Cuatro grupos parlamentarios piden la exclusión tajante del Partido Comunista

El primer ataque del búnker contra la reforma hecha suya por el Gobierno Suárez -al menos en lo que se refiere al Código Penal, cuyo proyecto de ley de modificación se somete mañana al Pleno de las Cortes- fue iniciado ayer, al ser presentado en las Cortes, por cuatro grupos parlamentarios del sector inmovilista, un escrito por el que se pide someter a votación separada un texto según el cual se declaren ilícitas, en cualquier caso, las asociaciones comunistas.

El tema más polémico de los que mañana serán sometidos al Pleno de las Cortes, por el procedimiento de urgencia y en una sesión que no podrá exceder de cinco horas, es precisamente el de la ilicitud de las asociaciones políticas y de modo especial la exclusión que, con unas palabras u otras, se pretende hacer del Partido Comunista.En el pleno del día 9, al aprobar las líneas fundamentales del proyecto de ley de reforma del Código Penal, las Cortes aprobaron cinco puntos concretos, a los que tendría que circunscribirse la omisión de Justicia, a la que se remitió el proyecto de ley para su deliberación.

Durante los debates por el procedimiento de urgencia, la Comisión de Justicia hizo suyos los puntos citados aprobados por el Pleno e incluyó en su dictamen -como texto del artículo 172 del Código Penal- que serán consideradas como asociaciones ilícitas:

-Las que por su objeto o circunstancias sean contrarias a la moral pública;

-Las que tengan por objeto cometer algún delito.

- Las que tengan por objeto la subversión violenta o la destrucción del orden jurídico, político, social o económico, o el ataque, por cualquier medio, a la soberanía, a la unidad o independencia de la Patria, a la integridad de su territorio o a la seguridad nacional.

-Las que promuevan la discriminación entre ciudadanos por tazón de raza, religión, sexo o situación económica.

- Las que, sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario.

Contra esta última tipificación delictiva -cuya redacción había sido introducida en el Pleno de modo un tanto apresurada- se manifestaron en la Comisión de Justicia numerosos procuradores, entre ellos los señores Cabanillas, Meilán, Escudero, Cisneros, Angulo, Esperabé... Ofrecieron diversas fórmulas para sustituir una reacción calificada de grotesca.

En cambio, otros varios procuradores del ala conservadora -por emplear una expresión suave- se mostraron partidarios de que se especificara con toda claridad la ilicitud del Partido Comunista. En este bloque figuraban los señores Díaz-Llanos, Fernández-Cuesta (Raimundo) y Hernández Navarro.

Prosperó en parte la tesis de los primeros y se aprobó elevar a la presidencia de las Cortes una sugerencia para que, en su caso, fuera sometida al Pleno de la Cámara la nueva redacción siguiente para incluir como último punto del artículo 172 del Código Penal: "Las que, por su objeto, programa, actuación o circunstancias, atenten a la dignidad o a la libertad humanas, o sean contrarias al pluralismo asociativo como medio para la participación política».

Reacción del búnker

La reacción bunkeriana contra este texto se ha instrumentado a través de un escrito que ayer entró en las Cortes, suscrito por un miembro de cada uno de los cuatro grupos parlamentarios siguientes: Unión del Pueblo Español (presidente, Francisco Abella); Acción Institucional (presidente, Rafael Díaz-Llanos); Regionalista (presidente, Laureano López Rodó) y Laboralista (presidente, Rafael Arteaga). En el escrito citado se pide que en el pleno de las Cortes de mañana se someta a votación un texto por el que se declaren ilícitas, en cualquier caso, las asociaciones comunistas nacionales e internacionales.

La entrada del documento en la secretaría de las Cortes ha sido comunicada a EL PAÍS por algunos de ¡os miembros (de uno de los grupos parlamentarios que participan en la operación.

En cuanto a los propósitos que se pretenden con este escrito, parece que no puede ser su efectivo sometimiento al pleno de las Cortes, ya que, con el Reglamento de la Cámara en la mano -en el que son expertos algunos de los miembros de tales grupos-, es absolutamente inviable que un texto que no haya pasado por la Comisión legislativa correspondiente -y obtenido en ella un mínimo de diez votos a favor- pueda ser sometido al Pleno.

Consultado un procurador ajeno a los cuatro grupos parlamentarios citados, el señor Esperabé de Arteaga, uno de los que mejor conocen los entresijos del Reglamento de las Cortes, ha manifestado a EL PAÍS que, ni en el procedimiento normal, ni mucho menos en el de urgencia, es posible que se pueda someter al Pleno una sugerencia de este carácter.

El propósito claro que se atribuye en medios legislativos al escrito citado es el de neutralizar la posible aprobación de la sugerencia emanada, por votación mayoritaria, de la Comisión de Justicia. La maniobra consiste, según tales medios, en presionar al Gobierno para que no someta a votación la sugerencia más progresiva, con lo que subsistiría la alusión a los partidos totalitarios de disciplina internacional. Los procuradores del búnker -que no fueron capaces de hacer prosperar esta fórmula en la Comisión de Justicia- se darían por satisfechos si en el Código Penal figura este tipo de ilicitud, añaden las citadas fuentes.

Aunque, según recoge Logos, tales grupos no pretenderían provocar una votación adversa del proyecto de ley de reforma del Código Penal, en circulos parlamentarios solventes se considera -dada la inviabilidad reglamentaria del escrito- que la intención no es otra que la de intimidar al Gobierno y a la propia Cámara y evitar así que la sugerencia que obtuvo el consenso en la Comisión de Justicia prospere en el Pleno de la Cámara.