Sobre los PNN de Universidad

Para nadie es un secreto que la Universidad, institución ignorada hasta hace no mucho tiempo, se ha convertido en los últimos años en centro de la atención permanente del país. Los problemas de la Universidad trascienden de sus claustros y originan inacabables, debates: que interesan a sectores cada vez más amplios de la sociedad española. De cuando en cuando, con significativa periodicidad, resurgen las mismas cuestiones, indefectiblemente irresueltas, y los ánimos se exaltan, los términos de la polémica adquieren un tinte más agrio y las posiciones se radicalizan hasta extremos que dificultan o imposibilitan la solución de tales cuestiones.Uno de los temas más conflicitivos de la actual Universidad española es el relativo al estatuto de los profesores no numerarios, que en estos días ha cobrado nueva virulencia. Sus consecuencias, dada la actitud de paro adoptada, por tales profesores, son graves, y el desenlace imprevisible si no se encauza el trata miento del problema por derroteros racionales. Los autores de este escrito, catedráticos todos ellos de la facultad de Derecho de La Laguna, no pretendemos hallarnos en posesión de la verdad absoluta, ni disponemos de ninguna fórmula que permita dejar cerrada la cuestión. Tampoco nos anima un espíritu polémico. Nos sentimos preocupados, en cambio, por el alcance de los planteamientos, que vemos expresados públicamente con dogmatismo y unilateralidad dignos de mejor causa, y, habida cuenta de lo mucho que a la Universidad le va en ello, aspiramos a aportar opiniones y elementos de juicio que, por lo general, no son tomados en consideración.

Supuesta homogeneidad

La primera idea concerniente a los profesores no numerarios de la Universidad (únicos a que nos referimos) que convendría some ter a revisión es la de su supuesta homogeneidad. En contra de lo que a menudo se cree, los profesores no numerarios constituyen un sector cuyos integrantes se encuentran en situaciones muy diversas y son portadores de intereses distintos. Son numerosos los que carecen del título doctoral y adolecen, por tanto, del requisito universalmente considerado imprescindible para conferir a una persona la venía docente, salvo en casos por completo excepcionales que están en la memoria de todos. Es claro que con arreglo a la perspectiva específicamente universitaria en que nos hemos instalado no es idéntico, ni siquiera equiparable, el profesor doctor que el profesor que no posee dicho título. En rigor, el último es un alumno de doctorado, y sólo impropiamente profesor. Pero de hecho, se argüirá, ejerce funciones docentes. Cierto,así es en ocasiones, en detrimento de su propia formación y de los derechos de los alumnos. La política universitaria de los gabinetes pasados ha sido suficientemente irreflexiva como para permitirlo. Pero que esto sea así no significa que deba seguir siéndolo.

Por eso, porque la distancia entre unos y otros es abisinal, la solución no puede, a nuestro juicio, ser global ni afectar a todos en el mismo grado. Debe ser matizada y contemplar la pluralídad real que subyace a la rúbrica genérica -y ficticia- de «no numerarios» que por comodidad se utiliza.

Con esta óptica quizá se comprendan mejor las precauciones que es menester adoptar antes de examinar con el desapasionamiento que el caso requiere las reivindicaciones de los profesores no numerarios. Reivindicaciones, según se desprende de, los sucesivos comunicados emitidos por sus representantes, de dos clases. Unas son de carácter económico; otras apuntan hacia, la transformación de su estatuto jurídico, en el sentido de obtener definitiva estabilidad en suspuestos.

Reivindicaciones: Economía

Compartimos las primeras,en gran medida. No ya los profesores no numerarios, todos los ciudadanos son merecedores de retribuciones justas, proporcionadas al trabajo que realizan, y se hallan legitimados para exigirlas. Nos permitimos recordar, sin embargo, que en la actualidad la insuficiencia de la remuneración no es predicable por igual de todos los profesores no numerarios. El sueldo de algunos (tal vez de la mayoría) es inadecuado por defecto, sin ninguna duda. Pero no hay que ocultar que el de otros lo es por exceso, al percibir cantidades superiores a las que su competencia y dedicación aconsejarían. No se puede pagar lo mismo a quienes entregan a la Universidad la totalidad de un esfuerzo fecun do que a quienes simultanean varias ocupaciones y comparecen raramente eu la Universidad o dilapidan las horas de estudio, de laboratorio o biblioteca, en tertulias y pasillos. Hay que proclamar en voz alta verdades tan elementales y reclamar que se mida a todos los ciudadanos, y en particular a los funcionarios públicos, por idéntico rasero. No sólo, claro es, a los profesores no numerarios, pero también a ellos. Si se hiciera así, los sueldos de muchos profesores universitarios, incluidos los no numerarios, ascenderían considerablemente. Otros, en cambio, verían reducidos sus emolumentos por debajo de la cota actual. No se trata, por consiguiente, sólo de pagar más, sino también de controlar el gasto y de ajustarlo a los rendimientos reales.

