La indignación de los productores independientes hace peligrar la aprobación de la nueva ley audiovisual

La nueva ley audiovisual todavía no está ni aprobada, pero ya ha logrado un cambio inédito. Eso sí, en su contra. “Cuando todas las asociaciones del sector de la producción en España nos hemos puesto de acuerdo por primera vez en años tiene que ser porque lo tenemos claro”, afirma un comunicado difundido ayer lunes por las principales asociaciones que realizan cine y series independientes. Y en lo que concuerdan es que la normativa, tal y como está formulada en su última versión, les traiciona. La misma opinión expresa Cima, la asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales. “El próximo jueves 26 de mayo se puede aprobar la sentencia de muerte de la industria audiovisual española tal y cómo la conocemos”, agrega el documento. Porque, ese día, el Congreso debe dar luz verde o rechazar el texto de la ley, para que luego pase al Senado y termine entrando en vigor. Un diputado que ha trabajado a fondo en el proceso informa que PSOE y Unidas Podemos están negociando cambios de última hora, para resolver una contradicción explosiva: los colectivos más indignados son justo los que la reforma pretende proteger.

Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, culpó hoy martes del revuelo a su socio en la coalición de Gobierno. Acusó al PSOE de “hacer pasar por enmienda técnica algo que no lo es” y de “regalar la producción audiovisual de series y de cine al duopolio televisivo, a Atresmedia y a Mediaset”, en una rueda de prensa en el Congreso. Y agregó que trabajarán en “devolver el texto” a su forma original, antes de que el cambio de una palabra en el artículo 110.1 enfureciera a los productores independientes. De ahí que la reforma, que salió adelante con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, PNV y Esquerra Republicana, parezca peligrar de cara a la votación en el pleno del Congreso. Fuentes de Más País, otro aliado habitual del Ejecutivo, comparten sus dudas y relatan que aún no han decidido su voto. Aún así, Héctor Gómez, portavoz socialista, se limitó a asegurar en su rueda de prensa que su partido confía en tener “los apoyos suficientes”. Ante una pregunta sobre el cambio en el texto que tantos problemas ha causado, respondió que “el propósito es alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos” y que hablan y siguen hablando “con el sector”. “Entendemos que la actual redacción es muy importante, no obstante seguiremos abiertos” a nuevas modificaciones, añadió. “Veremos cómo será el texto definitivo, dado el desconcierto que se genera con cualquier ley que se tramita por parte de este Gobierno, el Gobierno del caos”, declaró en el Congreso Cuca Gamarra, portavoz del PP.

A nivel lexical, en realidad, la modificación que ha desatado la discordia fue mínima. El dictamen aprobado la semana pasada por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital —que llega este jueves al pleno del Congreso— establece que las grandes compañías de streaming como Netflix o Disney + destinen el 5% de sus ingresos generados en España a financiar obras audiovisuales europeas. Y, de ese porcentaje, un 70% debe invertirse en producciones independientes nacionales en español o lenguas cooficiales. La clave, pues, reside en quién se considera “productor independiente”.

El artículo 110.1, en su nueva versión, lo define así: “La persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual […] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”. La polémica se centra en una palabra: donde la ley ahora escribe “dicho” antes se leía “un”. Traducido, significa que un productor vinculado a Telecinco que prepare una obra para la misma emisora no se puede considerar independiente. Pero sí podría serlo si levantara un proyecto para otro gigante del sector. La formulación “un”, en cambio, permitiría calificar de independientes solo aquellos que trabajen al margen de todos los grandes grupos y plataformas.

“Las productoras vinculadas a un proveedor de servicios de comunicación tendrán la consideración de independientes cuando produzcan para otros proveedores de servicios de comunicación compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos productores independientes”, defiende el comunicado. Es decir, temen que colosos como Atresmedia o Netflix terminen produciendo el uno para el otro, agotando así un dinero que la ley quiere reservar para los proyectos precisamente fuera de la industria más poderosa.

Ante ello, algunos solicitan al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que aclare su posición y tome cartas en un asunto que, desde el principio, ha gestionado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, liderado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Aunque en el festival de Cannes, María Zamora, que leyó el comunicado en nombre de los productores, subrayó el buen entendimiento del sector con Cultura “de quien no ha dependido esta ley, han sido otros los que han creado este error”. El sector ha convocado para mañana miércoles una rueda de prensa en Madrid, donde pretende enseñar su unión y el apoyo de muchas caras conocidas del cine y las series españolas, bajo el lema: “Salvemos la democracia, salvemos la producción independiente”. Mientras, un grupo de productores ya se ha reunido en Moncloa, a espaldas del resto, con Presidencia, informa Gregorio Belinchón.

Antes de que la discusión se centrara en una palabra y sus consecuencias, en realidad, desde el sector audiovisual también se lamentó de que las grandes plataformas solo debieran comprometer el 5% de sus ingresos. Y eso sin tener en cuenta la ingeniería fiscal con la que varios colosos del streaming han logrado declarar recaudaciones sorprendentemente bajas ante la Hacienda española a lo largo de los años. Por comparar con los principales países de Europa, Francia obligará a las grandes plataformas a reservar entre el 20% y el 25% de sus ingresos en el país a la producción europea y nacional. En Italia, ese porcentaje subirá del 17% al 20% en los próximos años. En Alemania, en cambio, se establece un impuesto que oscila entre el 1,8% y el 2,5% de los ingresos, según un repaso realizado por el Observatorio Audiovisual Europeo.

A la indignación, en todo caso, se sumó ayer Cima, que además de respaldar la rabia de los productores independientes, plantea sus propias objeciones. Una fuente de la organización explica que habían solicitado que la ley impusiera reservar un 40% de la emisión audiovisual de las cadenas tradicionales y del catálogo de las principales plataformas digitales a obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. A la vez, pedían que el 5% de los ingresos que Netflix o Disney + deberán destinar a financiar producciones europeas fuera reservado, en un 40%, a obras de creadoras.

La organización aseguró ayer lunes en un comunicado que contaba “con la promesa del PSOE” de que sus demandas serían acogidas. De las primeras dos, sin embargo, no queda nada. Y la tercera se ha reducido sensiblemente: habrá porcentaje para financiar únicamente obras dirigidas y creadas por mujeres, pero será un 30%. Y no sobre el total que las plataformas han de reinvertir en cine y series europeas, sino dentro de aquel 70% destinado a producciones independientes. Es decir, el 1,05% del dinero que los gigantes del streaming usarán para financiar obras continentales y nacionales irá a filmes y series de creadoras. “Corre el peligro de convertirse en una ley que menosprecie y olvide la situación y el futuro de las mujeres profesionales, la igualdad en los medios audiovisuales y la creación de contenidos que sean referentes para la igualdad”, agrega el documento de Cima.

Paradójicamente, parece haberse cerrado mientras tanto el otro frente polémico que abrió esta ley, cuya negociación ha arrastrado un año y medio de retraso —la directiva europea que transpone ponía como plazo máximo septiembre de 2020— y muchas quejas. Esquerra Republicana llegó a amenazar con tumbar los Presupuestos Generales del Estado si no se incluían cuotas obligatorias de financiación para obras en catalán, euskera o gallego. Finalmente, será el 0,525% de los ingresos totales anuales en España de las grandes plataformas. Ahora, tras un recorrido tan accidentado, la recta final suma nuevos obstáculos.

Con información de Xosé Hermida.