La economía argentina, a los doscientos días de gobierno militar

Al cumplirse los primeros siete meses desde que las fuerzas armadas asumieron el poder en la Argentina, el país sigue inmerso en una grave crisis económica. Si bien Martínez de Hoz, el nuevo ministro de Economía, ha podido paliar, en alguna medida, el desenfrenado proceso inflacionario y el déficit fiskal, sólo lo ha logrado a costa de una drástica reducción de los salarios reales, una importante caída en el nivel de la actividad económica global y el consiguiente aumento en el número de trabajadores parados.Aunque en marzo del corriente año la situación económica y financiera era desastrosa, es dudoso que el conjunto de medidas adoptadas desde entonces haya constituido una receta adecuada para encauzar la economía hacia una expansión sostenida y duradera. Por el contrario, lo que más destaca es el carácter profundamente recesivo del programa adoptado sin que, a corto plazo, existan perspectivas de que se modifiquen las tendencias actuales.

Por otra parte, el programa económico que se implanta en la Argentina tras el golpe de estado del 24 de marzo no difiere sustancialmente de aquéllos aplicados en años recientes en otros países del cono sur del continente sudamericano. En muchos aspectos, tampoco se diferencia del «realismo económico» que sucesivos ministros argentinos habían predicado a lo largo del año 1975. Pero lo que quizás haya otorgado mayor coherencia al programa trazado por Martínez de Hoz es el marco político e institucional en el que éste se está desarrollando.

Los objetivos

Martínez de Hoz se proponía reconstituir el clima de confianza para la empresa nacional y extranjera, reactivar la inversión productiva y propender al logro de un flujo creciente de capital extranjero en el quehacer nacional. A corto y mediano plazo, esto involucra el siguiente conjunto de medidas:

- La reducción drástica del déficit presupuestario del Gobierno, que en 1975 había representado un 13% del producto bruto interno y un 77% del gasto público.

- Restricciones a los aumentos salariales a los efectos de controlar una inflación galopante, que a comienzos del año superaba la tasa del 500% anual.

- La liberalización total de la política de control de precios, indicada como la causa del desabastecimiento y mercado negro generalizados en años anteriores.

- La reestructuración de los precios relativos internos para favorecer esencialmente al sector agropecuario y a sus exportaciones tradicionales.

- La paulatina unificación de las diversas tasas cambiarias, tendiendo hacía un mercado único y libre de cambios para posibilitar la libre movilidad de los capitales externos sin restricciones.

- La renegociación de la deuda externa, que por vencer en gran parte, a corto plazo, ponía al país en una situación cercana a la cesación de pagos.

Dentro de una tónica de creciente liberalización de la economía fueron establecidos una serie de mecanismos institucionales. Se eliminaron los controles del Estado sobre los depósitos bancarios, el sistema financiero y la comercialización interna y externa de la producción agrícola. Se redefinió el papel del Estado en la economía, traspasándose al sector privado numerosas empresas que con anterioridad habían pasado a su control. Se «solucionaron» una serie de conflictos que mantenía el Estado argentino con numerosas empresas extranjeras, algunas de las cuales habían sido «argentinizadas» (Siemens, CADE, Shell, Esso, First National City Bank, etc.). Estas medidas, conjuntamente con las importantes modificaciones introducidas en la ley de Inversiones Extranjeras, se consideraron esenciales para el desarrollo del «clima adecuado para el capital extranjero.

Política laboral

Pero los cambios más notables, en el marco institucional, se introdujeron en el ámbito laboral. Las restricciones en los aumentos salariales fueron acompañadas por la suspensión de toda actividad de negociación salarial entre los sindicatos y empresarios. Se estableció que, en lo sukesivo, «será el Estado el que establecerá periódicamente el aumento que deberán tener los salarios». Por otra parte, fue intervenida la otrora poderosa CGT (la central obrera) y los principales sindicatos; se prohibió, lisa y llanamente, toda actividad política y sindical, se derogó. el derecho de huelga y se modificaron importantes cláusulas del fuero laboral, etc. Evidentemente, los salarios reales habrían de constituir la principal «variable de ajuste» del programa económico.

