El Congreso va más alla que Carter en la defensa de los derechos humanos

Decidido aparentemente a ser «más papista que el Papa» en la cuestión de los derechos humanos, el Congreso estadounidense aprobó ayer una ley -contrariando los deseos de Carter, mucho más moderados- que obliga a Norteamérica a votar en contra de la concesión de préstamos a países con regímenes represivos, en el seno de las organizaciones económicas internacionales.

El presidente Carter había pedido al Congreso una política -más flexible- en relación con este tema, ya que, argumentaba, una reacción muy rígida de defensa de los derechos humanos y presión sobre los regímenes dictatoriales en las organizaciones financieras de nivel internacional podría «subvertir la integridad y eficacia de estas instituciones para promover el desarrollo social y económico en los países más pobres».Sin embargo, la Cámara de Representantes aprobó, por 196 votos a favor y 156 en contra, una enmienda que supone un serio revés para la Administración Carter y que exige a los representantes de Estados Unidos en las instituciones económicas mundiales votar sistemáticamente en contra de cualquier nación en la que se denuncian violaciones graves de los derechos básicos de la persona.

El hecho de que el Gobierno haya intentado suavizar esta medida y que incluso trate en el futuro de boicotearla durante la votación de la Cámara Alta, ha provocado ya las primeras críticas contra el presidente Carter, cuyo prestigio podría verse afectado seriamente. En los sectores más liberales se acusa a Carter de utilizar los derechos humanos como una política personal, pero sin ninguna intención verdadera de llevar a la práctica los principios que dice defender.

Hasta ahora, las sanciones impuestas por la nueva Administración a algunos regímenes represivos han sido meramente simbólicas, al limitarse a reducir, o suspender, una ayuda militar que en la mayor parte de los casos era insignificante. Sin embargo, la oposición de Washington a la concesión de préstamos internacionales a los países donde se violan los derechos del hombre, sí que podría dañar realmente a los dictadores en cuestión, algunos de los cuales reaccionaron airadamente a las críticas de Jimmy Carter y renunciaron pomposamente a una ayuda que no afectaba a sus economías.

Por ello, y siguiendo una línea de actuación evidentemente acorde con las declaraciones oficiales el congresista Henry Reuss, demócrata por Wisconsin, introdujo la enmienda, que fue aprobada ayer por la Cámara, en la que se pide que Norteamérica utilice «su voz y su voto» para sancionar, en el seno de las instituciones económicas internacionales, a los regímenes represivos donde más puede dolerles.

La inconsecuencia de la política sobre derechos humanos de Estados Unidos había llegado a tal extremo que, mientras se suspendía la ayuda militar al régimen de Pinochet, se votaba a favor de un préstamo del Banco Mundial a la dictadura militar chilena.

La Cámara de Representantes aprobó ayer fondos por valor de 5.200 millones de dólares para los próximos tres años, como participación de Estados Unidos en el Banco Mundial, en el Banco de Desarrollo Africano y en su homónimo asiático. En la ley se introdujo la enmienda en cuestión, que es una variante de la conocida «enmienda Harkin», más moderada.

Las instituciones económicas internacionales fueron, hasta ahora, los canales por los que fluyó la mayor parte de la ayuda norteamericana a regímenes antidemocráticos, eludiendo así la oposición del Congreso.