La "economía social de mercado" no ha resuelto los problemas de pobreza

Con motivo del ligero cambio ministerial del pasado marzo, Augusto Pinochet declaró a la prensa que la Junta Militar que él preside no tiene ninguna intención de abandonar su actual línea de actuación, tanto en materia de política económica como respecto a su esfuerzo por constituir alguna suerte de sistema cónstitucional que esté de acuerdo con sus propósitos. En el país andino, estas declaraciones fueron entendidas como una prueba evidente de que el Gobierno de la Junta está decidido a implantar su proyecto político pasando por encima de toda una oposición creciente, que abarca desde los clandestinos partidos de izquierda hasta sectores empresariales, pasando por democristianos e Iglesia.En el terreno de la actuación económica; dicha oposición ha crecido conforme la Junta ponía en marcha el, lamado tratamiento de shock de la economía chilena. Tal tratamiento consiste en una violenta profundización en los rasgos principales del modelo económico elegido por la Junta desde el inicio de su ejercicio del poder. Dich modelo, llamado no sin eufemismo economía social de mercado, tiene como fundamentos, a) la absoluta libertad de precios en el mercado interno, b) la vuelta al libre comercio con el exterior y c) la búsqueda del cautelamiento de la espiral inflacionaria. Los únicos mecanismos de control público que se establecen son los de carácter mone tario (disminución del dinero circulante para detener la inflación y revaluación monetaria), de acuerdo con las teorías que el actual ministro de Economía, Jorge Cauas, ha aprendido de los pro fesores Friedman y Harberger en la escuela monetarista de Chicago. En realidad, más allá de este cuadro técnico, el modelo se apoya sobre dos presupuestos fundamentales: reducción de los costes de producción (en concreto de la mano de obra y de los gastos públicos asistenciales) y formación rápida de una gran masa de capital, que dependería de la entrada masiva de capitales extranjeros en primer lugar, y en segundo lugar, de la violenta concentración del capital nacional. Estos dos son los únicos factores que realmente cuentan a la hora de reorientar la economía chilena hacia el exterior, tal como tratan de hacerlo los consejeros económicos de Pinochet. El obje tivo último que estos (boys de Chicago, como se les llama en Chile) dicen perseguir, es el de ligar el aparato productivo chile no a los flujos financieros internacionales, en la perspectiva de situarlo en la misma posición que el de otros países (Brasil, es el ejemplo más citado) respecto a la posibilidad de pasara la exportación de determinados bienes manufacturados; de consumo hacia Europa y los Estados Unidos y de equipo hacia los menos desarrollados que Chile.

Habiéndose cumplido en mayo del 76 un año de funcionamiento de tratamiento de shock, se han, comenzado ya a conocer cuáles han sido sus resultados concretos. Según datos de la Sociedad de Fomento Fabril, SO FOFA, (la organización de empresarios industriales) el ritmo de la inflacción ha disminuido (el índice mensual era enjunio del 75 de un 19 por 100 y en los últimos meses no ha superado el 10 por 100) aunque las tasas anuales síguen siendo espectaculares, superiores al 250 por 100. También se han conseguido impulsar las exportaciones no tradiccionales (destaca la industria del papel), pero su importancia es bastante reducida, no consiguiendo compensar la baja en las exportaciones tradicionales debida al descenso de los precios internacionales del salitre y el cobre. El déficit de la balanza de pagos alcanzaba en diciembre del pasado año los 500 millones de dólares. El producto nacional bruto ha decrecido este último año en un 14 por 100, notándose especialmente la caida de la producción en el sector industrial (en donde ramas tan importantes como la del automóvil han producido un 46 por 100 menos que el año anterior). Las ventas en el rnercado interno han sufrido una reducción de, un 24 por 100 en el último cuatrimestre de 1975, siguiendo la drástica contracción delos salarios (en octubre del 75 el salario real era la mitad que en enero de 19B). Según el Instituto Nacional de Estadística el paro en el gran Santiago es ya del 18 por 100 y para el conjunto del país se calcula en un 26 por 100.

En otras palabras: respecto a los asuntos que eran centrales en la política del tratamiento (reducción de inflación, entrada de capitales, exportaciones) los avances han sido poco perceptibles; resultando además que para lograr estos avances mínimos los economistas de la Junta han hundido el desarrollo interno, congelando prácticamente la producción que se basa en el mercado nacional.

Las consecuencias sociales que se desprenden de esta política económica pueden adivinarse si se piensa que, en un país dependiente como Chile, el colocar en paro un cuarto de su población activa significa convertir en marginales casi un tercio de la población total (dado que las familias son más numerosas en las capas más bajas de la sociedad). Al crecer tan rapidamente el número de excluidos del proceso económico, han aumentado los mendigos, el subempleo, las enfermedades infantiles. Augusto Pinochet alude discretamente al tema cuando afirma que «el costo social está resultando un poco más elevado del que se esperaba». El economista André Gunder Franck, en su segunda carta abierta a los profesores de Chicago que aseso-ran a la Junta, prefiere hablar de la situación en términos de genocidio económico.

