han preferido no pronunciarse sobre el asunto.

Sin embargo, todos van a tener que pronunciarse, pues lo que parece claro es que la situación actual es insostenible. Las subvenciones -más de 30.000 millones para el próximo año- no han evitado el cierre de centros ni han logrado la gratuidad. Esta enorme cantidad de dinero público -que se gasta sin control alguno- ha servido para mantener una enseñanza de muy baja calidad, proteger la difusión de ideologías privadas, apoyar la figura del empresario de enseñanza -que puede despedir por motivos ideológicos o laborales-, alentar el desarrollo de negocios colaterales (que en muchas ocasiones constituyen el verdadero negocio de la enseñanza)- material escolar, comedores, transportes, viajes... Es mucho dinero público sin control para mantener una estructura obsoleta.

A la vista del resultado electoral, la propuesta de una escuela pública, que tantos años hemos defendido, es mayoritaria, y ello a pesar de que entre los senadores se encuentra el sumo defensor del actual sistema: el reverendo padre Angel Martínez Fuertes, de UCD, que anteriormente, se había definido como joseantoniano, capaz de unir a su condición de religioso el servicio a España_y a su Caudillo. En él coinciden Iglesia, política y empresariado.

Claro que también en las Cortes, en el Congreso, entre otros muchos diputados se sentará uno d e los más enérgicos defensores de la escuela pública, Luis Gómez Llorente, durante tres años compañero en la junta de gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid.

Los votos ya han decidido, ahora tienen que traducirse en una legalidad que reestructure completamente el sistema actual, que opte por atender a las necesidades sociales en materia de educación por encima de cualquier privilegio, por mucha tradición que tenga o por respetable que pueda parecer.

PrioridadesY en la atención a estas necesidades sociales hay un orden de prioridades:-Es obligación de los organismos públicos garantizar un puesto escolar gratuito y de calidad en aquellos lugares que son necesarios, cubriendo las necesidades de puestos y solucionando el problema del cerca del millón de niños mal escolarizados.

- Es preciso impedir el cierre de centros por motivos especulativos o cambio de negocio. Resulta necesario arbitrar fórmulas, para que todos los centros que no pueden sobrevivir pasen a depender de los organismos públicos, al menos hasta que se creen los puestos escolares y de trabajo que ellos suponen. Como quiera que éste es el destino, a corto y Medio plazo, de la actual escuela privada, es razonable empezar a pensar ya en un proceso de transición.

- Los fondos públicos no deben financiar situaciones de privilegio. La libertad de enseñanza empieza en el mismo centro con el pluralismo ideológico. Los centros públicamente financiados deben atenerse a unas condiciones objetivas entre las que destaca la gestión democrática como garantía de la libertad de enseñanza.

- Resulta imprescindible acabar con el caos actual de los cuerpos docentes, para lo que es necesario abordar seriamente el tema del acceso y la estabilidad del profesorado, terminando tanto con el burocratismo como con la, precariedad laboral de muchos miles de enseñantes.

Sólo si somos capaces de llevar a cabo durante este año un gran debate sobre la enseñanza, en el que vayamos a solucionar los problemas que el país tiene planteados y no a defender nuestros pequeños privilegios, sólo entonces podremos dar una solución no autoritaria a éstos, y otros muchos, problemas urgentes.