Lorenzo Clemente: “El Supremo deja claro que Cultura no puede excluir los toros del Bono Cultural Joven porque no le gusten”
El presidente de la comisión jurídica de la Fundación Toro de Lidia analiza la sentencia que da la razón a su organización y pide valorar el quebranto patrimonial que produjo la decisión de la administración
“La sentencia del Tribunal Supremo que anula la exclusión de los toros del llamado Bono Cultural es muy importante para la tauromaquia, porque viene a decir que la Administración Pública, Cultura en este caso, no puede discriminar la fiesta de los toros porque no le guste”.
Así de concluyente se muestra Lorenzo Clemente, presidente de la comisión jurídica de la Fundación Toro de Lidia (FTL) y redactor del recurso que esta organización presentó en mayo del pasado año contra la decisión del Ministerio de Cultura de excluir la tauromaquia de las actividades a las que podrían acceder los jóvenes que se beneficiaran del Bono Cultural, una ayuda de 400 euros a los ciudadanos que cumplan 18 años para gastar en obras y eventos artísticos.
Aunque la decisión del alto tribunal se refiere al bono de 2022, la primera edición de la iniciativa, Clemente añade que la Fundación ya se ha puesto a disposición del Ministerio para reconducir este año la situación “sin necesidad de recurrir de nuevo a la presentación de alegaciones”. “En condiciones normales”, prosigue, “cualquier administración que recibe una sentencia de este tipo ajusta su comportamiento a su contenido, y parece que eso es lo normal en un estado de derecho”.
El jurista constata que aún se está a tiempo de rectificar en el proyecto de Bono Cultural Joven de 2023, que está en fase de exposición pública, si bien señala que “la exclusión de 2022 ha producido un quebranto patrimonial para la tauromaquia, y habrá que valorar si se puede reclamar de algún modo”. “Lo que está claro es que si la administración ha actuado ilegalmente y ha causado un daño, debe repararlo; pero será difícil cuantificarlo, y la reclamación correspondería a los sectores afectados, especialmente a los empresarios taurinos”.
Clemente insiste en los argumentos fundamentales de la sentencia del Tribunal Supremo, y destaca, en primer lugar, que “los jueces dejan muy claro que las administraciones públicas tienen la obligación de fomentar la tauromaquia de acuerdo con la ley 18/2013 que la regula como patrimonio cultural”.
Por otra parte, Cultura argumentó en su día que tiene discrecionalidad para decidir qué actividades fomenta, y que la tauromaquia recibe 35.000 euros para la FTL y la dotación de 30.000 euros del Premio Nacional de Tauromaquia, entre otras iniciativas. “El tribunal señala que esas subvenciones no justifican el trato discriminatorio, y que la exclusión de los toros carece de una razón fundamentada y de peso para llevarla a cabo”, explica Clemente.
“Y todavía queda una argumentación de los jueces que me parece más importante”, afirma Clemente. “El Bono Cultural está dirigido a impulsar la cultura entre los jóvenes, lo que tiene una importancia cualificada porque se trata de una nueva generación, del futuro en una palabra, lo que es absolutamente fundamental cuando se trata del deber de promocionar el patrimonio cultural”, concluye.
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