El ‘caso Ayuso’ y el derecho a la información

Una docena de noticias y artículos, incluidos dos editoriales, recogían esta semana en este diario cómo la Comunidad de Madrid ha señalado públicamente a dos periodistas de EL PAÍS, y a los de Eldiario.es, con bulos que difaman su trabajo. El periodismo, como herramienta fundamental que sustenta la democracia, cuando pregunta al cargo político es para poner bajo la lupa los detalles de su gestión, no al revés. Pero esta cobertura afecta de lleno al derecho a la información de los lectores, que no solo figura entre los principios éticos del Libro de Estilo que obligan a los redactores del periódico, sino que es un derecho fundamental que reconoce y protege la Constitución Española en su artículo 20. Por eso, es obligado el análisis:

Hechos

Dos reporteros acudieron el pasado martes a la calle donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para verificar una información ramificada del presunto fraude fiscal cometido por su pareja, Alberto González Amador, imputado por este delito y otro de falsedad en documento mercantil. Trataban de averiguar si en el piso donde viven se ha hecho una obra ilegal. Para ello, preguntaron a unas siete personas en la vía pública, donde permanecieron menos de una hora, según el relato de ambos. En ese tiempo, un policía del servicio de vigilancia de la presidenta les pidió que se identificasen y así lo hicieron.

Horas después, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, señaló a los dos reporteros en un chat de periodistas con nombre, foto, apellidos y un infundio sin pruebas: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. En el mismo mensaje, que él ha admitido haber mandado, añadió, igualmente sin probarlo, que “periodistas encapuchados” de Eldiario.es habían intentado acceder a la vivienda, un hecho desmentido por este medio.

Esa misma noche, varias publicaciones se hicieron eco de las falsedades, sin la mínima comprobación de preguntar a los reporteros su versión. Al día siguiente, el locutor de esRadio y columnista de El Mundo Federico Jiménez Losantos dio un paso más, al tildar a los periodistas de “delincuentes” y animar a ejercer la violencia contra ellos. Tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de Madrid han justificado y respaldado el hostigamiento de Rodríguez a los informadores. “Derivan de conversaciones privadas”, afirmó el primero. “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada”, ratificó ella en la Asamblea de Madrid, también sin pruebas.

Derechos

Preguntar no es un delito. En cambio, forma parte del derecho a comunicar y recibir información que recoge la Constitución, que establece como límites “el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Pero no basta con que alguien invoque la violación de estos otros derechos para que decaiga el de la información, sino que se debe explicar cómo se ha atacado o invadido la esfera personal. Preguntar a ciudadanos en la calle difícilmente puede entrar en ese supuesto.

Confusión

Desde la antigüedad, la calumnia ha formado parte de la vida política. Llega hasta este siglo de la mano, entre otros muchos, de Donald Trump, quien se valió de la desinformación para ganar unas elecciones, y se ha extendido como una plaga por la esfera pública internacional. Tampoco es nuevo el hostigamiento a los periodistas, a quienes se señala para cuestionar su trabajo. Por eso, resulta fácil detectar la estrategia de confusión: primero se difunden noticias falsas y luego se afirma que todas las noticias son falsas. En este caso, se empieza por difamar a los periodistas al acusarles sin pruebas de ningún tipo de acosar e intimidar y luego se cuestiona el trabajo que realizan.

Amedrentar

Señalar a dos periodistas tiene el objetivo obvio de amedrentarlos. Además, añade el efecto muy peligroso de expandir la autocensura. En la práctica, intimida a los medios más pequeños, que por miedo a posibles represalias (bajo la forma de retirar la publicidad institucional o negar información) optan por rebajar la fiscalización del poder público. Y, sobre todo, es una advertencia velada a las fuentes, a las que se les indica con nombre y apellidos con qué periodistas no hablar. Y así, funcionarios, empleados de empresas públicas o vecinos de un edificio dejan de contestar a las preguntas planteadas en el ejercicio del derecho a la información. ¿Cómo afecta eso a los lectores? Baja la calidad de lo que se sabe y, por tanto, interfiere en el derecho a la información. De nuevo, el artículo 20 de la Constitución.

La batalla de la atención

Con este infundio, Rodríguez ha logrado desviar el foco del caso Ayuso a su comportamiento. Ha pasado a un segundo plano si la presidenta se benefició del presunto fraude fiscal de su pareja. A la vez, ella usa el victimismo, una fórmula con la que elude responder a las críticas. Y así dejan de ser los periodistas los que interpelan, porque los interrogantes se convierten en ataques personales.

Que los reporteros hagan preguntas forma parte de un derecho de los ciudadanos tan básico como el de votar. Sobre la vivienda de la primera autoridad política madrileña, del PP, o sobre el caso Koldo, que afecta al PSOE. Sobre todo lo que afecte a la gestión de los poderes públicos. Los periodistas hacen las preguntas para cumplir con el derecho a la información. Siempre que esta labor se cuestione o se impida, es un ataque a la democracia y son los lectores, los ciudadanos, los perjudicados.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).