Los aliados dan un respiro al Gobierno con la ley audiovisual

La ley audiovisual, gran caballo de batalla entre el Gobierno y los nacionalistas hace unos meses, tiene todas las credenciales para salir adelante en el Congreso la próxima semana. El texto ya recibió este jueves el visto bueno de la ponencia que lo elaboró, con el apoyo de ERC y PNV, además de los dos grupos del Ejecutivo, que se concede así un respiro en el peor momento de sus relaciones con los independentistas catalanes. El proyecto obliga a las grandes plataformas a destinar el 3,5% de sus ingresos en España a producciones nacionales y de ellas el 15% deberán ser en catalán, gallego y euskera.

Con este Gobierno siempre hay que esperar una sorpresa en el último minuto y la elaboración de la ley audiovisual fue una confirmación más. Los diputados convocados a las 10 de la mañana de este jueves para elaborar el texto final de la ponencia, que probablemente irá al pleno del Congreso la próxima semana, se encontraron con la sorpresa de que a primera hora el Ejecutivo había registrado en la Cámara un escrito en el que vetaba nueve enmiendas. El Gobierno tiene esa potestad legal cuando se trate de propuestas que alteren el equilibrio presupuestario del año. Las enmiendas sumaban nuevos compromisos por más de 1.200 millones de euros, entre ellas una de ERC que exigía la devolución a TV3 de casi 800 millones de IVA.

Ese movimiento de última hora alteró los ánimos y provocó una fuerte discusión entre socialistas e independentistas, a puerta cerrada, pero con los demás grupos como testigos, según relataron varios de los presentes. “Hemos asistido un drama”, se burló el diputado de Vox Víctor Sánchez del Real. “Un juego de trileros”, denunció Guillermo Díaz, de Ciudadanos.

La Ley General de Comunicación Audiovisual había sido la gran bandera de ERC ante el Gobierno durante la negociación para lograr el apoyo del grupo republicano a los Presupuestos de este año. Los independentistas amagaron hasta el final con presentar una enmienda a la totalidad si el Ejecutivo no se comprometía a introducir una cuota obligatoria en las grandes plataformas de contenidos para las producciones en lenguas cooficiales. Durante los últimos meses ha habido un “largo y costoso” tira y afloja con el Ejecutivo, según coincidieron en definirlo los dos grupos cuyo apoyo ha resultado clave, ERC y PNV. El Gobierno intentaba acelerar al máximo la aprobación de la ley, impuesta por una directiva europea.

Pese a la irritación de Esquerra por no haber sido avisada del veto del Ejecutivo, los independentistas mantuvieron el acuerdo previamente cerrado con el PSOE. “Nos ha molestado, pero somos un partido serio, respetamos nuestros compromisos”, explicó el diputado republicano Joan Margall. Por el PNV Joseba Agirretxea destacó que la ley permitirá salvaguardar la autonomía de la televisión pública vasca y extender sus emisiones a Navarra.

El resto de los independentistas catalanes, sin embargo, no dará su apoyo a la ley. Ni siquiera el PDeCAT, uno de los más firmes aliados del Ejecutivo, que ya había anunciado un cambio de actitud tras el escándalo del espionaje. Su portavoz, Ferran Bel, consideró muy escasa la cuota para las lenguas cooficiales, el 0,525% de los ingresos totales en España de plataformas como Netflix o HBO. El mismo argumento que esgrimió Josep Pagès, de Junts, quien deslizó críticas veladas a la actitud de ERC. Otro aliado habitual del Ejecutivo, EH Bildu, se abstuvo. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, se unió, al igual que otros grupos, a las críticas de las productoras independientes, indignadas con un proyecto que aseguran que favorece a las grandes compañías.

El PP se desmarcó de lo que su diputado Juan Luis Pedreño despachó como la enésima “cesión al chantaje de los independentistas”. Las cuotas para las lenguas oficiales fueron descalificadas por Vox y Ciudadanos, quienes aventuraron que en la práctica no se podrán cumplir. A pesar de eso, la formación liberal se abstuvo tras conseguir que se aprobasen enmiendas suyas para proteger la propiedad intelectual. Los socialistas también aceptaron aportaciones de PP y Junts que no alteraron en nada sustancial el texto previamente pactado.