El deterioro del mercado interno la idea del «elevado costo social'», no traducen sólo la liquidación del poder de compra de los asalariados; también expresan el golpe (en algunos casos brutal) que han encajqdo amplios sectores de la pequeña y mediana empresa -e incluso determina dos sectores monopólicos- que asisten el mercado nacional. Sólo dos grupos empresariales se han visto beneficiados: Los grandes comerciantes y propietarios ex portadores (miembros de la vieja oligarquía) y el gran capital que pueda pasar a la exportación o aguantar la actual situación competidoras, (de hecho, se ha comenzado a producir una acelerada concentración en sectores tales como el transporte o la metalurgia). Todo esto ha supuesto el que los sectores afectados tiendan a reagruparse tras las organizaciones políticas y gremiales que actúan como la oposición semi-permitida al actual régimen. De esta forma, Orlando Sáez, el antiguo presidente de la SOFOFA, que trabajó sin descanso por el derrocamiento de Salvador Allende, se ha convertido hoy en la voz económica autorizada de dicha oposición burguesa. Sus apoyos principales son los dirigentes de los gremios pequeño-burgueses (comercio minorista, transportístas, profesionales), quienes afirman «no haber combatido contra el marxismo para que ahora se beneficien unos pocos».

Tensiones entre Junta Militar, y Democracia Cristiana

En correspondencia con el desarrollo del Tratamiento económico de shock la Junta Militar ha anunciado una serie de medidas políticas tendentes a conformar un sistema institucional que le perfnitan salir del estado de guerra en que aún permacece jurídicamente hablando el país; al respecto es necesario no olvidar que después de dos años y medio de permanencia en el poder, la Junta Militar mantiene todavía Chile bajo el toque de queda. En la última conmemoración del 11 de septiembre, Pinochet anunció la creación de un Consejo de Estado y la promulgación de tres actas constitucionales referentes a cuestiones básicas: ciudadanía, nacionalidad, garantías mínimas y situaciones de emergencia. El equipo de juristas de la Junta, asegura inspirarse en el régimen constitucional creado por el general Franco. Este intento de crear su propia institucionalidad pasa por la consecución de tres objetivos: a) destruir toda resistencia popular, b) impedir toda posibilidad de reconstrucción del tradicional esquema de alianzas sociales que fue base del Estado chileno, y c) neutralizar las direcciones políticas que aún puedan tener peso entre el empresariado y la pequeña burguesía (en especial la Democracia Cristiana).

Desde finales del pasado año, esta tentativa de neutralizar a la Democracia Cristiana, ha venido chocando con una mayor actitud crítica de parte de esta organización política, que se ve presionada a marchar hacia adelante por los sectores empresariales y populares afectados por el tratamiento económico de shock. El ofrecimiento de un pacto entre partidos moderados y FFAA, hecho por la dirección democristiana para procurar una progresiva normalización del país, ya fue rechazado por la Junta. En noviembre pasado, el ministro del interior se encargaba de responder á la DC públicamente: «No son ni el Aylwin ni el partido político en receso al que representalos llamados a definir el término democracia ... » Sentenciando para concluir «No habrá entendimiento entre las FFAA y los partidos políticos».

La agudización del conflicto entre DC y Junta Militar tuvo su reflejo dentro de la propia institución armada cuando a principios de este año un grupo de generales profesionales, encabezados por el general Arellano Stark, mostraron su desacuerdo con la utilización directamente política que Pinochet está haciendo del Ejército La caída de Arellano Stark en enero, si bien no significa la eliminación total de la corriente militar más profesionalista, no cabe duda, de que afirma el poder personal del dictador.

De forma paralela ha venido produciéndose el deterioro de las relaciones de, la Junta con la Iglesia Católica (cuyo apoyo le sería tan precioso, se dice, como le fue al general, Franco durante los cuarenta y cincuenta). El intento reciente de Pinochet de apoyarse en las iglesias protestantes (que en Chile tienen cerca de un millón de seguidores) se ha tropezado con la amenaza vaticana de la excomunión. El último auque de la Junta Militar contra la Iglesia se basa en la acusación de que el intento de 30 personas de pedir asilo en la embajada de Bulgaria, mientras tenía lugar la conferencia de la OEA, fue organizada por sacerdotes católicos en solidaridad con los refugiados.

En este conflictivo cuadro, la celebración de la última reunión de la Organización de Estados .Americanos en Santiago, ha sido considerada por la Junta como una importante victoria en su lucha por mejorar la imagen interior y exterior. Y quizás, no le falte razón. Es necesario recordar que cuando el pasado mes de noviembre la Asamblea General de la ONU condenó «la práctica institucionalizada de la tortura en Chile», el departamento de Estado norteamericano amenazó al Gobierno chileno con impedir la reunión de la OEA en Santiago de Chile si la Junta no conseguía mejorar su aspecto.

Las serias dificultades económicas y políticas que encuentra Augusto Pinochet para consolidar su sistema constitucional no han desaparecido, pero no cabe duda de que el dictador tratará de sacarte el mayor rédito posible a la reciente reunión de la OEA.