La Academia Nicaragüense de la Lengua: la nueva víctima de la represión del Gobierno de Ortega

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el presidente Daniel Ortega, ha cancelado este martes la personalidad jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua, tras 94 años de existencia, una nueva medida enmarcada en la ola represiva que el régimen sandinista está lanzando contra las organizaciones de la sociedad civil, a las que considera desestabilizadoras. Con el apoyo de 75 de los 95 diputados, el organismo ha aprobado una ley que aboca al cierre de la Academia de la Lengua del país junto con otras 82 organizaciones sin ánimo de lucro a las que acusa de no registrarse como un agente extranjero.

En total son ya 200 las entidades clausuradas por el Gobierno de Ortega desde 2020, cuando el Parlamento aprobó una ley que las obliga a registrarse ante el Ministerio de Gobernación como “agentes extranjeros” y a rendir cuentas sobre el uso de los fondos que reciben como donaciones.

La noticia, que se había avanzado el pasado sábado en Nicaragua, ha causado desolación en el mundo de la cultura. La Real Academia Española (RAE) emitió este lunes un comunicado en el que manifiesta su “profunda preocupación por el posible cierre”, recuerda que se trata de una institución “fundamental para el cuidado de la lengua” y pide apoyos públicos y privados para evitar lo que considera una “pérdida irreparable”. “Lucharemos por ella”, ha asegurado esta mañana el director de la institución, Santiago Muñoz, ante lo que ha calificado como una acción para “cortarle la lengua a la gente e ir un paso más allá en la opresión. Es intolerable desde cualquier punto de vista”, ha añadido. En términos semejantes se han pronunciado las Academias de Chile, Argentina, Ecuador y México.

El escritor y premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, que vive exiliado en España por la persecución que sufre por el régimen de su país, apunta directamente a Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, como los principales responsables de la decisión: “Así queda prohibido el funcionamiento de una entidad que se dedica a la promoción de estudio de la lengua, formada por intelectuales, lingüistas y escritores de pensamiento plural. Es el único caso que se ha dado en la historia de las academias de la lengua establecidas en España, América Latina y Estados Unidos”, recuerda el autor.

Ramírez lo considera un acto de barbarie. “Y obedece a un plan para acallar todas las voces de la sociedad, cerrando de manera masiva las instituciones civiles que se dedican a promover la educación, la cultura, los derechos humanos, la democracia, la cooperación ciudadana, el desarrollo comunal, o la igualdad de género. Todo al tiempo que se impide la organización de partidos políticos y se mantiene en la cárcel a decenas de ciudadanos solo por aspirar a una Nicaragua libre y democrática”. Este cierre es un capítulo más, pero de calado, en la deriva totalitaria del régimen, según él. “Cerrar las puertas de la Academia Nicaragüense de la Lengua es parte de la represión brutal que sufre el país que vive ahora bajo un estado policiaco”.

En esos mismos términos se expresa su compatriota Gioconda Belli. La poeta salió del país en mayo del año pasado y hace cuatro meses se instaló en España. Es su segundo exilio desde el que vivió entre 1975 y 1979, en plena dictadura de Somoza. “Pero ahora es si cabe más extraño a estas alturas, más desconcertante, lo vivimos con más inquietud”, comenta afligida por el cierre de una institución a la que pertenece desde 2013. “En un país como Nicaragua, donde se venera el lenguaje y a Rubén Darío, no tiene sentido esa decisión. Pero esta dictadura, que ha colocado como santo al gran poeta, se ha empeñado en perseguir a sus creadores”.

Entre los organismos cancelados por el régimen están la Academia de Ciencias y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, ligado a la jesuita Universidad Centroamericana, crítica con el régimen y uno de los bastiones de las protestas estudiantiles de 2018, que Ortega respondió con una dura represión que dejó al menos 355 muertos. El IHNCA cuenta con un importante archivo que reúne una valiosa colección de documentos sobre la historia nicaragüense y de la región, además de ser uno de los centros de investigación y de análisis académico más destacados del país.

A inicios de febrero, el Parlamento aprobó otra iniciativa que ilegaliza cinco centros universitarios, en una revancha del régimen contra las universidades que apoyaron las manifestaciones antigubernamentales. “Hay organizaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse. Este es un proceso [el cierre de entidades] que va a continuar y nadie debe asustarse”, advirtió en febrero el diputado oficialista Filiberto Rodríguez. Fue Rodríguez quien presentó la iniciativa para disolver la Academia Nicaragüense de la Lengua, porque, dijo, esta no se inscribió como un “agente extranjero” ante Gobernación, a lo que estaba obligada.

Esta nueva cacería se da después de que el Gobierno arremetiera contra músicos nicaragüenses por mantener una postura crítica. En abril, la Policía Nacional detuvo al músico Josué Monroy, quien se convirtió en uno de los primeros artistas ligados a la escena musical crítica que comenzó a ser perseguida por el régimen. Además de Monroy, fueron detenidos tres productores musicales y Emilia Ariente, una cantante italiana que vivió años en Nicaragua, fue deportada.

El régimen ya había demostrado antes de las protestas de 2018 su repudio hacia escritores y artistas en Nicaragua que no se alinearan con sus políticas. Es muy conocida la persecución contra el poeta Ernesto Cardenal, quien en 2017 denunció en una entrevista con EL PAÍS lo que consideró una “persecución política”. El poeta afirmó en esa ocasión: “Me alegra que el mundo entero se esté enterando de que soy un perseguido político en Nicaragua. Perseguido por el Gobierno de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, que son dueños de todo el país, hasta de la Justicia, de la Policía, y del Ejército. No te puedo decir más, porque es una dictadura”. La saña contra Cardenal fue tal que, en marzo de 2020, simpatizantes de Ortega vestidos con pañuelos rojos y negros (los colores del Frente Sandinista), invadieron su funeral en la Catedral Metropolitana de Managua, llamándole “traidor”.