Estabilidad

Mayor complejidad reviste la segunda reivindicación de los profesores no numerarios, tendente a la inmediata consecución de estabilidad indefinida en el empleo. Es sabido que hoy por hoy dicha estabilidad es inherente a la condición de funcionario público, y que al funciónariado se accede en virtud de concurso oposición. Los profesores no numerarios pretenden, según parece, eludir este engorroso trámite y obtener algo que, se presente como se quiera, equivale de hecho a una prórroga vitalicia.

La exigencia resulta tanto más sorprendente por cuanto la crítica que habitualmente se ha formulado contra los profesores numerarios atañe al carácter vitalicio de su cátedra o cargo. Se estimaba, no sin cierta dosis de razón, que tal sistema propiciaba el abandono, la falta de emulación o la caída en la rutina por parte de quienes en pruebas reñidas, públicas y no fáciles habían acreditado a fin de cuentas en algún momento anterior su competencia y su preparación. Ahora se invierten las posiciones, y del rechazo de la cátedra vitalicia se pasa a la exigencia de una especie de no numerario vitalicio, sin previo concurso-oposición. Y, como es natural, la petición mencionada se acompaña de otra correlativa: la supresión de las oposiciones.

Todos estaremos de acuerdo en que el Estado no puede permitirse la debilidad de dejar instituciones fundamentales para la socieda -y la Universidad es una de ellas- al arbitrio de personas que no hayan acreditado de alguna manera su solvencia profesional e intelectual.

Ahora bien, si se acepta la necesidad de establecer un procedimiento que solvente esta díficultad, las opciones que se nos ofrecen no son numerosas. Los profesores -no numerarios no brindan ninguna que sea clara y convincente, y es que verdaderamente no abundan. O se elige la vía del concurso oposición, o se practica el cauce de contratación con efectos temporales, o se concede sin otros requisitos la estabilidad indefinida en los puestos a quienes en este instante los ocupan, y por el simple hecho de que son sus detentadores. De esas tres posibilidades sólo las dos primeras nos parecen de recibo. La tercera, en nuestra Opinión, resulta indefendible.

Pero de facto, se dirá, las personas que a eso aspiran no reclaman otra cosa que permanecer en los cargos que desempeñan. Si los están ejerciendo es porque se reconoce su idoneidad, y si es así ya no necesitan demostrarla. Es que no es así, en modo alguno. El funcionamiento de la Universidad reposa desde hace varios años sobre un conjunto de ficciones, de presunciones falsas, y no es esa la única. Llamar profesor universitario, como es frecuente, a quien ha terminado su licenciatura unos meses atrás es, en efecto, una ficción; es engañarlo a él y a sus alumnos, si los tiene. Es cometer un fraude con la sociedad. Encomendar funciones docentes a perpetuidad a los actuales no numerarios basándose en el cómodo argumento de que ya está impartiendo clases supone, lejos de resolver el problema, petrificarlo y reducirlo al absurdo a corto plazo, y agrandarlo irremediablemente a plazo medio y largo. Es eludir la cuestión sustancial de la calidad de la enseñanza, y cerrar el paso a las vocaciones futuras, para las cuales los actuales no numerarios no sienten rubor al solicitar, en cambio, que se las someta -no así a ellos mismos- a oposición.

No. En la Universidad se enseña mal, y se investiga poco y peor. No podemos erigir la situación del presente en paradigma, ni consolidar sus deficiencias. La Universidad atraviesa una crisis profunda, está descompuesta. Y lo que no se debe hacer es resignarse a santificar lo patológico, transformándolo por decreto en estado normal. La solución no se halla en la supresión de los controles, sino en redoblar su eficacia para todos, sin excepción, y en afinar los filtros, no en suprimirlos.

Concurso-oposición

Pues bien, si se descarta esa posibilidad, y nos restringimos a las dos restantes, en nuestra opinión, el sistema de concursooposicion es, aquí y ahora, menos malo que,el de contratación. No mejor, sino menos malo. Aquí y ahora. Todos los autores de este escrito hemos participado en oposiciones, y por eso nuestro talante no es precisamente el de apologetas a ultranza. ¿Cómo vamos a serlo, si conocemos mejor que nadie sus imperfecciones? En abstracto, el procedimiento de contratación ofrece ventajas: su flexibilidad, su adaptabilidad a las necesidades década centro. Otra cosa es que de suyo no se preste sin violencia a la indefinida estabilidad que los numerarios desean. Mas no se debe dejar de tener presente que vivimos en un país en el que imperan la corrupción y el favoritismo. Estamos absolutamente convencidos de que en las actuales circunstancias sería temerario aplicar a la Universidad el sistema de contratación, cuyos res ultados en los ámbitos en que se emplea están bien a la vista.

