Las denuncias contra el régimen de Pinochet dividen a la OEA

El secretario general de las Naciones Unidas se ha reunido nuevamente con el representante chileno en la ONU, Alfredo Canales, para intentar encontrar una solución a la ocupación de los locales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en Santiago de Chile, por veintiséis mujeres en huelga de hambre, que solicitan información sobre sus familiares "desaparecidos".

A los huelguistas de Santiago se han unido otros seis, en Washington, El director de la CEPAL en Santiago ha pedido instrucciones a Kurt Waldheim, quien intenta negociar un acuerdo con el Gobierno chileno, por el momento sin resultados.Mientras, la conferencia de la Organización de Estados Americanos, cuyas sesiones tienen lugar en Grenada (Antillas) se radicaliza más a propósito de los derechos humanos. La situación chilena ha vuelto a poner en peligro la asamblea americana, después de que: la Comisión de Derechos Humanos haya hecho público un informe en el que se afirma que siguen produciéndose flagrantes violaciones en el país andino. El representa te chileno rechazó las acusaciones del informe y afirmó que el creciente número de «desaparecidos» que se registra en su país se debe «a la libertad que existe en Chile para cruzar las fronteras ».

La delegación chilena, como antes la argentina y la uruguaya, insisten en que el problema de los derechos humanos está íntimamente ligado al del terrorismo. La tesis norteamericana y venezolana, frontalmente opuestas en esta asamblea de Grenada, sostienen la separación de ambas cuestiones.

El lunes se adoptó una iniciativa para conseguir una resolución de compromiso. A petición de Guatemala, y con el apoyo a Perú y Argentina, la asamblea decidió formar un grupo de trabajo, compuesto por dieciséis países, para redactar un borrador de acuerdo que concilie las diferentes tesis expuestas. Washington y Caracas son las cabezas visibles de la posición liberal, mientras Nicaragua, Guatemala y El Salvador apoyan solapadamente las tesis «duras» de Argentina, Chile y Uruguay, principales Gobiernos «encausados» por sus reiteradas violaciones de los derechos humanos básicos.