Daniel Ortega liquida la libertad de cátedra en Nicaragua

Manuel, un universitario nicaragüense, siente incertidumbre desde el 29 de marzo. Ese día, la Asamblea Nacional controlada por diputados sandinistas aprobó una reforma a la Ley de Autonomía Universitaria de las Instituciones de Educación Superior que no solo le quita a su centro de estudio el 6% del presupuesto constitucional, sino que liquida la autonomía universitaria en Nicaragua. “No sé qué va a pasar con mi beca en la UCA (Universidad Centroamericana, jesuita)”, dice Manuel a EL PAÍS.

La reforma aprobada por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional tiene un punto medular: asfixiar por completo a la UCA, administrada por la Compañía de Jesús y cuya impronta en la sociedad ha sido relevante en Nicaragua. No solo algunos de los que hicieron la revolución sandinista pasaron en sus aulas, incluido el mismo presidente Daniel Ortega y sus hijos, sino que en 2018 abrió sus puertas para los estudiantes que se rebelaron contra el ahora caudillo sandinista.

“Es una venganza contra la UCA por no callar en 2018. Recordá que al rector de la universidad, el padre José Idiaquez, lo amenazaron de muerte por criticar las violaciones a los derechos humanos durante la rebelión estudiantil”, dijo un catedrático que pidió anonimato.

Con la decisión de eliminar el financiamiento, el régimen completó la asfixia de la UCA, considerada un hervidero de pensamiento crítico en este país centroamericano. El acoso a la universidad jesuita inició con constantes auditorías del Consejo Nacional de Universidades (CNU), un órgano de coordinación y asesoría de educación superior dominado por el Frente Sandinista, y cuyos titulares han sido leales al presidente. Luego, el Gobierno redujo significativamente la partida presupuestaria a la universidad, a tan solo un millón de córdobas (28.000 dólares al cambio oficial). Esto generó que la universidad recortara becas.

“Yo tenía 75% de beca y me la redujeron a 50… Ahora, con la suspensión de la UCA del 6%, creo que me la van a quitar toda”, dice Manuel (prefiere no dar su apellido), un estudiante de diseño gráfico que trabaja durante la semana y se saca la carrera los fines de semana.

El punto clave de la reforma tiene que ver con el cambio del numeral 9 del artículo 58 que dice “aprobar la política y distribución de los fondos asignados a las universidades establecidas en el artículo 56 de esta Ley, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación”. En la lista aprobada no aparece la UCA. Aunque todavía no se sabe cuál será la “universidad privada” que el CNU agregará al listado.

Las presiones contra la UCA se duplicaron a partir de las crisis de 2018, ya que el recinto fue cuna de los estudiantes que protestaron por el incendio de la reserva de biósfera Indio Maíz y luego por la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que encendió la rebelión cívica que el Gobierno apagó con fuerza brutal. Al menos 355 personas fueron asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Varios de los estudiantes que encararon al régimen, como Lesther Alemán, eran de la UCA. Alemán fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” el pasado tres de febrero y condenado a 13 años de prisión.

Control político de las universidades

La reforma le confiere todo el control de la educación superior al CNU. El Frente Sandinista, a través de este órgano que no ha dicho nada sobre la confiscación de cinco recintos universitarios, controlará desde los planes de estudio, los perfiles, los programas y la administración académica.

El CNU tiene ahora la potestad de cancelar la autorización de apertura de nuevas universidades “a aquellas que en el plazo de seis meses no obtengan la personalidad jurídica por la instancia correspondiente de conformidad con las leyes de la materia”. Además, podrá “requerir a las instituciones de educación superior la información necesaria para su mejor desempeño”. Junto al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) se podrá intervenir y supervisar la gestión de las universidades.

“Esta es una cubierta legal para las arbitrariedades que se cometieron hace poco al clausurar las universidades. Es una carta blanca para que el Gobierno diga qué puede ser universidad y qué no. Con la afectación a la UCA, Nicaragua pierde la capacidad de tener educación superior que esté en función del país”, le dijo Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM), quien está en el exilio.

Una de las últimas disposiciones de la norma es la derogación del artículo 14, el que estipulaba que “los centros de Educación Técnica Superior se organizarán y gobernarán según lo que señalen sus leyes constitutivas, estatutos y reglamentos”. Es decir, la demolición total de la autonomía universitaria que los estudiantes arrancaron a la dictadura somocista en el siglo pasado, después de encarcelamientos y represión.

Desde entonces, la autonomía universitaria se convirtió en un baluarte en Nicaragua. Sin embargo, desde que Ortega regresó al poder en 2007, inició un proceso para debilitar esta autonomía desde lo interno de las universidades públicas. Lo hizo a través de La Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), un grupo de simpatizantes sandinistas sin mayores credenciales académicas y que, por ejemplo, han celebrado en los recintos las confiscaciones recientes, entonando la canción de propaganda “el comandante se queda”, en referencia al mandatario.

La aprobación de esta reforma se inscribe en el afán del régimen de imponer un control total sobre la sociedad de Nicaragua, según la socióloga Elvira Cuadra. No solo con la confiscación de universidades que afectan a unos 18.000 estudiantes, sino con una cacería de 137 organizaciones de la sociedad civil, obligadas a cerrar. En la misma sesión legislativa, los diputados legalizaron la cancelación de estas organizaciones. “No quieren que exista ningún tipo organización social al margen de ellos”, dijo Cuadra.

La demolición de la autonomía universitaria, que los estudiantes reclamaron en las protestas de 2018, se suma al control partidario impuesto en la educación primaria y secundaria desde hace años en Nicaragua. Los libros de texto están plagados con fotos de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acompañados de textos que resaltan al “buen Gobierno” y la gratitud que los estudiantes deben profesarles.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región