Los profesores no numerarios alegan que el desenlace de las oposiciones es aleatorio, que el esfuerzo de años puede desmoronarse en minutos, que no se valoran en ellas los méritos acumulados con anterioridad. Tendrían razón si las cosas fuesen realmente así. Sólo que no son tan simples. Sobre las oposiciones universitarias circula una leyenda, en parte injustificada, que urge esclarecer y reducir a sus exactas proporciones. Para empezar, se hurta a la opinión pública el hecho evidente de que en la Universidad española la oposición a, secas no existe. Se edifica así un mito falso, para luego derribarlo más fácilmente. El régimen establecido es de concurso-oposición, y concurso-oposición de un tipo particular, precisamente el más alejado de la simple memorización, característica, en cambio, de las oposiciones clásicas. La razón de esta acusada diferencia es clara. El profesor universitario, conviene repetirlo, no es sólo un docente; es, al mismo tiempo, un investigador; y por eso para acceder a la categoría del profesorado estable necesita acreditar, además de sus conocimientos de la disciplina, ciertas aptitudes para la investigación científica, reflejadas en publica ciones dignas. La memoria no desempeña aquí ningún papel; lo que se evalúa es la madurez y el grado de formación. No. resulta infrecuente que algunos opositores, capaces de exponer con brillantez las materias de su programa de la disciplina, esto es, de impartir clases con soltura, sean rechazados por carecer de un «curriculum» presentable en, el orden de la investigación. Pero la Universidad no puede renunciar a esta vertiente investigadora sin sufrir una amputación irreversíble y gravísima, sin negarsea sí misma. La suficiencia para ocupar con pleno, derecho una plaza de profesor estable en la Univérsidad no se obtiene si no es a costa de gran esfuerzo y de bastante tiempo. Naturalmente. Pero es que la Universidad. entrega las titulaciones superiores del país y es además él organismo en el que se lleva a cabo la investigación científica. Para: ello necesita personal sumamente especializado y de alta calidad científica, máxime en una época de desarrollo científico acelerado. Las dificultades son, pues, correlativas a la responsabilidad social de la Universidad y a la importancia de su doble misión.

Lo que no quiere decir que el vigente sistema de concursooposicion sea perfecto. No lo es el sistema en sí, y mucho menos su aplicación. Es innegable que se rejístran abusos, aunque no tanto como se dice y no más numerosos, desde luego, que en otras oposiciones. Es verdad, igualmente, que algunos opositores han tropezado con dificultades por razones extraacadémicas y extracienflácas, si bien no lo es menos que otros, por idénticas causas, habrían sido sacrificados sin remisión de no existir las garantías inherentes al concurso-oposición, que ofrece la ventaja -nada desdeñable aquí y ahora-, de su absoluta publicidad. Por lo demás,- la corrección de tales abusos en la aplicación del,sistema, e incluso su perfeccionamiento, no resultan particularmente complicados. El simple automatismo de la totalidad de los miembros de los tribunales y la estricta observancia por dichos tribunales de los plazos y formalidades prescritos bastarían para extirparlos en gran medida.

Lo que, a nuestro juicio, se debe exigir no es, por tanto, la supresión de las pruebas y la conversión, en aluvión, y sin garantías, del heterogéneo profesorado no numerario en profesora do estable. Lo que se debe exigir es la delimitación neta de los capaces y de quienes no han demostrado su capacidad, aunque estos últimos estén usurpando eventualmente funciones que no les corresponden. Eso en primer lugar. Y para aquéllos, para los capaces, garantías de que podrán seguir su formación en mejores an circunstancias, de que no ser postergados o expulsados por personalismo o arbitrariedad mientras se inician en la investigación; de que, durante ese período, van a contar con retribuciones justas y con medios de trabajo suficientes. Lo que se debe garantizar, por último, es que, tras alcanzar la preparación adécuada, dispondrán de la oportunidad de acreditarla en pruebas, mejoradas y expurgadas de corruptelas, así como de plazas estables tan abundantes como sean precisas para atender las necesidades de la Universidad y evitar que un solo profesor digno de tal nombre sea rechazado.

La responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia en, este sentido es enorme porque la cuestión resulta vital.para la Universidad. Según cuente con mayores o menores medios materiales, la Universidad será mejor o, peor. Pero si no se atiende a la preparación y selección de un profesorado nutrido y competente la Universidad, sencillamente, deja de ser Universidad. No es que decaiga; es que perece.