Tanto la política de reducción del déficit fiscal como la política de ingresos tuvieron significativos efectos recesivos, ahondándose tendencias que se venían dando desde fines del año 1975. La «racionalización» de la Administración pública con la prescindibilidad de numerosos agentes, los reajustes operados en las tarifas de los servicios públicos y en el precio de los combustibles, conjuntamente con el virtual congelamiento de los sueldos y salarios -esto último se hizo extensivo al sector privado- fueron medidas que causaron una drástica caída de la demanda efectiva y una importante reducción en el nivel de la actividad económica. Estas tendencias fueron reforzadas por la aplicación de nuevos impuestos y el aumento de la carga impositiva, por el descenso de los ingresos reales de los asalariados del sector privado y la paralización de los proyectos de inversión pública -con una incidencia particular sobre el sector de la construcción-, con efectos geferalizados sobre la economía en su conjunto.

Según informes oficiales, en los primeros meses de aplicación del programa económico se prescindió de unos 60.000 empleados públicos? equivalente a un 4% del conjunto de los agentes de la Administración Central, provincial y municipal. También quedaron cesantes, por razones ideológicas y gremiales, numerosos técnicos, profesionales y científicos que formaban parte de la infraestructura científica y tecnológica del país, sin contar el «reordenamiento» operado en el ámbito universitario.

Caída de salarios

Si bien los salarios aumentaron cuatro veces en el curso del año -18% a partir del 1.º de enero, 20% desde el 1.º de marzo, 15% con vigencia a partir del 1.º de junio y 15 % a partir de septiembre-, estos aumentos no compensaron en lo más mínimo el continuado alza de los precios, que, según cifras oficiales habían aumentado en más de un 200% en el corriente año. Como consecuencia, en julio los salarios reales habían caído un 60%, en relación a igual mes del año anterior, alcanzando el nivel más bajo de los últimos teinta años. Con estas tendencias, la regresión operada en la distribución del ingreso nacional es total. En los corrillos del Ministerio de Economía se estimaba que la participación de los asalariados en el ingieso nacional había caído de un 40% a un 29% en menos de un año.

Si no mediara un cambio de orientación en la política económica, dificilmente se modificará esta tendencia bajista en los salarios reales, dado el continuado aumento de los precios a tasas elevadísimas. En junio y julio se habían reducido sustancialmente las expectativas inflacionarias y el índice del coste de vida había descendido de un 38% de aumento mensual, que había tenido en marzo, a casi un 3 % (en parte debido a la modificación de las ponderaciones de los bienes que integran la cesta de la compra). Esto se debió, fundamentalmente, a la dramática caída que habían sufrido las ventas, que inhibió mayores aumentos de precios, pese al continuado aumento de los costos. En agosto se registró un aumento de los precios mayoristas del 8,2%, con lo cual la tasa de inflación anual rondaba el 450%. Cabe destacar que los precios mayoristas agropecuarios aumentaban en ese mismo mes en un 580% anual, con lo cual sería ilusorio esperar un apaciguamiento de las expectativas inflacionarias o una reversión en las tendencias a la bajá de los salarios reales.

Recesión por falta de demanda interna

En un país en donde más del 35% del PBI lo genera el sector industrial manufacturero y gran parte del mismo se orienta al mercado interno, la reducción del gasto público, y en particular la caída de los salarios reales, no dejan de tener importantes efectos recesivos. El debilitamiento del mercado interno y la caída de la demanda influyen principalmente sobre la mediana y pequeña industria productora de bienes de consumo popular masivo. Sin embargo, este año también ha incidido sobre la industria automotriz y sus industrias proveedoras y conexas, lo cual estaría indicando la gravedad de la crisis. La construcción pública y privada se halla también virtualmente paralizada. En fin, las únicas industrias que han tenido índices positivos de crecimiento, en relación al año anterior, son algunas vinculadas al sector agropecuario (producción de tractores, etc.) y aquellas que -pese al aumento de los costos internos, una tasa cambiaria desfavorable y la crisis económica mundial- han podido seguir exportando. Pero estos casos son mínimos y no han podido compensar las tendencias recesivas generalizadas.

