El PSOE saca adelante la polémica ley audiovisual con la abstención del PP y Podemos

Irritó a algunos aliados. A otros, directamente, los perdió por el camino. Y, al final, para sacar adelante la nueva ley audiovisual este jueves en el Congreso, el PSOE ha necesitado a su principal opositor. Ha conseguido lo que buscaba, eso sí. Pero se ha ganado un enemigo inesperado: buena parte del cine español, tradicionalmente afín a la izquierda. Los productores independientes llevan días protestando contra la reforma, porque creen que un cambio de última hora introducido por los socialistas les perjudica frente a los grandes grupos.

Su lucha cuenta con el respaldo de las mayores instituciones del sector y de cientos de creadores como Pedro Almodóvar o Isabel Coixet. Y comparte su rechazo el otro socio de Gobierno, Unidas Podemos —que se abstuvo, aunque subrayó su “lealtad” al Ejecutivo del que forma parte—, y Esquerra Republicana, que pasó del sí al no en la votación decisiva en el Congreso. Así que la clave residió en la abstención del PP. Con el voto a favor también de los nacionalistas vascos, la reforma avanza hacia el Senado, cuya aprobación necesita para entrar en vigor. Detrás, sin embargo, queda una relación rota. Y varios interrogantes sobre el coste de esta decisión, para la coalición de Gobierno y para las películas y series independientes españolas.

“Para nosotros, esto es la guerra”, amenazaban el miércoles los productores en una rueda de prensa convocada de urgencia para que se cambiara la ley. De nada sirvió su presión, ni la alarma de que la reforma les dejaría “tocados de muerte”. Tampoco prosperó la enmienda con la que Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu intentaron devolver el texto a su formulación original, sin la modificación del PSOE que abrió la caja de Pandora de las polémicas. “En la vida vi tantas entidades juntas defendiendo una misma idea”, reconoció Sofía Fernández Castañón, de Unidas Podemos, durante el debate en el Congreso.

De momento, los productores se lamen las heridas y preparan sus próximos pasos: piden al Ejecutivo sentarse a negociar otras medidas o prometen acudir a la UE, para denunciar que la ley viola el espíritu de la directiva que transpone —con un año y medio de retraso, tanto que Bruselas ha empezado un proceso de sanción contra España—, o al Constitucional. “Ningún Gobierno ha apoyado más al sector”, respondió en el Congreso la diputada socialista Begoña Nasarre. Recordó el aumento de los fondos públicos para la producción cinematográfica que se ha establecido en los últimos años y subrayó que la puerta está abierta para negociar alternativas que secunden las reivindicaciones del colectivo.

Tal vez suceda, pero en el futuro. Hoy el sector asume con decepción su derrota. La batalla, en realidad, se centraba en una sola palabra, modificada en la definición de productor independiente. Y la queja de fondo también se resume en un único término, que se repitió en las intervenciones de los grupos contrarios a la reforma: “duopolio”, es decir, Mediaset y Atresmedia, los grandes favorecidos por el cambio, según los productores independientes. Aunque Joan Margall, de Esquerra Republicana, también lamentó el dúo PSOE-PP: “La gran coalición, ya se lo explicarán a sus votantes”.

La reforma obliga por primera vez a las grandes compañías de streaming como Netflix o Disney + a destinar el 5% de sus ingresos generados en España a financiar obras audiovisuales europeas, algo que ya cumplen las cadenas privadas. Un 70% de ese porcentaje (o, dicho de otra forma, el 3,5% de los ingresos) debe invertirse en producciones independientes nacionales en español o lenguas cooficiales. Central, pues, resulta la definición de productor independiente. “La persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual […] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”, según el artículo 110.1, tras la modificación socialista.

La enmienda de Unidas Podemos, Esquerra y EH Bildu propuso en balde colocar “un” ahí donde la ley escribe “dicho”. En términos concretos, un productor vinculado a Telecinco que prepare una película o serie para la misma cadena no se puede considerar independiente. Pero, con la formulación actual, sí podría serlo si levantara un proyecto para otra gran emisora privada, como Atresmedia, o plataforma, como Netflix. Con “un”, en cambio, solo hubieran sido “independientes” aquellos que trabajan al margen de los principales actores de la industria.

El propio Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, desde el festival de Cannes, dijo que él no ve un riesgo tan “grande” como lo perciben los productores, pero, a la vez, evitó una defensa encendida del texto: “En el peor de los escenarios, con la nueva ley audiovisual no retrocedemos en nada”. “En el Consejo de Ministros no ha habido discusiones, entre ministerios igual sí. Cuando salió del Gobierno esta ley concitaba la unanimidad. Lo cual no quiere decir que durante el trámite no se hayan visto las cosas de forma distinta y con enmiendas no siempre coincidentes. Yo solo me puedo hacer responsable del texto que llevé al Congreso, que es el que aprobó el Consejo de Ministros. Ese proyecto atendía bien a ese equilibrio”, agregó, en sutil, pero evidente alusión al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, liderado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha gestionado la tramitación de la ley.

Los focos, centrados en la pelea con los productores, apenas han iluminado los otros aspectos de una ley que también obliga a las grandes plataformas a financiar obras en lenguas cooficiales del Estado (con un 0,525% de sus ingresos anuales en España) o a filmes y series dirigidos o creados exclusivamente por mujeres (un 1,05%, un porcentaje que Cima, la asociación de mujeres cineastas, denunció como promesa incumplida). Todo depende, eso sí, de que las declaraciones ante Hacienda de estos colosos reflejen sus recaudaciones reales, como más de una vez se ha puesto en duda. Y de que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sea capaz de asumir las múltiples nuevas tareas de control que la ley le encarga. El sector, en todo caso, lamenta también que, por comparar, en Francia estas compañías deberán dedicar entre un 20 y un 25% de sus ingresos a producción europea y nacional, y en Italia un 17%, que subirá hasta el 20% en 2024.

El texto toca temas tan amplios como la prominencia del catálogo europeo y nacional, la protección de los menores, la financiación de RTVE o inéditos controles a los principales youtubers. Y subraya la diversidad lingüística, la inclusión y la accesibilidad como algunas de las aspiraciones principales de la ley. También pretende impulsar un código de autorregulación entre los principales actores del sector audiovisual. Para ello, sin embargo, hará falta mucho consenso. Justo lo que ha escaseado en el Congreso.