En este contexto, es probable que la caída en el PB1 este año supere el 6,5% pronosticado con anterioridad, y que el aumento de la desocupación haya escapado ya de las manos del equipo de Martínez de Hoz. Fuentes extraoficiales estimaban que los desocupados en julio superaban el 7,5% de la población activa (unos 700.000 trabajadores). Pero estas cifras no toman en consideración la reducción de horas extras trabajadas, la reducción de los días laborables (algunas industrias trabajan sólo tres días por semana) y el cierre temporal. de muchas fábricas en un clima de «vacaciones forzadas». (Una de las principales demandas de los obreros de la industria automotriz en el conflicto reciente fue «que se trabajara toda la semana».)

Buena imagen internacional

Con todo, Martínez de Hoz ha impresionado bien a los centros financieros internacionales: pudo refinanciar la deuda externa y evitar una situación de virtual cesación de pagos. Por otra parte, se ha reducido, en alguna medida, el déficit de la balanza comercial, fundamentalmente debido a una reducción de las importaciones, a causa de la situación recesiva que vive el país. En lo que respecta a la estrategia exportadora del Gobierno, ésta se basa en la promoción de las tradicionales exportaciones agropecuarias de la zona pampeana. La reducción de las retenciones a las exportaciones, los altos precios sostén para la producción agrícola y tasas cambiarias favorables han infundido confianza en el sector agroexportador, principalmente el cerealero. Sin embargo, las exportaciones difícilmente alcancen los niveles de los últimos años. Los precios internacionales de los cereales han caído en algo con respecto al año pasado. Y sigue el cierre del Mercado Común europeo a las exportaciones de carnes argentinas. Tanto este factor como una relación de precios extremadamente favorable para los cereales, en relación a la carne vacuna, ha incidido sobre un proceso generalizado de liquidación y ventas de ganado y de vientres, resintiéndose el «stock» ganadero y la capacidad de exportación futura de este ítem.

Pese a todo ello, se estima que el déficit de la balanza de pagos ha de reducirse sustancialmente en relación a lo que fue en el año 1975.

En definitiva, se destaca la dureza del programa económico de Martínez de Hoz, que, por las características de la economía y sociedad argentinas, sólo puede desarrollarse en un marco político netamente represivo.

¿Quiénes se favorecen y quiénes se perjudican con esta política económica? Es evidente que el programa tiene un sesgo agropecuarista que favorece fundamentalmente a los intereses agrícolas de la región pampeana. El gran capital extranjero también ha sido favorecido, pero el mercado interno ha dejado de ser atractivo para él. Sin embargo, queda como perspectiva la explotación petrolífera de la plataforma submarina del Atlántico Sur, como inversión rentable. Por el momento, el flujo de capital extranjero al país sigue siendo nulo.

Por otra parte, es evidente que los costos sociales involucrados en el programa económico han sido sustentados casi exclusivamente por los asalariados obreros y la gran clase media argentina, quienes han visto dramáticamente reducidos sus ingresos y fuentes de trabajo. Pero tampoco debemos menospreciar el impacto que ha tenido esta política económica sobre la mediana y pequeña empresa, en particular la del interior del país. En las circunstancias actuales es de esperar que se produzcan quiebras masivas para estos sectores y la continuada concentración industrial a favor de la gran empresa.

Es interesante destacar que la situación económica actual ha comenzado a preocupar: incluso, a los militares.